Hay nombramientos que son simples movimientos burocráticos, fichas que se intercambian en el tablero del poder sin que nadie en el territorio note la diferencia. Y hay otros que constituyen, en sí mismos, una declaración política, un acto de justicia poética con una región que ha sido tratada como periferia de la periferia. Que un hijo de La Guajira asuma la cartera de Agricultura y Desarrollo Rural no es un gesto menor. No es un premio de consolación ni una cuota regional para la fotografía.
El nuevo ministro guajiro llega con una mochila que no cabe en ningún despacho: la deuda histórica de un departamento donde la seguridad alimentaria pende de un hilo, donde la desnutrición infantil sigue siendo una sentencia que se hereda de generación en generación, donde el pequeño productor wayúu, wiwa, kogui o campesino mestizo lleva siglos produciendo contra la naturaleza y contra el Estado al mismo tiempo. Llega, además, en un momento en que la crisis climática ha dejado de ser una proyección de panel de expertos para convertirse en la cotidianidad del surco: lluvias erráticas, sequías prolongadas, temperaturas que baten récords y suelos que se desertifican ante la mirada impasible de la institucionalidad.
Pero la nostalgia identitaria no basta. El ministro no fue nombrado para ser símbolo; fue nombrado para resolver. Y ahí es donde entra lo que me atrevo a bautizar, con la licencia del lector, como el Plan Dangond: una hoja de ruta estratégica, ambiciosa pero ejecutable, que convierta a La Guajira de la eterna olvidada, del departamento que solo aparece en los noticieros por la tragedia, en un laboratorio vivo de desarrollo agropecuario para el Caribe seco colombiano. Un plan que no sea otro documento CONPES archivado, sino un compromiso con fechas, responsables, presupuesto y consecuencias.
Primero: el agua, que es decirlo todo.
En La Guajira, hablar de agricultura sin hablar de agua es hablar de fantasmas. El río Ranchería es la principal fuente superficial permanente en un territorio donde llueve, con suerte, 300 milímetros al año. Todo lo que se quiera producir, todo lo que se quiera transformar, pasa por una pregunta brutal y sencilla: ¿de dónde va a salir el agua? El distrito de riego de Ranchería no es un proyecto más en la carpeta de la Agencia de Desarrollo Rural. Es el proyecto. Es la posibilidad concreta de incorporar más de 18.000 hectáreas a la producción agropecuaria en un departamento donde hoy se cultiva a punta de fe y aguacero escaso. Sin embargo, su historia es la crónica de una frustración nacional: estudios que se hicieron en los años setenta, licitaciones que se cayeron, contratos que se firmaron y no se ejecutaron, fases que se inauguraron con bombo y nunca se terminaron, comunidades que esperaron una generación entera para ver una compuerta funcionar. El ministro guajiro tiene la obligación moral y política de destrabar la ingeniería financiera de las fases pendientes, garantizar que la infraestructura de conducción, distribución y drenaje se complete con estándares técnicos que no se deterioren en dos inviernos, y blindar jurídicamente a las comunidades que serán beneficiarias para que el agua no termine concentrada en manos de tres o cuatro grandes propietarios con abogados y contactos.
El distrito de riego de San Juan del Cesar, por su parte, es el hermano menor que nadie quiere apadrinar. Menos mediático, menos fotogénico, pero igual de urgente. San Juan del Cesar y su valle tienen una vocación agrícola histórica que se ha ido perdiendo por falta de infraestructura, por la migración de los jóvenes a Riohacha o a Venezuela, por la competencia desleal de productos importados y por la ausencia de asistencia técnica continua. El ministro debe articular la intervención de riego con una reconversión productiva seria: no se trata solo de llevar agua al surco, sino de decirle al productor qué sembrar, cómo sembrarlo, a quién venderle y con qué financiamiento. Riego sin paquete tecnológico es un canal vacío. Riego sin mercado es una cosecha que se pudre al sol.
