Colombia a pesar de sus tensiones internas, sus fracturas sociales y sus discusiones inacabadas sigue teniendo algo que no podemos dar por sentado, la posibilidad real de elegir y en medio de tantas incertidumbres, el tarjetón presidencial de 2026 se convierte en una de las expresiones más claras de esa democracia que, aunque imperfecta, sigue viva.
Para el Caribe y en especial para departamentos como La Guajira, Magdalena y Cesar esta elección no es un asunto lejano ni simbólico, es profundamente concreta; aquí no se vota solo por un presidente, se vota por la posibilidad de tener mayor autonomía territorial, por la eficiencia en la gestión pública, por el respeto a las realidades regionales y por la superación de ese centralismo que durante décadas ha condicionado nuestro desarrollo.
Al observar los nombres que hoy puntean las encuestas, como especialista en lo público sugiero que debemos separar el ruido del populismo de la viabilidad institucional, el país se debate entre visiones diametralmente opuestas, y para nosotros, los habitantes de las provincias, la pregunta es una sola ¿Quién garantiza que el Magdalena, el Cesar y La Guajira no sigan siendo vistos como simples cajas menores o territorios de extracción, sino como entidades autónomas y dignas?
El abanico de candidaturas refleja un país plural pero también fragmentado, hay propuestas que emergen desde la izquierda más ideológica, otras desde el centro técnico, y algunas desde una derecha que reivindica el orden, la institucionalidad y la seguridad jurídica.
En lo que respecta a la figura de Iván Cepeda, se observa una apuesta claramente orientada hacia transformaciones estructurales del Estado, con un marcado énfasis en la justicia social y el enfoque territorial; pese a lo anterior, desde la técnica jurídica, el desafío de este tipo de propuestas radica en su viabilidad dentro del marco constitucional vigente. Es imperativo entender que reformar el Estado no puede significar desbordar los contrapesos democráticos ni virar hacia modelos de excesiva intervención estatal que pongan en riesgo las libertades individuales.
En nuestra región, Cepeda posee una base popular sólida en la Alta Guajira, los sectores rurales de la Sierra Nevada y el sur del Cesar, lo que le otorga una legitimidad de base considerable; a pesar de ello, como especialista en gestión pública, me preocupa que sus propuestas de reforma a la propiedad y al modelo extractivo generen una incertidumbre jurídica que podría frenar de tajo la inversión extranjera, motor económico de nuestro territorio, especial atención merece su insistencia en mecanismos de reforma de base o asambleas constituyentes, lo cual, a la luz del derecho, podría tensionar la estabilidad de la Constitución de 1991.
En una orilla más técnica, su conocimiento en justicia transicional es innegable y vital para territorios aún golpeados por el conflicto, sumado a su intención de consolidar las Entidades Territoriales Indígenas (ETI), un reto administrativo de grandes proporciones para la autonomía local.
Por su parte, Clara López representa una vertiente de la izquierda con mayor trayectoria institucional, lo cual proyecta, en principio, una percepción de mayor estabilidad en la gestión de lo público, aun así, su propuesta debe ser examinada bajo la lupa de la sostenibilidad fiscal y la eficiencia administrativa, pues pese a su larga experiencia persiste en la región una percepción de desconexión entre su labor legislativa y las necesidades apremiantes de nuestras entidades territoriales; aunque existan vínculos afectivos con el Caribe, la exparlamentaria López enfrenta el reto de demostrar que su modelo de Estado es capaz de conectar con la realidad operativa de nuestras provincias y de gestionar soluciones concretas más allá del discurso centralista.
En el espectro del centro, candidaturas como Sergio Fajardo y Claudia López plantean un discurso técnico, enfocado en la eficiencia administrativa y la lucha contra la corrupción; empero, el país ya ha visto que la técnica sin gobernabilidad política puede quedarse en buenas intenciones; ambos candidatos presidenciales han sido criticados por una visión «Bogocéntrica», en departamentos como La Guajira donde la concertación étnica y el diálogo territorial son fundamentales, un estilo impositivo o puramente académico puede fracasar, además que en temas de seguridad y defensa de la propiedad privada, sus posturas suelen ser grises lo que genera desconfianza en muchos de los electores.
Candidaturas como Paloma Valencia, Miguel Uribe Londoño y Abelardo de la Espriella giran alrededor de un eje común la defensa del orden, la seguridad y la institucionalidad.
Desde una perspectiva jurídica, estas propuestas suelen ser más conservadoras en cuanto al respeto del marco constitucional, lo que genera confianza en términos de estabilidad normativa; sin embargo, el reto está en no reducir la agenda pública únicamente a la seguridad, dejando de lado problemáticas estructurales como la desigualdad regional.
En lo que respecta a la figura de Abelardo de la Espriella, su perfil destaca por la capacidad de movilizar a la ciudadanía mediante un discurso de autoridad y orden, un clamor que se intensifica en departamentos como La Guajira y el Magdalena ante el complejo avance del crimen organizado, su formación en el litigio de alto nivel le otorga una perspectiva de eficiencia privada que pretende trasladar a una administración pública tradicionalmente paquidérmica; no obstante, desde la técnica del Derecho Público, es preciso señalar que la gestión de una firma jurídica difiere sustancialmente de la coordinación del Sistema General de Participaciones o la concertación con gremios estratégicos como el de transportadores, en este escenario, la curva de aprendizaje administrativo representa un reto institucional de gran calado para el país.
