En Riohacha, más de 55.000 estudiantes siguen sin clases. No por una catástrofe natural ni por una pandemia. Están en casa esperando porque el sistema educativo local colapsó. Porque el transporte escolar no se contrató a tiempo, porque los recursos son insuficientes, porque los gobiernos se pasan la responsabilidad como si la educación fuera una carga y no un deber sagrado.
Y en medio del ruido institucional, el silencio más profundo lo viven los niños.
Durante una entrevista reciente, el secretario de Educación de Riohacha, Alberto Cuan, explicó que desde julio de 2023 se advirtió al Ministerio de Educación sobre la falta de fondos para garantizar el transporte escolar. A pesar de los esfuerzos de la Alcaldía incluyendo el uso de regalías, la realidad es dura: se necesitan 17.000 millones de pesos y solo hay entre 12.000 y 13.000 disponibles.
El secretario también recordó que años atrás un superávit en el Sistema General de Participaciones (SGP) permitió sostener el servicio. Pero hoy, ese colchón desapareció, y el incremento del 70% en el SGP se destinó a cubrir plazas docentes y nómina, no transporte. Cuan fue claro: el Distrito es certificado, pero el transporte escolar es una política nacional.
Y el Ministerio de Educación, hasta ahora, no ha dado una respuesta clara ni compromisos concretos.
Pero más allá de las cifras, están las voces de los padres que día a día ven a sus hijos perder el año desde casa.
“Mi hija se despierta a las cinco de la mañana, se pone el uniforme, y después me pregunta por qué no puede ir a clases. ¿Cómo le explico que el Estado no tiene carro para llevarla?”, cuenta Maribel Cuadrado, madre de familia del barrio Dividivi.
“Yo vivo en una ranchería a 3 kilómetros del colegio. Para que mi hijo llegue, tengo que pagar 10 mil pesos diarios. ¿Quién me devuelve ese dinero si no tengo ni trabajo fijo?”, dice Tomás Epieyu, padre wayuu de la zona rural.
“Los niños se están desesperando. Se sienten menos. Lloran porque ven que en los colegios privados sí estudian y ellos no. Se están acostumbrando a no aprender. Eso duele”, confiesa entre lágrimas Claudia Redondo, madre soltera de tres menores.
Estos testimonios lo que reflejan es mucho más que una crisis presupuestal: reflejan una fractura moral del sistema.
Cada día sin clase es un día que siembra resignación. Que normaliza el olvido. Que multiplica la desigualdad.
Desde el Gobierno Nacional se habla de educación como motor de equidad.
Pero aquí, en la capital de La Guajira, la educación está varada en una carretera polvorienta, sin gasolina ni dirección.
Y mientras tanto, los niños aprenden que su futuro vale menos que un contrato, menos que un presupuesto mal gestionado.
No podemos permitir que esto siga así. La educación debe ser la primera prioridad política de Riohacha. No un apéndice de gestión. Y no basta con diagnósticos: necesitamos acción inmediata.
PROPUESTAS CONCRETAS:
Declaratoria de emergencia educativa local, para flexibilizar la destinación de recursos y permitir intervención rápida.
Fondo especial para transporte escolar rural, cofinanciado por la Nación, la cooperación internacional y la empresa privada.
Auditoría ciudadana a los fondos del SGP y regalías educativas, que garantice transparencia y confianza pública.
Mesa de seguimiento interinstitucional con padres, estudiantes, docentes y medios, para rendir cuentas cada 15 días.
Plan piloto de movilidad escolar comunitaria, con articulación entre instituciones, transportadores formales e informales regulados.
La educación no puede seguir siendo rehén de la contabilidad.
Ni los niños víctimas silenciosas de la ineficiencia estructural.
Riohacha tiene que despertar. Y convertir la educación en bandera, no en excusa.
Porque sin escuelas abiertas, no hay futuro.
Porque sin transporte, no hay acceso.
Y porque sin voluntad política, no hay dignidad.
Hoy no escribo como columnista, hoy escribo como madre, como guajira, como voz de miles de familias que están cansadas de esperar.
Porque los niños no pueden seguir educándose en el silencio de los adultos.
Juana Cordero Moscote