Y hay un tercer componente que no puede faltar: la gobernanza del agua. Los distritos de riego en Colombia tienen un historial vergonzoso de asociaciones de usuarios capturadas por intereses particulares, de juntas directivas que se perpetúan, de tarifas que no se cobran y de mantenimiento que no se hace. El Plan Dangond debe incluir un modelo de gestión participativa donde los pequeños campesinos y el sector privado tengan voz real en la operación del sistema.
Segundo: cadenas productivas con cabeza y cola.
De nada sirve producir si no hay acopio, transformación, logística y mercado. El Plan Dangond debe apostar por cadenas con anclaje territorial: el maíz y el sorgo asociados al riego; el algodón como recuperación histórica; la auyama, el melón y las hortalizas de ciclo corto; y, sobre todo, la articulación con la ganadería de doble propósito. Cadenas que no se queden en el papel de un CONPES, sino que tengan operadores privados, asistencia técnica continua y acceso real a crédito de fomento.
Tercero: agricultura en el desierto, sí, pero con ciencia.
Israel no inventó el desierto; lo domesticó con tecnología, investigación y terquedad institucional. La Guajira puede —y debe— desarrollar un modelo propio de agricultura en zonas áridas: riego por goteo solar, variedades tolerantes a la salinidad, invernaderos de bajo costo, cosecha de aguas lluvias y manejo de microcuencas. No se trata de importar un modelo foráneo, sino de construir, con el SENA, Agrosavia y la Universidad de La Guajira, un know-how tropical-seco que sea exportable al resto del Caribe colombiano.
Cuarto: la ovino-caprinocultura como motor de equidad.
Aquí está, quizás, la oportunidad más subestimada. La Guajira tiene la mayor población caprina del país, pero la maneja con lógicas de subsistencia del siglo XIX. Tecnificar no es encerrar al animal en un galpón climatizado; es mejorar genética, implementar pastoreo rotacional, garantizar sanidad animal, estandarizar la producción de queso costeño y leche, y abrir canales de comercialización dignos. El pequeño pastor wayúu puede ser empresario si el Estado le da el empujón correcto: asociatividad, infraestructura de frío y sellos de origen.
Quinto, y no menos importante: gobernanza.
Ningún plan sobrevive sin articulación entre el Ministerio, la Gobernación, las alcaldías, las autoridades tradicionales wayúu y el sector privado. El Plan Dangond debe tener una instancia de seguimiento con dientes, indicadores públicos y rendición de cuentas trimestral. Lo contrario es otro elefante blanco en tierra seca.
El ministro guajiro tiene una ventana política que sus antecesores no tuvieron, y que quizás no vuelva a abrirse en mucho tiempo. El territorio lo respalda porque lo reconoce como propio; la coyuntura climática obliga al país entero a mirar la aridez no como una condena sino como un escenario de innovación; y el Gobierno necesita, con urgencia, resultados tangibles en esa Colombia profunda que solo visita en campaña. Los astros, como se dice en el lenguaje de los que leen el cielo guajiro, parecen alineados.
Pero las ventanas se cierran cuando el presupuesto se congela, cuando el siguiente ministro llega con su propia agenda, cuando la noticia deja de ser noticia y el país vuelve a mirar hacia otro lado. Se cierran cuando las comunidades pierden la paciencia y la desconfianza se convierte en indiferencia o en rabia. Y cuando esa ventana se cierre, La Guajira no perdonará otra oportunidad desperdiciada. No puede perdonarla, porque el lujo de esperar ya se agotó hace demasiado tiempo.
Que el Plan Dangond no sea un nombre bonito para un archivador ministerial. Que sea, por fin, el surco profundo donde germine lo que durante demasiado tiempo fue solo promesa, solo discurso, solo visita relámpago con botas nuevas y sombrero prestado.
Que el ministro guajiro siembre. Que siembre con la urgencia de quien sabe que la próxima lluvia puede no llegar. Que siembre con la terquedad de quien sabe que, aun en el suelo más duro, la semilla encuentra su camino si alguien, por fin, se agacha a ponerla.
Arcesio Romero Pérez