Como guajiro comprometido con la defensa de los derechos colectivos, siento la obligación de opinar sobre el fallo del Tribunal Contencioso de La Guajira, relacionado con la tutela presentada en nombre de comunidades wayuu y afrodescendientes, que reclamaron el derecho a la consulta previa del proyecto SIRIUS2. Aunque el fallo tiene aciertos, deja abiertas preocupaciones sobre la protección real de las comunidades y la legitimidad de quienes dicen representarlas. Es un fallo que reconoce, pero no garantiza.
En la impugnación, el Tribunal reconoció que hubo vulneración al debido proceso, porque no se realizó un estudio serio y ajustado a la jurisprudencia constitucional sobre la presencia de comunidades potencialmente afectadas por el proyecto. Por ello, ordenó llevar a cabo el trámite siguiendo los parámetros de la Corte Constitucional y el Convenio 169 de la OIT, exigiendo que se cumpla el deber mínimo de verificar el arraigo y la presencia de comunidades wayuu y afrodescendientes en la zona de influencia, antes de seguir adelante con el proyecto.
Esta decisión es apenas un punto de partida, y no una garantía efectiva de los derechos fundamentales de los pueblos étnicos de La Guajira. El fallo reconoce la complejidad del territorio wayuu y la importancia del mar en su cosmovisión, pero no va más allá de ordenar una nueva verificación administrativa por las mismas autoridades que ya han fallado antes en la responsabilidad de decidir quién y cómo debe ser consultado.
Uno de los aspectos más debatidos en este proceso fue la legitimación de quienes interpusieron la tutela, porque la legitimación no es para todos, ni para los “cachazuos” de siempre, y estoy de acuerdo con ese criterio.
Cualquier persona u organización, sin arraigo real ni objeto social claro, no puede asumir la representación de los pueblos wayuu o afrodescendientes. Abrir la puerta a que cualquier supuesto líder o fundación fantasma actúe es correr el riesgo de que la consulta previa se convierta en un negocio de intermediarios, y no en un verdadero mecanismo de participación.
En nombre de la consulta previa, algunos se presentan como voceros de toda una comunidad, negocian con las empresas y el Estado, y al final los beneficios se quedan en manos de unos pocos, mientras la mayoría de las familias siguen viendo pasar sus derechos como quien ve pasar las nubes sobre el desierto. La empresa Cerrejón es el ejemplo preciso con el cumplimiento de la sentencia T-704, porque dice haber entregado más de $200 mil millones a las comunidades y no se ven por ninguna parte; y también ha entregado más de $17 mil millones a intermediarios que están viviendo como jeques árabes. ¿Y los que se están aprovechando con la sentencia T-302?
La consulta previa no puede ser un botín para quienes han aprendido a moverse en los pasillos del poder, ni una oportunidad para que unos pocos acumulen contratos, empleos o favores. El verdadero sentido de la consulta es garantizar la participación informada, libre y efectiva de las comunidades en las decisiones que afectan su territorio, su cultura y su modo de vida. Si se permite que los procesos sean capturados por “representantes” sin control ni transparencia, se traicionará el espíritu mismo de la consulta previa, perpetuando la exclusión que se dice combatir.
En este sentido, el Tribunal cerró la puerta a la participación de organizaciones sin legitimidad, pero no abordó un riesgo cada vez más evidente en La Guajira: la captura de los procesos de consulta y defensa de derechos por parte de los mismos “líderes” de siempre, que han hecho de la representación comunitaria una fuente de poder y beneficios personales.
En el mejor de los casos, el fallo del Tribunal es un primer paso, porque la verdadera garantía de los derechos no vendrá de los jueces ni de los “líderes” de siempre, sino de la vigilancia activa y la participación consciente de todos los guajiros. No hay que bajar la guardia: la consulta previa es un derecho colectivo, no el privilegio de unos pocos.
Esta columna busca abrir el debate y fortalecer la conciencia ciudadana. Compártela si estás de acuerdo que la consulta previa debe ser un derecho de todos y no un negocio de unos pocos.
Y como dijo el filósofo de La Junta: «Se las dejo ahí…”
Luís Alonso Colmenares Rodríguez