Durante catorce años, siete alcaldes prometieron resolver el problema del agua en Riohacha. La planta sigue siendo la misma de 1987, las aguas negras siguen yendo al mar, y el 65,7% del agua tratada nunca llega a un grifo. Esta es la historia de una cadena de decisiones que nadie tomó.
Fui hasta el Río Tapias.
No en foto, no en informe, no a través del resumen que alguien le prepara a un funcionario antes de una reunión. Fui yo, con mis propios pies, a ver de dónde viene el agua que llega cuando llega a los grifos de Riohacha.
El recorrido empieza donde termina la ciudad y empieza el campo: cuarenta y seis kilómetros de carretera hacia el suroccidente, serpenteando por la falda de la Sierra Nevada, hasta Los Moreneros. Allí, en la bocatoma del río, el agua entra por primera vez al sistema. El río es generoso transparente, frío, con suficiente caudal para abastecer a toda la ciudad.
Eso no es el problema. El problema empieza después.
Recorrí la planta de tratamiento completa. Y lo que vi me dejó una sensación que todavía cargo: una mezcla de admiración por las personas que trabajan allí y de indignación por las condiciones en las que trabajan.
Porque la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Los Moreneros es la única que tenemos, construida en 1987 funciona de una manera que yo no dudaría en llamar casi artesanal. No lo digo como insulto a los operarios: lo digo como descripción de lo que vi. Procesos que en otras ciudades están automatizados aquí dependen del ojo experimentado de un técnico, de la lectura manual de un indicador, de decisiones tomadas sobre la marcha. Son buenos en lo que hacen. Pero merecen mejores herramientas.
El agua entra, se coagula, se sedimenta, se filtra, se clora. Sale de la planta siendo agua potable. Eso es lo extraordinario, que a pesar de todo, la planta produce agua buena. Lo que pasa después es lo que duele.
De los 1.660.000 metros cúbicos de agua potable que produce esa planta cada mes, solo 568.000 llegan a la ciudad. Menos de uno de cada tres litros tratados alcanza un grifo riohachero.
El resto se pierde en cuarenta y seis kilómetros de tuberías que cruzan el campo, pasan por comunidades que nunca tuvieron red propia y que por eso no por maldad sino por necesidad se conectan ilegalmente a la única línea que tienen cerca.
El 65,7% del agua que sale de Los Moreneros nunca llega a nadie. Eso tiene un nombre técnico: Índice de Agua No Contabilizada. Lo que no tiene nombre oficial es la responsabilidad de quienes durante décadas supieron ese número y no lo resolvieron.
Cuando llegué al barrio Nuevo Horizonte y vi el punto donde termina el sistema no con una planta de tratamiento sino con un tubo que vierte directamente al Mar Caribe entendí que el problema del agua en Riohacha no tiene una causa. Tiene una cadena. Una cadena de decisiones que nadie tomó, de obras que nunca se hicieron, de planes que se aprobaron en papel y se enterraron en el olvido.
Catorce años, siete alcaldes, un solo problema
Esta columna no es la primera que se escribe sobre el agua en Riohacha. Y no será la última. Lo que intenté en las últimas semanas, con la ayuda de archivos, oficios, fallos judiciales y entrevistas con funcionarios que prefirieron no aparecer con nombre, fue reconstruir la cadena: cómo llegamos aquí, quién firmó qué, y por qué el problema sigue intacto.
El ejercicio arroja una conclusión incómoda. El agua en Riohacha no es un fracaso técnico. Es un fracaso político acumulado.
2012–2015. Rafael Ceballos Sierra. El alcalde que más dinero gestionó para el agua —y el que más dinero tiene en investigación por esa misma razón—. Durante su administración el Ministerio de Vivienda anunció una inversión de 49.000 millones de pesos para el acueducto a través del Plan Departamental de Agua. Ceballos creó la firma Avanzadas Soluciones de Agua de Riohacha (ASAA), con el grupo Inassa como socio principal, y prometió que al final de su mandato el 100% de la ciudad tendría agua las 24 horas. En campaña había sido aún más preciso: el agua dejará de ser tema de debate.
Hoy, once años después, el agua sigue siendo tema de debate. Y Ceballos fue imputado por la Fiscalía General de la Nación por dos delitos celebración de contrato sin el lleno de los requisitos legales y peculado por apropiación en un contrato de 9.035 millones de pesos para el acueducto del corregimiento de Camarones, que con adiciones terminó costando 13.000 millones. La denuncia inicial la hizo un líder cívico, el ingeniero Jimmy Quintana Curiel, que debió salir del país por amenazas contra su vida.
2016–2019. Fabio Velásquez Rivadeneira. Elegido en 2015, capturado en enero de 2017, destituido e inhabilitado por doce años por la Procuraduría General de la Nación en 2018. Los cargos no fueron por el agua fueron por irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar que superaron los 5.700 millones de pesos, pero el efecto sobre la política de agua fue devastador. En los tres años siguientes Riohacha tuvo nueve alcaldes. Alcaldes encargados, decretados, designados, alcaldes que duraron ocho meses, alcaldes que duraron tres. En esos tres años no se hizo ninguna obra estructural en el acueducto ni en el alcantarillado. No se podía: ningún funcionario con ocho meses de horizonte firma un contrato de diez años.
2018–2019. Juan Carlos Suaza Móvil. Elegido en elección atípica con 13.885 votos en una jornada donde se abstuvo el 75,72% del padrón. Su administración duró exactamente doce meses. Dejó, según contó él mismo al entregar el cargo, un estudio con la Universidad de La Guajira para un emisario final alternativo a la laguna de oxidación que llevaba entonces treinta años sin ejecutarse. Hoy la laguna sigue sin construirse. Y en febrero de 2024 la Procuraduría le formuló pliego de cargos a Suaza por irregularidades en un proyecto de 28.000 millones de pesos para llevar alcantarillado a la Comuna 10.
