Hay un quinto piso en Bucaramanga donde, hasta hace poco, todos los días ocurría una escena que pasaba inadvertida para casi todos. Desde la terraza de un edificio descendía lentamente un canasto sujeto por una cuerda. Abajo, un domiciliario depositaba un almuerzo, un mercado o unos medicamentos. Arriba, una pareja de adultos mayores tiraba de la cuerda con la paciencia que solo conocen quienes han aprendido a caminar al ritmo de los años.
Ellos son Oscar Jimenez y Raquel. Él padece alzhéimer. Ella, como tantas mujeres de su generación, ha hecho del cuidado una forma de amar. Aquel canasto no era un capricho ni una comodidad. Era el ingenio con el que habían logrado conservar un poco de independencia cuando el cuerpo ya no responde con la misma obediencia de antes.
Pero un día apareció un candado.
No en la puerta de una bodega, no en un depósito abandonado.
En la terraza.
De un momento a otro, aquella solución sencilla dejó de existir. El mercado, los medicamentos y los alimentos ya no podían subir por el camino que ellos mismos habían inventado para enfrentar las limitaciones de la edad. Lo que durante años fue una respuesta práctica se convirtió, por decisión de la administración del edificio, en una conducta prohibida.
Y entonces ocurrió algo que debería avergonzarnos como sociedad.
Dos ancianos tuvieron que acudir a la Corte Constitucional para que les devolvieran el derecho a seguir viviendo con dignidad.
La Corte les dio la razón. Y tenía que hacerlo. Recordó que la protección de los adultos mayores no es un acto de generosidad sino un mandato constitucional, y que las normas de convivencia jamás pueden desconocer los derechos fundamentales de las personas, mucho menos cuando se encuentran en condición de vulnerabilidad.
Pero mientras leía la noticia no podía dejar de pensar que el verdadero problema nunca fue jurídico.
Fue humano.
¿Qué clase de sociedad hemos construido para que una pareja de ancianos tenga que buscar amparo en un juez por algo que la solidaridad de sus vecinos habría podido resolver con una conversación?
Hay decisiones que, siendo legalmente posibles, resultan moralmente insoportables. Y cerrar con un candado el único mecanismo que permitía a dos personas mayores recibir un domicilio sin exponer su salud es una de ellas.
En los países que admiramos por su desarrollo, la vejez no se mira con impaciencia ni con desdén. Se protege porque representa experiencia, memoria y sabiduría. Allí los años no disminuyen el valor de una persona; por el contrario, lo engrandecen. Entendieron hace mucho que una sociedad que honra a sus mayores termina honrándose a sí misma.
Nosotros, en cambio, parecemos haber confundido el cumplimiento de los reglamentos con la pérdida de la compasión.
Todos tenemos o tuvimos padres. Muchos conservamos todavía la fortuna de abrazar a los abuelos. Y si la vida nos concede ese privilegio, todos, sin excepción, llegaremos a ese lugar donde el cuerpo pide ayuda para hacer lo que antes resolvía sin esfuerzo.
Por eso esta historia no habla únicamente de una pareja en Bucaramanga.
Habla de nosotros.
Habla de la facilidad con la que olvidamos que el tiempo siempre cambia los papeles. Que quienes hoy suben las escaleras de dos en dos, mañana agradecerán un ascensor. Que quienes hoy toman decisiones sobre la comodidad ajena, algún día dependerán de la comprensión, de la solidaridad de otros.
La Corte Constitucional abrió una puerta que nunca debió cerrarse.
Ojalá ahora seamos capaces de abrir otra más difícil: la del corazón.
Porque la verdadera grandeza de una sociedad no se mide por la altura de sus edificios, sino por la forma en que trata a quienes ya han subido todas las escaleras de la vida y solo esperan que alguien les tienda la mano para descender las ultimas con dignidad.
José Jorge Molina Morales