Hay momentos en la vida pública de los territorios en los que resulta necesario detenerse, respirar y mirar los hechos con serenidad. El pasado 17 de septiembre, durante su visita a Riohacha, el presidente Abelardo de la Espriella anunció una investigación sobre los manejos administrativos de la Universidad de La Guajira y pidió revisar las actuaciones de su rector, Carlos Arturo Robles Julio. La información relacionada con presuntas irregularidades fue, según lo informado públicamente, remitida a las autoridades competentes para su respectiva verificación.
Investigar es legítimo. Controlar las instituciones públicas es necesario. Preguntar por el uso de los recursos públicos es una obligación democrática.
Pero también hay otra obligación: no permitir que un señalamiento se convierta automáticamente en una condena pública.
Y mucho menos cuando se está hablando de una institución que representa buena parte de las esperanzas educativas de La Guajira.
Por eso considero necesario decirlo con claridad: la Universidad de La Guajira no puede ser reducida a un discurso político de pocos minutos ni la trayectoria de su rector puede juzgarse únicamente desde el escenario de una intervención presidencial.
Carlos Arturo Robles Julio puede y debe ser sometido a todos los controles que correspondan. Si existen denuncias, que sean investigadas. Si existen documentos, que sean examinados. Si existen responsabilidades, que sean determinadas por las autoridades competentes.
Pero mientras eso ocurre, también tenemos derecho a poner sobre la mesa los resultados.
Y los resultados existen.
En 2024, la Universidad de La Guajira obtuvo la Acreditación Institucional en Alta Calidad otorgada por el Ministerio de Educación Nacional mediante la Resolución 020201 de 2024, por un término de seis años. La propia Universidad señaló que este reconocimiento fue producto de un proceso progresivo de fortalecimiento de la calidad institucional y académica.
¿Puede alguien afirmar que una acreditación institucional de esta naturaleza es producto de una sola persona? Evidentemente no.
La Universidad la construyen sus estudiantes, docentes, investigadores, trabajadores administrativos, egresados y directivos.
Pero tampoco sería serio desconocer la responsabilidad que tiene quien ha ejercido durante años la conducción institucional.
Porque cuando una administración obtiene resultados, estos no pueden atribuirse exclusivamente a la casualidad. Hay decisiones, gestión, planeación, equipos de trabajo y liderazgo detrás de ella.
La propia rendición de cuentas de Uniguajira reportó para 2024 avances importantes en diferentes retos institucionales, entre ellos acreditación en calidad, internacionalización, inclusión social y articulación Universidad-Empresa-Estado. En el caso de acreditación en calidad, la institución reportó un cumplimiento del 96 %.
Y hay un hecho político-institucional que tampoco puede ignorarse.
En mayo de 2026, el Consejo Superior de la Universidad de La Guajira designó por unanimidad a Carlos Arturo Robles Julio como rector para el periodo 2027-2031. La propia Universidad informó que esta fue la quinta ocasión en que Robles Julio fue designado para ocupar la Rectoría y la segunda vez que obtuvo la totalidad de los votos del máximo órgano de decisión institucional.
Eso no significa que el rector esté por encima de la ley.
Nadie lo está.
Pero sí significa que existe una comunidad universitaria y un órgano de gobierno universitario que han expresado, mediante los mecanismos institucionales correspondientes, una valoración favorable de su gestión.
Y aquí aparece una pregunta que considero legítima:
¿Por qué cuando se habla de la Universidad de La Guajira algunos parecen tener más interés en destacar las acusaciones que en reconocer los resultados?
La pregunta no pretende impedir la investigación. Todo lo contrario. Una Universidad pública debe ser la primera interesada en que cualquier denuncia sea esclarecida.
Lo que no podemos aceptar es que el debate público termine sustituyendo a las instituciones encargadas de investigar y juzgar.
La Guajira conoce demasiado bien las consecuencias de los discursos que llegan desde fuera, hacen ruido durante unas horas y después desaparecen, mientras los problemas estructurales permanecen.
Nuestra Universidad, en cambio, permanece.
Permanece formando profesionales.
Permanece formando docentes.
Permanece produciendo investigación.
Permanece llevando educación superior a diferentes territorios del departamento.
Permanece siendo una posibilidad de movilidad social para miles de jóvenes guajiros.
Y permanece intentando demostrar que desde La Guajira también se puede construir educación superior pública con estándares de calidad.
Por eso, defender a la Universidad de La Guajira no significa defender ciegamente a una persona.
Defender a Uniguajira significa defender su autonomía, su comunidad académica, sus estudiantes y el derecho de los guajiros a tener una institución pública fuerte.
Y defender la gestión de Carlos Arturo Robles Julio tampoco significa desconocer los controles.
Significa reconocer que una trayectoria administrativa debe ser evaluada completa: con sus aciertos, sus desafíos, sus resultados y, si los hubiera, sus errores.
Pero no solamente con titulares.
No solamente con declaraciones.
No solamente con discursos.
Con hechos.
La Acreditación Institucional en Alta Calidad es un hecho.
La decisión unánime del Consejo Superior para el periodo 2027-2031 es un hecho.
Los procesos de fortalecimiento institucional son hechos.
La expansión de la oferta académica y los esfuerzos en infraestructura, investigación, internacionalización e inclusión hacen parte de una realidad institucional que merece ser examinada en su conjunto.
Por eso, mi llamado no es a cerrar los ojos frente a ninguna investigación.
Mi llamado es exactamente el contrario: abramos los ojos para mirar toda la historia.
Que se investigue lo que deba investigarse.
Que se rinda cuenta de lo que deba rendirse.
Que se expliquen las dudas.
Que se presenten las pruebas.
Que se escuchen las partes.
Y que finalmente sean las instituciones competentes las que determinen las responsabilidades.
Pero mientras eso sucede, no convirtamos los señalamientos en sentencias anticipadas.
La Guajira merece una discusión mucho más seria.
Una discusión donde la crítica sea bienvenida, pero donde también tengan espacio los resultados.
Una discusión donde la autoridad presidencial sea respetada, pero donde también se respete la autonomía universitaria.
Una discusión donde las investigaciones avancen, pero donde nadie sea condenado públicamente antes de que termine el debido proceso.
Porque hay algo que debemos tener claro:
La Universidad de La Guajira no le pertenece a un rector.
Le pertenece a sus estudiantes.
A sus docentes.
A sus trabajadores.
A sus egresados.
A sus familias.
Y, en un sentido profundo, le pertenece a toda La Guajira.
Por eso, cuando alguien cuestiona a su rector, la respuesta de los guajiros no debe ser ni el silencio complaciente ni la defensa ciega.
Debe ser mucho más sencilla:
Investigue, compruebe y demuestre.
Porque a La Guajira no se le puede contar una historia a medias.
Y si vamos a hablar de Carlos Arturo Robles Julio y de la Universidad de La Guajira, entonces hablemos de todo: de las preguntas que deben responderse, sí; pero también de los resultados que nadie puede borrar con un discurso.
Álvaro Sierra Molina