El gobierno desde el plan nacional de desarrollo ha venido promoviendo la masificación de la participación activa de las comunidades locales organizadas, política pública que es prioritaria y conveniente, pero que debe tener controles ya que la decisión de administrar recursos públicos debe ir de la mano con las capacidades que desde ellas se gestan, eso temiendo en cuenta las lecciones aprendidas en Colombia y de manera específica en La Guajira.
A inicios de los años noventa con el advenimiento de los procesos de descentralización territorial y estimulado por la lucha de los pueblos y autoridades indígenas, surge la necesidad de crear las condiciones para tener en cuenta la participación de las voces de las comunidades y sus representantes por parte del Estado, es decir, propiciar la formación y expresión de lo que en una democracia consolidada se le denomina capital social que se convierte en el contrapeso que debe tener la estructura de gobierno en aras de regular, limitar su poder y ser útiles al desarrollo social de carácter integral.
Como resultado del nuevo ordenamiento constitucional que estableció una especial protección a las comunidades indígenas, facultados por la Constitución Política en su artículo 56 transitorio relativas al funcionamiento de los territorios indígenas mientras se expide la norma a que se refiere el artículo 329 de la carta magna. Fue así como la Ley 89 de 1980 les permitió a los cabildos indígenas desarrollar el gobierno propio en sus territorios.
Bajo ese espíritu se crearon condiciones que las comunidades en el país exigían a partir del establecimiento de un estatuto legal que permitiera asociase, y posibilitar su participación buscando fortalecer el desarrollo económico, social y cultural. Finalmente, el gobierno colombiano el 10 de junio del año 1993 emitió el Decreto 1088 de 1993 mediante el cual se promocionaron las Asociaciones de Cabildos y/o Autoridades Tradicionales Indígenas.
Allí se determinó que las Asociaciones Tradicionales de Autoridades Indígenas son entidades de derecho público de carácter especial, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa y tienen como objeto el desarrollo integral de las comunidades indígenas. Para el cumplimiento de su objeto pueden adelantar actividades de carácter industrial y comercial, bien sea en forma directa, o mediante convenios celebrados con personas naturales o jurídicas. También se facultaron para fomentar en sus comunidades proyectos de salud, educación y vivienda en coordinación con las respectivas autoridades nacionales, regionales o locales y con sujeción a las normas legales pertinentes, entre otras funciones.
El Consejo de Estado en Sentencia del 30 de octubre del 2015 reiteró que los cabildos indígenas y las asociaciones tradicionales de autoridades indígenas son entidades de derecho público de carácter especial y señaló que de acuerdo a las sentencias de la Corte Constitucional, las diferentes comunidades indígenas del país poseen la autonomía necesaria para regular la gestión de los asuntos propios, en diferentes materias, dentro de las limitaciones que les impone la Constitución Política de 1991.
El auge de los procesos de asociación y organización comunitaria, permitieron que en el país se crearan múltiples asociaciones de cabildos y autoridades indígenas aun sin conocer a fondo el fin del decreto 1088 y sin contar con unas bases organizativas, dinámica que ha primado en el modelo de desarrollo asociativo existente entre los wayuu y que tiene consecuencias profundas a la hora de reclamar derechos, especialmente, los protegidos en la sentencia T-302 de 2017, relacionados con el acceso al agua, nutrición, alimentación, salud y participación.
De acuerdo a información suministrada por la Dirección de Asuntos indígenas del Ministerio del Interior en los municipios de Manaure, Maicao, Uribía y Riohacha del departamento de la Guajira, al 2023 se encuentran creadas y registradas 260 Asociaciones de Autoridades Tradicionales, distribuidas en los cuatro municipios sentenciados por la Corte Constitucional de los cuales 144 son en Uribía, 58 en Manaure, 31 en Maicao, 26 en Riohacha y una conjunta entre Riohacha y Manaure. Los wayuu cuentan con el resguardo más grande de La Guajira denominado Alta y Media que agrupa todas las comunidades de los municipios de Uribía, Manaure, Maicao y Riohacha, el 90% del Departamento.
Al comparar esta dinámica con la que llevan las nasas en el Cauca, según información de la Dirección de Asuntos indígenas para 2023 existen 14 asociaciones de cabildos y/o autoridades indígenas, 11 de ellas asociadas al Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC, es decir, que existe una propensión a establecer asociaciones y organizaciones de la mayor escala.
Los nasas están organizados en 90 resguardos indígenas, cada uno con su respectiva autoridad y asociados territorialmente por zonas del Departamento, representados por asociaciones de cabildos indígenas que agrupan varios resguardos y municipios en todo el Cauca.
En consistencia con la estructura clanil y la organización matrilineal wayuu, se determina que cada comunidad registrada ante MinInterior tiene una autoridad tradicional, lo que se manifiesta en que al asociarse se expresen de manera familiar, lo que incide en que se creen un número exagerado de asociaciones de autoridades, ya que el pueblo wayuu no tiene una organización de base de representación que cohesione al colectivo a nivel departamental.
Para el caso de La Guajira este modelo institucional de asociarse, ha tenido muchas dificultades. Casi siempre, las autoridades y comunidades indígenas no saben que están asociadas y si lo saben, ellas han respondido solo a intereses de contratos ofertados por el Estado y no a la organización comunitaria. Hay muchas asociaciones creadas y solo buscan intereses particulares. Por lo anterior, estas se crean y aparecen estimuladas por el momento contractual con el Estado y desaparecen cuando el objeto de la actividad termina, quedando solos los registros ante la Dirección de Asuntos Indígenas, lo que determina su fragilidad y vulnerabilidad.
Sobre estos aspectos, María Mercedes Cuellar durante el 2001 reflexionaba y evaluaba en Colombia la cantidad y calidad de las organizaciones políticas y sociales, su grado de organización, los procesos emprendidos por las asociaciones comunitaria, las juntas comunales y los organismos no gubernamentales. Estimulada por la Contraloría General de la República, se determinó realizar un estudio de la correlación existente entre la madurez institucional de las organizaciones de base comunitaria con el grado de desarrollo económico, social y político del país, es decir, evaluar el aporte realizado por el capital social local en esas dimensiones del desarrollo.
En sus planteamientos señalaba que el capital social y su relación con el nivel de desarrollo en La Guajira pueden ser medidos por la institucionalización, formación y coordinación que las organizaciones políticas, comunitarias y vecinales tienen para emprender colectivamente proyectos de desarrollo. Las primeras conclusiones sobre el estado del capital social, determinan que en el departamento existe un capital social de carácter incipiente y muchas veces adverso, que le generaron restricciones a su capacidad de desarrollo, pues el clientelismo político, la corrupción los capturó y las delimitó en torno del cumplimiento de la misión comunitaria.
La reducida capacidad de liderazgo, el bajo nivel de organización, la poca formación académica, las debilidades en la formación en gobierno propio y el bajo nivel de probidad de sus más importantes gestores, determinaron la calidad de su estructura, coherencia y por supuesto, la capacidad de transformarse en interlocutores válidos para la administración gubernamental del orden nacional, regional y municipal.
Cesar Arismendi