Hay que decirlo sin rodeos: los medios de comunicación han actuado con una rapidez y profesionalismo realmente loables frente a un tema tan profundo y espinoso como el acoso sexual. Las denuncias recientes no fueron enterradas, ni minimizadas, ni tratadas como rumores de pasillo. Por el contrario, fueron investigadas, contrastadas y puestas sobre la mesa con la seriedad y confidencialidad que exige un tema de sumo cuidado como este.
Durante años, en el medio, el acoso por debajo de la mesa fue un secreto a voces. Hoy, la reacción ha sido distinta. Ha habido disposición a escuchar, a activar protocolos y, sobre todo, a reconocer que el problema existe. Ese cambio no es menor. Es, en sí mismo, un avance institucional.
Pero precisamente por eso —porque se ha actuado bien— resulta preocupante lo que vino después.
En cuestión de días, lo que comenzó como un proceso serio se convirtió en una tormenta política y mediática paralela. Pronunciamientos apresurados; inspecciones anunciadas a cuatro vientos; discursos imprudentes. El gobierno de Gustavo Petro, como siempre, oportunista y carente de cualquier escrúpulo, buscó desviar la atención de sus múltiples problemas y de la comprobada incompetencia de sus funcionarios, mediante ataques múltiples a los medios de comunicación.
Combatir el acoso sexual no es una competencia por ver quién reacciona más fuerte o más rápido. Es un problema estructural que exige respuestas estructurales. Protocolos claros, independientes y confiables. Garantías reales para quienes denuncian: confidencialidad, acompañamiento y protección. Y también —aunque incomode decirlo— debido proceso para quienes son señalados. Porque sin reglas claras, la justicia se degrada. Y todos han de tener garantías. Recordemos que en un Estado de Derecho, la persona es inocente mientras no existan pruebas que señalen su culpabilidad más allá de toda duda razonable.
Ahí es donde el Estado debería jugar su papel más importante: como garante; definitivamente no como actor principal del espectáculo, el escándalo y la cizaña.
En lugar de fortalecer los canales institucionales, la reacción oficial parece orientada a capitalizar el momento. La inspección pública, el anuncio inmediato, la condena anticipada. Todo en clave de visibilidad. Todo en clave de impacto. Todo en clave, incluso, de “venganza” contra los medios que son vistos como “incómodos” para los alfiles del petrismo. Pero no en clave de solución rigurosa.
El problema de ese enfoque es profundo. Cuando la lucha contra el acoso se instrumentaliza políticamente, pierde su esencia. Deja de ser un esfuerzo por proteger a las víctimas y se convierte en una herramienta para señalar, presionar o incluso castigar selectivamente a medios de comunicación que han tomado en serio su rol de ser el tercer poder e impedir las bellaquerías de Gustavo y sus secuaces.
Los medios, en cambio, han demostrado que es posible actuar de otra manera: investigar antes de concluir, exponer sin sensacionalismo, reaccionar sin improvisar. Ese estándar —no el ruido político— debería ser el punto de referencia.
El desafío ahora es no perder ese rumbo.
Porque la solución no está en el escándalo permanente. Está en la construcción de procesos sólidos, en la coherencia, y en una cultura que no tolere el abuso en ninguna de sus formas, pero tampoco lapide sin debido proceso.
Porque cuando todo se convierte en espectáculo, el riesgo es que la justicia deje de ser el objetivo… y se convierta tan solo en un pretexto.
Santiago Torrijos Pulido