Recientemente participé en un encuentro de dos días que reunió a representantes de organizaciones no gubernamentales, especialistas, líderes indígenas y defensores de derechos humanos para reflexionar sobre los principales retos de la consulta previa en Colombia. En las jornadas de trabajo que se llevaron a cabo en Riohacha, participaron el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”–CAJAR y la Fundación Caminos de Identidad – FUCAI, junto con expertos provenientes de distintos territorios del país, entre ellos Aquiles Arrieta en calidad de exmagistrado ponente de la Sentencia T-302 de 2017, con el propósito de intercambiar experiencias y construir propuestas orientadas a fortalecer este mecanismo de participación.
La agenda fue organizada en dos fases complementarias. La primera, estuvo dedicada a un diálogo entre expertos en consulta previa, quienes abordaron la evolución jurídica, institucional y política de este derecho en Colombia. La segunda, reunió a expertos wayuu en un espacio de análisis de casos y reflexión sobre las particularidades de los procesos adelantados en sus territorios, con el propósito de construir consensos alrededor de futuras líneas de acción.
Uno de los principales aportes del encuentro consistió en el análisis de experiencias emblemáticas que han marcado la evolución de la consulta previa en el país. Los participantes revisaron los procesos relacionados con el Arroyo Bruno, Cañaverales, la Línea Negra, la consulta previa del Plan de Acción Estructural para la implementación de la Sentencia T-302 de 2017 y el parque eólico Guajira I. A estos se sumaron las experiencias del fracking en comunidades de Puerto Wilches, en el Magdalena Medio, y los procesos de consulta desarrollados con el pueblo Nasa en el departamento del Cauca, escenarios que permitieron identificar coincidencias y diferencias en la aplicación del derecho a la participación.
En las intervenciones se recordó que la consulta previa nació como un instrumento destinado a restablecer condiciones de igualdad y equidad para los pueblos indígenas y tribales, garantizando que las decisiones sobre proyectos de desarrollo, obras o medidas administrativas que afecten sus territorios sean adoptadas mediante un proceso de diálogo intercultural. Los asistentes coincidieron en que este propósito debe mantenerse como el eje central del mecanismo.
Los expertos también señalaron que, con el paso de los años, en algunos sectores del país la consulta previa ha comenzado a ser presentada como un escenario transaccional y como un obstáculo para el desarrollo. Esta percepción fue objeto de un amplio debate, en el que se insistió en que la participación de las comunidades no constituye una barrera, sino una condición para construir decisiones legítimas y sostenibles que reduzcan los conflictos sociales.
El encuentro puso de relieve que Colombia es el país con más procesos de consulta previa realizadas entre los Estados que adoptaron el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Dentro del territorio nacional, durante el 2024 La Guajira concentró cerca del 37% de estos procedimientos y aproximadamente el 95% corresponden a procesos adelantados con comunidades wayuu, una realidad que convierte al departamento en el principal laboratorio nacional de este mecanismo.
Otro de los asuntos discutidos fue el creciente nivel de judicialización de la consulta previa. Los participantes señalaron que en el país durante el 2024 cerca de 1.098 decisiones judiciales estaban relacionadas con este procedimiento, situación que ha generado incertidumbre jurídica para las comunidades, las entidades públicas y las empresas encargadas de desarrollar proyectos en los territorios.
Las intervenciones también evidenciaron que la consulta previa enfrenta importantes desafíos dentro de las propias comunidades. En numerosos casos, los procesos terminan fragmentando las relaciones internas y profundizando diferencias entre autoridades, familias y organizaciones, generando conflictos que persisten incluso después de la firma de acuerdos con empresas e instituciones.
Los expertos analizaron el papel desempeñado por algunos operadores de consulta previa, advirtiendo que la constante alternancia de ciertos actores entre funciones de representación comunitaria, asesoría empresarial e interlocución con el Ministerio del Interior puede afectar la confianza entre las partes e incentivar tensiones que dificultan la construcción de consensos duraderos.
Desde la perspectiva presentada por los expertos wayuu, Guillermo Ojeda Jayariyú precisó que la consulta previa refleja un permanente dualismo entre la convivencia y el conflicto. Explicó que las compensaciones económicas y los acuerdos suscritos durante los procesos no siempre logran resolver las diferencias estructurales existentes dentro de las comunidades, razón por la cual muchos desacuerdos resurgen cuando inicia la ejecución de los proyectos o cuando cambian las condiciones del territorio, lo que explican los múltiples paros que se presentan en La Guajira.
Como respuesta a estas dificultades, los participantes wayuu propusieron avanzar hacia la construcción de un protocolo propio que incorpore los elementos esenciales de su sistema normativo, entre ellos la lengua, la espiritualidad, la organización social, el territorio concebido como un espacio donde conviven seres humanos y no humanos, y la economía tradicional. Asimismo, plantearon fortalecer metodologías propias de gestión colectiva como el Atunkawa para consolidar un mandato wayuu que oriente las decisiones y refuerce el ejercicio de la autonomía y del gobierno propio.
Al concluir el encuentro, los asistentes coincidieron en que la consulta previa puede convertirse en un procedimiento más efectivo cuando existe información suficiente, tiempos adecuados para el diálogo, agendas construidas de manera conjunta y reglas claras aceptadas por todos los actores. Las líneas de acción consensuadas durante las dos jornadas buscan reducir las asimetrías entre comunidades, Estado y empresas, fortalecer la seguridad jurídica y consolidar procesos de participación que respondan a las realidades culturales de los pueblos indígenas y contribuyan a una gobernanza territorial basada en el respeto, la confianza y la construcción de acuerdos legítimos.
Cesar Arismendi Morales