Colombia, desde la Constitución Política de 1991, ha logrado consolidarse como una democracia con instituciones que, pese a sus falencias, han permitido la protección y evolución de los derechos fundamentales, el fortalecimiento del Estado de Derecho y la existencia de límites frente al poder. Sin embargo, también ha sido un país marcado por la violencia, la desigualdad, la pobreza, el desempleo y el abandono histórico de millones de ciudadanos. Ese escenario abrió espacio durante años a discursos sustentados en el populismo, la indignación social y las promesas de transformación absoluta.
Fue precisamente en medio de ese desgaste institucional y emocional donde llegó al poder Gustavo Petro y el movimiento político que lo acompaña. Pero el paso del tiempo también ha demostrado que gobernar una democracia exige mucho más que discursos de confrontación o narrativas emocionales. Incluso con errores, contradicciones y profundas diferencias políticas, los gobiernos anteriores mantuvieron un principio esencial: el respeto por las instituciones democráticas y por los límites propios del Estado de Derecho.
Hoy, ese equilibrio parece atravesar uno de sus momentos más delicados. La insistencia en promover escenarios como una eventual constituyente, el permanente enfrentamiento con distintos sectores institucionales y la creciente polarización política han comenzado a despertar una preocupación legítima en una parte importante del país frente a la posibilidad de un progresivo debilitamiento de los contrapesos democráticos. Y esa preocupación se profundiza ante la eventual llegada de Iván Cepeda Castro a la Presidencia de la República y la continuidad del modelo político que representa.
Las democracias rara vez desaparecen de manera abrupta. No suelen caer en una sola noche ni extinguirse bajo un único acto de fuerza. Su deterioro casi siempre comienza de forma silenciosa: con la normalización del enfrentamiento permanente, con el desprestigio progresivo de las instituciones, con el debilitamiento del debate racional y con una ciudadanía que, poco a poco, deja de alarmarse frente a aquello que antes habría considerado inadmisible.
Los pueblos rara vez creen que la crisis institucional puede alcanzarlos, hasta que descubren que las instituciones ya dejaron de ser capaces de protegerlos. La historia ha demostrado que las libertades no siempre se pierden mediante golpes visibles; muchas veces se erosionan lentamente, mientras el miedo reemplaza al debate, la polarización destruye la capacidad de diálogo y el poder comienza a ubicarse por encima de los límites democráticos.
Por eso, el verdadero riesgo que enfrenta Colombia no puede reducirse a una simple discusión entre derecha e izquierda. Hacerlo sería simplificar irresponsablemente un problema mucho más profundo. Lo que está en juego es la preservación de los principios que sostienen cualquier democracia: la independencia institucional, la seguridad jurídica, la separación de poderes y la capacidad del Estado de mantener límites frente a quienes pretenden sustituir el debate democrático por el caudillismo, el populismo y la confrontación permanente.
Las próximas elecciones presidenciales no pueden entenderse únicamente como una competencia de liderazgos individuales ni como una disputa de egos dentro de un mismo sector político. Esta elección representa una decisión histórica sobre el modelo de país que los colombianos desean preservar o permitir que se transforme.
Durante mucho tiempo, algunos sectores han abordado esta discusión como si se tratara únicamente de una confrontación entre figuras políticas o de una competencia de símbolos dentro de una misma corriente ideológica. Pero Colombia ya llegó al momento de superar las vanidades electorales.
Esto no es una pelea entre tigres y palomas.
Es una discusión mucho más profunda sobre quién tiene la capacidad real de construir una mayoría democrática sólida que permita enfrentar uno de los momentos más delicados de la vida institucional del país.
Las elecciones presidenciales no se ganan únicamente desde la emoción. También se construyen desde la estructura, la gobernabilidad y la posibilidad de consolidar consensos amplios en una segunda vuelta. Y en ese terreno, la realidad política no puede ignorarse.
Paloma Valencia no solo representa una voz firme dentro de la oposición. También hace parte de una estructura política consolidada que hoy constituye una de las fuerzas más relevantes dentro del Congreso de la República. Sumado al respaldo de sectores y partidos políticos distantes del proyecto petrista, ese capital institucional y electoral podría convertirse en una mayoría decisiva para enfrentar una elección profundamente polarizada.
Más allá de simpatías personales, Paloma representa experiencia legislativa, capacidad argumentativa, firmeza ideológica y una visión clara de defensa institucional. Pero, además, representa algo políticamente indispensable en este momento: viabilidad electoral y capacidad de convergencia.
La política exige comprender algo fundamental: en una segunda vuelta no basta con conservar el voto propio; resulta indispensable atraer nuevos sectores y generar confianza en electores distintos. Y ahí aparece una realidad estratégica que no puede minimizarse.
El electorado que hoy acompaña a Abelardo de la Espriella probablemente terminaría respaldando a Paloma Valencia en un eventual escenario definitivo, debido a las coincidencias ideológicas y a la cercanía con el electorado uribista tradicional. Sin embargo, el fenómeno contrario no necesariamente ocurriría con la misma fuerza.
Ignorar esa realidad podría significar fragmentar un electorado que, dividido, terminaría facilitando precisamente aquello que todos dicen querer evitar.
Y es que el verdadero desafío no está en derrotarse entre quienes comparten la defensa de la democracia, las libertades y la institucionalidad. El verdadero desafío consiste en impedir que Colombia continúe avanzando hacia un modelo marcado por el debilitamiento institucional, la afectación de la seguridad jurídica, la concentración progresiva del poder y la erosión silenciosa de los contrapesos democráticos.
Por eso, más allá de las diferencias legítimas entre campañas, “el país necesita comenzar a construir desde ahora un gran consenso nacional entre todos los sectores políticos que comprendan la gravedad del momento histórico”. Las candidaturas que no alcancen una eventual segunda vuelta deberán entender que su responsabilidad no termina en la primera ronda electoral. También tendrán el deber democrático de acompañar una causa superior: la defensa del Estado de Derecho, la institucionalidad del país y el modelo democrático colombiano.
Defender la patria no consiste únicamente en levantar discursos encendidos o alimentar rivalidades internas. También exige sensatez, inteligencia política y capacidad de leer correctamente el mapa electoral del país. Las naciones no se sostienen únicamente desde la pasión; también necesitan madurez colectiva para comprender cuándo la unidad se convierte en una necesidad histórica.
Hoy el debate no debería centrarse en quién despierta más emociones dentro de un sector político, sino en quién tiene la capacidad real de sostener una batalla democrática decisiva para el futuro institucional del país y derrotar políticamente el proyecto que representa Iván Cepeda y el movimiento que lo acompaña.
Porque cuando una democracia enfrenta momentos decisivos, la responsabilidad política deja de consistir en defender intereses individuales y comienza a exigir la capacidad de construir victorias colectivas para preservar el futuro de la nación.
Colombia todavía está a tiempo de evitar ese camino. Pero para lograrlo necesitará liderazgo, carácter, inteligencia política y una defensa firme de la democracia. Hoy más que nunca, el país necesita sensatez para comprender que esta elección no definirá únicamente un nuevo gobierno, sino el rumbo institucional de las próximas generaciones.
Julia Hurtado Arellano