Por lo anterior, la arquitectura de su eventual gobierno requeriría un papel protagónico y técnico de la Vicepresidencia, en cabeza de una figura con experiencia probada en la gestión de crisis y pericia en situaciones de alta complejidad administrativa, como las evidenciadas en contextos de emergencia nacional en pandemia, bajo esta óptica, la Vicepresidencia no debe entenderse como un cargo de representación simbólica o de mera figuración política, sino como un motor de ejecución operativa que brinde equilibrio a la jefatura del Estado; finalmente, como hombre del Caribe, De la Espriella tiene ante sí la oportunidad histórica de liderar una descentralización efectiva del presupuesto nacional, permitiendo que la autonomía territorial de nuestras regiones deje de ser un postulado retórico y se convierta en una realidad administrativa y financiera para el norte del país.
La eventual elección de Paloma Valencia se vislumbra como una apuesta por el rigor técnico, con un enfoque marcadamente legislativo y estructural que el país requiere, su trayectoria en el Capitolio no es solo retórica; Valencia posee una comprensión profunda de las entrañas del Congreso y de la técnica legislativa, lo que, en teoría, facilitaría la viabilidad y tramitología de sus reformas en un escenario de pesos y contrapesos, especial atención merece su propuesta de la «Corte Única», la cual busca desatar el nudo gordiano de la inseguridad jurídica y el constante choque de trenes que hoy frena proyectos de inversión vitales en departamentos como el Magdalena y el Cesar. No obstante, como juristas debemos ser realistas, esta postura enfrentaría un desafío inmenso ante el previsible bloqueo de las altas cortes y sindicatos judiciales, una resistencia gremial que podría derivar en una parálisis institucional durante los albores de su mandato.
Desde la óptica del desarrollo regional, su defensa férrea de la propiedad privada y la estabilidad de las reglas del juego se presentan como un imán para el capital extranjero, esto es particularmente relevante para la puesta en marcha de proyectos agroindustriales a gran escala en el Cesar, La Guajira y el Magdalena, permitiendo que nuestra provincia aproveche realmente las ventanas de oportunidad de los tratados de libre comercio; finalmente, su liderazgo representa una alternativa de orden institucional que huye del personalismo caudillista, es una visión de autoridad cimentada en la ley y en la defensa de los valores fundamentales de la familia, proyectando una imagen de seguridad que, bajo una gestión técnica eficiente, podría devolverle el norte administrativo a nuestras entidades territoriales.
Figuras como Roy Barreras y Martha Lucía Zamora o Luis Gilberto Murillo y Luz María Zapata representan una mezcla de experiencia institucional y conocimiento del Estado, son candidaturas que entienden el funcionamiento interno de la administración pública, lo cual es clave para la ejecución; no obstante, el ciudadano y nosotros los costeños ya no solo exigimos experiencia sino resultados concretos en los territorios.
En esa misma línea, figuras como Carlos Caicedo quien plantea una narrativa regional de hondo calado, cuyo énfasis en la descentralización administrativa y la autonomía territorial resuena con fuerza en el Caribe, a pesar de eso, debemos evaluar con rigor técnico la viabilidad jurídica y fiscal de estas apuestas para asegurar que no se traduzcan en un desequilibrio de las finanzas territoriales o en una ruptura de la unidad institucional; el discurso autonómico, aunque necesario, debe estar respaldado por una capacidad probada de ejecución presupuestal y un respeto absoluto por las competencias concurrentes entre la Nación y los departamentos.
Por otro lado, candidaturas como las de Mauricio Lizcano, Pedro de la Torre, Santiago Botero, Carlos Fernando Cuevas, Sondra Macollins o Leonardo Karam Helo, irrumpen como intentos de renovación en el espectro político nacional; empero, en la arena de la alta gestión estatal no basta con la novedad, el análisis ciudadano debe ser cada vez más exigente y estrictamente técnico, se entiende entonces que es indispensable que estos perfiles demuestren una capacidad real de mando sobre el complejo aparato del Estado, un conocimiento sólido de la jerarquía normativa que rige nuestra administración y, sobre todo, una claridad absoluta en la implementación de políticas públicas, solo así se podrá garantizar la estabilidad de nuestras instituciones, la seguridad jurídica para la inversión y el bienestar integral de las familias en cada uno de nuestros municipios.
El Caribe no puede volver a equivocarse, durante años, estos departamentos han votado con esperanza pero también con ingenuidad, hemos respaldado discursos que prometen reivindicación regional, pero que al llegar al poder terminan reproduciendo las mismas lógicas centralistas, la autonomía territorial no se construye con discursos, sino con decisiones jurídicas sólidas en cuanto al respeto por el Sistema General de Participaciones, el fortalecimiento de la descentralización, la inversión eficiente y transparente sumado a la planeación con enfoque territorial, el próximo presidente debe entender que gobernar a Colombia no es administrar Bogotá con eco nacional, sino reconocer que regiones como La Guajira, Magdalena y Cesar tienen realidades distintas que requieren soluciones diferenciadas.
El tarjetón de 2026 no es solo una lista de nombres, es un espejo del país que somos y del país que queremos ser, el Caribe tiene hoy una oportunidad histórica en cuanto a dejar de ser espectador y convertirse en protagonista de las decisiones nacionales pero eso exige madurez, carácter y sobre todo, entender que la democracia no se defiende con discursos se construye con votos responsables porque al final, más allá de ideologías, lo que está en juego no es quién gana una elección es si Colombia logra sostenerse como una nación de instituciones, de familias fuertes y de ciudadanos conscientes.
Adaulfo Manjarrés Mejía