2020–2023. José Ramiro Bermúdez Cotes. Cuatro años de gobierno con el contrato de Aqualia recién firmado la empresa española que reemplazó a la extinta Aguas de La Guajira y un mandato claro: supervisar. En 2022 el IRCA de Riohacha, el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para consumo humano, llegó a 94,4 puntos, una clasificación que el Instituto Nacional de Salud denomina inviable sanitariamente. Nadie en la administración distrital emitió una alerta pública. En febrero de 2024, ya fuera del cargo, la Procuraduría le formuló pliego de cargos en el mismo expediente que a Suaza por el proyecto de la Comuna 10.
2024–2027. Genaro Redondo Choles. El alcalde actual. Médico, diputado por el Partido Alianza Social Independiente, y de acuerdo al análisis electoral de 2023 beneficiario de una coalición de maquinarias que se mantuvo fragmentada frente al voto de opinión. En su rendición de cuentas de marzo de 2025, Redondo reportó como logros en materia de agua la mejora de la infraestructura del acueducto en La Luchita y la optimización del servicio en Villa Fátima. En enero de 2025, un editorial del Diario del Norte señaló que el servicio había desmejorado en sectores que antes contaban con agua las 24 horas como el centro de la ciudad o los barrios Coquivacoa y José A. Galán. La empresa Aqualia, por su parte, anunció públicamente en 2024 que su meta es alcanzar cobertura total de acueducto en diez años. Es decir, en 2034.
Para entonces, la planta de Los Moreneros habrá cumplido 47 años.
La cadena de lo que nunca se hizo
Hay obras que no existen en Riohacha no porque falte diagnóstico, sino porque falta decisión.
En 2017 Corpoguajira aprobó un plan de saneamiento para Riohacha. Prometía una planta de tratamiento de aguas residuales. Inversión: 21.620 millones de pesos. Plazo: 2019.
Hoy es 2026. Las aguas negras de más de 200.000 personas siguen yendo al Mar Caribe sin ningún tratamiento. No porque el dinero no existiera. Sino porque cada administración, al llegar, volvió a empezar el proceso desde cero.
ESEPGUA, la empresa departamental de servicios públicos, tiene hoy los diseños técnicos listos de la planta de tratamiento de aguas residuales que Riohacha nunca ha tenido. Ya se hizo la consulta previa con las comunidades wayuu. Ya se cumplieron los requisitos del Ministerio de Vivienda. Lo que falta es el cierre financiero y la voluntad política de poner ese proyecto en el centro de la agenda. Pero todo esto se quedó solo en titulares optimistas y cortinas de humo porque después la gerente dijo que no podían hacer nada ya que no estaba actualizado el plan de saneamiento y manejo de vertimiento.
Hay un contrato con Aqualia que tiene mecanismos sancionatorios para exigir metas de cobertura y calidad. Mecanismos que hasta ahora nadie ha usado.
Hay 246 comunidades wayuu en el Distrito de Riohacha sin ninguna fuente de agua propia, incumpliendo una sentencia de la Corte Constitucional la T-302 de 2017 que ya tiene nueve años.
Hay un IRCA que en 2022 tocó 94,4 y ningún alcalde emitió una alerta pública.
Y hay, entre una administración y otra, el mismo patrón: promesas de campaña que se convierten en anuncios ministeriales que se convierten en actas de inicio que se convierten en suspensiones por vencimiento de términos que se convierten, cuatro años después, en la primera promesa del siguiente alcalde.
No es un problema de agua. Es un problema de prioridades.
Fui hasta el río. Vi la planta. Recorrí los 46 kilómetros que separan el agua buena del grifo seco. Conversé con el técnico que lleva 20 años operando la sedimentación. Pregunté por qué no se ha modernizado. La respuesta que oí de él, pero también de funcionarios actuales y exfuncionarios siempre es la misma: porque nadie lo decidió.
Y llegué a una conclusión sencilla: Riohacha no tiene un problema de agua. Tiene un problema de prioridades.
El agua está. El río la produce. La planta la trata. El problema es lo que ocurre entre el río y la familia que espera. Y ese trecho físico e institucional es exactamente donde debe estar la política pública. No solo la denuncia. No solo el debate de control político. No solo el anuncio ministerial de turno. La política pública en serio, con obras, con metas, con rendición de cuentas y con la ciudadanía mirando.
Los riohacheros merecen agua potable las 24 horas del día. No 10,5 horas, que es el promedio ponderado actual según el propio operador. No cuando llueve. No cuando el operador lo decide. Las 24 horas, en sus casas, apta para que sus hijos la beban sin que nadie tenga que pensarlo dos veces.
Durante catorce años, siete alcaldes tres de ellos con investigaciones disciplinarias o penales abiertas por temas relacionados con obras de servicios públicos han administrado este problema. Lo han administrado en el sentido literal del verbo: lo han gestionado como inventario, no como emergencia. Cada uno recibió un problema de sus antecesores y se lo pasó intacto, a veces un poco peor, a sus sucesores.
La cadena se puede cortar. Pero solo si la próxima administración entiende que el agua no es un capítulo de un plan de desarrollo: es el plan de desarrollo. Que no es una obra entre muchas: es la obra. Que no se resuelve con un anuncio al lado de un ministro: se resuelve con un cronograma, un contratista supervisado, una sanción aplicada cuando se incumple, y una ciudadanía a la que se le rinde cuentas cada tres meses, no cada tres años.
Eso no es un sueño. Es un derecho. Y en Riohacha, ese derecho lleva demasiado tiempo esperando.
Juana Cordero Moscote