Hace pocos días, la periodista Vicky Dávila entrevistó a Gustavo Petro. Entre las muchas cosas que sorprenden de la entrevista, está la afirmación de que el M-19 eran jóvenes revolucionarios que sólo cometieron delito de rebelión (que es un delito político) contra un Estado tiránico; mientras que, según él, el Gobierno Uribe fue un Gobierno hampón por hacer un proceso con hampones, los paramilitares.
Primero aclaremos que en Colombia se define como delito político “aquellos actos o acciones que atentan contra la Constitución y el orden constitucional establecido”; además, el Código Penal es claro en la definición de esos delitos, rebelión (artículo 467), sedición (artículo 468) y asonada (artículo 469).
Cometer cualquier delito aduciendo razones políticas, no hace que el delito sea político. Y hago esta salvedad, por el tipo de crímenes que cometió el M-19. Por ejemplo, la toma del Palacio de Justicia con dineros del Cartel de Medellín (Comisión de la verdad del Palacio de Justicia 2010, pág. 311-312), lo que significó acabar, a través de incendio, con la historia jurídica del país, como asegura en la carta la exjuez Clemencia García Useche. El crimen contra la justicia colombiana constituye un delito de lesa humanidad. Recordemos, además, otros crímenes como la masacre, en 1985, de dos oficiales, un suboficial, seis agentes de la Policía y dos niños, en el ataque al Municipio de Génova; el asesinato en 1976 de José Raquel Mercado, Presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia; el secuestro en 1977 del exministro y gerente de Indupalma, Hugo Ferreira Neira; el robo en 1974 de la espada de Bolívar y en 1979 de las armas del Catón Norte, además del asalto a la Embajada de República Dominicana en 1980, para citar unos ejemplos. De hecho, entre 1970 y 1989, el M-19 fue el principal perpetrador de secuestros extorsivos en Colombia, 557 en total -uno de cada cuatro secuestros en ese periodo fue responsabilidad de ese grupo criminal-
Fernando Savater escribió que “poner bombas, secuestrar a ciudadanos, no son actividades políticas en una democracia, lo mismo que no es una actividad religiosa asesinar a los herejes o a los blasfemos”. Colombia es una democracia, que, aunque imperfecta, ha sido estable y ha dado garantías a los ciudadanos. Por lo tanto, no existe justificación para el levantamiento en armas.
Y finalmente, frente a las afirmaciones sobre el proceso de Justicia y Paz que adelantó el expresidente Uribe y permitió la desmovilización de unos 53 mil criminales (más de 35 mil paramilitares y más de 18 mil guerrilleros), extraña que un beneficiario de un proceso de paz que le otorgó amnistía e indulto, y que ha sido defensor del proceso de La Habana, haga este tipo de afirmaciones; especialmente cuando a diferencia de los procesos del M-19 y las Farc, el del expresidente Uribe no dio reconocimiento político a criminales y obligó a pagar un mínimo de cárcel a responsables de crímenes atroces y de lesa humanidad. No puede continuar haciendo carrera en Colombia que los delitos de las organizaciones guerrilleras, igual de atroces a los de los paramilitares, tienen justificación y deben tener otro trato.
PAOLA ANDREA HOLGUÍN