Con los resultados electorales del pasado 31 de mayo y en pleno envión para la segunda vuelta presidencial, la tendencia estadística y la consolidación de la candidatura de Abelardo De La Espriella, hace prever una votación por encima de los 12 millones de sufragios, con lo que bastaría para declarar un mandato suficiente y legítimo, de carácter popular y de unidad.
La primera vuelta dejó dos perdedores y dos ganadores visibles: perdió la enorme presión de un gobierno que derrochó recursos de toda índole para capitalizar votos en apoyo del Pacto Histórico y su desgastado legado; perdió el partido Centro Democrático que se embarcó torpemente en una campaña plagada de errores y vanidades que le costará su permanencia en la escena política a futuro. Ganó el “outsider” de la nueva derecha colombiana; coherente, objetivo, sin medias tintas ni acuerdos de conveniencias y comunicador asertivo; y ganó la Registraduría Nacional por el eficiente y transparente proceso de contabilización de votos en tiempo record.
Dicho esto, y conforme a su agenda preliminar, el presidente Abelardo De La Espriella, desde el mismo atardecer del próximo viernes 7 de agosto, deberá ocuparse de las siguientes tres tareas prioritarias:
La primera tarea tiene que ver con la seguridad y la soberanía nacional. Colombia ocupa el puesto 15 (Quince), dentro del actual ranking mundial de países afectados por el terrorismo, por debajo de Iráq, Israel, Siria, Afganistán y Nigeria, entre otros. Somos, vergonzosamente, el primer país hispano americano que aparece en ese listado de más de 160 países evaluados, seguido de lejos por Perú, que se ubica en el puesto 44.
En ese sentido, el crecimiento exponencial de los grupos armados organizados de guerrilleros y narcotraficantes, aupados por las más de 330 mil hectáreas de coca en producción hoy, deben ser combatidos con bombardeos selectivos, utilizando toda la tecnología disponible y la logística que requiera, para evitar daños y sufrimientos a la población civil, que ha soportado más de 100 masacres, reclutamientos y muertes inocentes, por hallarse en el centro del fuego cruzado de estos terroristas. Acto seguido, motonave o aeronave sospechosa de transportar droga debe ser capturada o eliminada con acciones estratégicas de nuestras Fuerzas Armadas, salvaguardando los territorios de la región caribe y pacífica; el catatumbo y golfo de urabá.
Después de una fumigación segura de los cultivos ilícitos, que nos ha colocado como el productor invicto del 80% de toda la cocaína que se expende en el mundo, vendrá la sustitución de cultivos, el mercado despejado y libre; la inserción de miles de familias en la producción y comercialización agrícola legal, asistida, financiada y en desarrollo creciente, con seguridad y sostenibilidad a largo plazo.
La segunda tarea tiene que ver con la corrupción y los robos descarados al erario por parte de este gobierno que termina. Más de 90 billones de pesos se esquilman del tesoro nacional cada año, por acciones de corrupción de actores del gobierno. Desde los dineros provenientes, presuntamente, de los carteles de la droga en la pasada campaña política del Pacto Histórico, pasando por el saqueo a instituciones y empresas del Estado (UNGRD, ECOPETROL, el FOMAG, la DNI, el SENA, etc., etc.), los contratos inexistentes, la frondosa e inútil burocracia y los inexplicables incrementos patrimoniales declarados por funcionarios y gobernantes en los tres años anteriores, culminando con las investigaciones que adelanta la DEA y la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, que vinculan a políticos colombianos de este gobierno, con las mafias de narcotraficantes y terroristas del este de Europa.
Para todo ese entramado de corrupción y delitos, hay que crear un bloque de búsqueda con auditoria forense especializada, que logre judicializar, con todas las garantías de la constitución y la ley, a los responsables de estos delitos previa restitución de los bienes, así como legalizar las extradiciones que bajo INDICTMENT (Que están en boca del horno), sean solicitadas por el gobierno de los Estados Unidos.
La tercera tarea de momento, para ese día de la posesión, tiene relación y visos humanitarios y se refiere a la recuperación del sistema de salud: un plan de choque de 90 días que logre estabilizar financieramente el sistema, para que los medicamentos y la atención a los ciudadanos de ambos regímenes, vuelvan a la normalidad, evitando la continuidad de un genocidio inducido que este gobierno promovió y ejecutó.
Luis Eduardo Brochet Pineda
Argumentos y Razones por las que podría resultar contraproducente:
Soberanía nacional: El presidente de la República es el comandante supremo de las Fuerzas Militares. Jurar defender a una potencia extranjera crea una contradicción insalvable en caso de tensiones diplomáticas, comerciales o militares entre ambas naciones.
Información clasificada: Un mandatario maneja secretos de Estado y seguridad nacional. La doble lealtad genera DUDAS LEGÍTIMAS sobre la protección de los intereses exclusivos de su país natal.
Seguridad jurídica: En el plano legal, el debate radica en si un compromiso moral y civil ante la ley estadounidense inhabilita los derechos políticos otorgados por la Constitución de su país de origen.
¿Retira Estados Unidos la ciudadanía si se asume un cargo público en otro país?
La ley de inmigración y nacionalidad de los Estados Unidos (INA, por sus siglas en inglés) establece que un ciudadano estadounidense puede perder su nacionalidad si asume un cargo político o militar en el extranjero, pero bajo condiciones muy específicas.La intención es la clave: El Departamento de Estado de EE. UU. determina que la pérdida de la ciudadanía no es automática. Para que ocurra, la persona debe asumir el cargo extranjero con la intención voluntaria de renunciar a su condición de estadounidense.
Cargos de alta relevancia: Si un ciudadano estadounidense se convierte en jefe de Estado o ministro de otra nación, el gobierno de EE. UU. evalúa el caso con extrema rigurosidad. Generalmente, se presume que ejercer la presidencia de otro país implica una transferencia de lealtad incompatible con la ciudadanía estadounidense, lo que suele desencadenar un proceso administrativo para revocar el pasaporte norteamericano.
Contexto político actual en Estados Unidos:
Es importante destacar que el debate sobre la exclusividad de la lealtad se está endureciendo a nivel global. En los mismos Estados Unidos, el senador republicano Bernie Moreno presentó a finales de 2025 un proyecto de ley llamado «Exclusive Citizenship Act». Esta propuesta busca prohibir por completo la doble ciudadanía para los estadounidenses, obligando a millones de personas a elegir un solo pasaporte bajo la premisa de que la lealtad a la nación norteamericana debe ser total y única.
1. Desde la perspectiva del derecho internacional público, ¿puede un ciudadano ejercer la comandancia suprema de las fuerzas armadas de una nación sin que su previo juramento de renunciar a toda lealtad exterior suponga una quiebra en la confianza legítima de sus gobernados?
2. Es éticamente sostenible que la máxima dignidad de un Estado sea disputada por quien, ante las leyes de otra potencia, ha abjurado formalmente de cualquier fidelidad a su tierra de origen, o constituye esto el grado más alto de disonancia moral en el ejercicio del poder público?
3. Cuando un ordenamiento jurídico permite que coincidan la promesa de sumisión a un Estado extranjero y el anhelo de dirigir los destinos de la patria nativa, ¿se está garantizando un derecho civil o se está legitimando una contradicción ética insalvable ante el principio de soberanía?