La llegada de cada año, genera reflexiones y buenos deseos, partiendo de cero, en un recorrido de 365 días, que debemos enfrentar, desarrollar o aprovechar, en diferentes campos, con alto y bajo, fango y espina, zarandeando, de manera positiva y en forma activa, que implica: bienestar, solidaridad y beneficios colectivos.
El año 2023, es la gran prueba que tiene el presidente Gustavo Petro, no para competir, sino para materializar, los compromisos de propuestas en campañas políticas, que deben plasmarse e insertarse, en el proyecto, Plan Nacional de Desarrollo, que inicie, durante la presente vigencia fiscal.
Cuatro reformas de gran interés y calibre, llaman la atención, para el segundo periodo legislativo, en el Congreso, encargado de tramitar y aprobar, leyes y reformas constitucionales. Se radicarán proyectos de reformas y cambios, que con urgencias se necesitan, en salud, pensiones, política y agrarias; sobre las cuales participen, de manera incluyente e indiscriminada, partidos y organizaciones política; previo acuerdo de esquema estructural, entre participantes. Los representantes, en nombre de distintos sectores políticos, deben llevar propuestas de normas, que deben deshacerse y las que deben, remplazarse e implementarse; prevaleciendo la concertación de acuerdos globalizados, sobre cualesquier imposiciones.
Una vez presentada por cada sector las propuestas, se establezcan mesas de trabajo, que sinteticen, fusionen y unifiquen, proyectos consolidados, de las distintas corrientes políticas, para consideración y aprobación, del Congreso de la Republica de Colombia.
Es necesario innovarse y emprender, en participación generalizadas, respetando las diferencias, particularizadas, dejando a un lado, caprichos, soberbias, arrogancias, egoísmo, odios y revanchismo; que conlleva a desgracias y tragedias, por causas insólitas, obstrucciones y oposiciones temerarias, que nos tienen rodando en abismos.
Reformas en salud y pensiones, son inaplazables. En relación con salud, ampliar y extender servicios ilimitados, para cumplir con necesidades emergentes y oportunas, erradicar manejos mañosos y perversos, en asuntos financieros, procedimientos médicos, hospitalarios, quirúrgicos, suministros de equipos y medicamentos.
La salud mental está en crisis, requiriendo de atenciones mediata, por afectaciones de secuelas originadas, en pandemia del Covid-19, tragedias familiares, violencia delictiva e inundaciones; entre otras, los cuales deben, ser atendido y valorado, de manera general, con servicio de psicólogo y especial, por gravedad mental, por siquiatras. Deben abrirse nuevos espacios de vinculación, a profesionales psicólogos, en servicios de salud y educación.
No se necesita desaparecer, ni acabar con EPS organizadas, que garanticen soportes financieros, deberán adecuarse al nuevo estilo de gobierno, relacionado con extensión de servicios, que están limitado o no incluidos, en el plan de salud, requiriendo de atenciones mentales, para niños y adultos, previniendo suicidios, que están disparados.
El presidente Álvaro Uribe, de manera innecesaria en aplicación de la ley 100 de 1993, ordenó en su gobierno, las liquidaciones, del Instituto de Seguro Social y Cajanal, esta última operadora de afiliación de funcionarios público del orden nacional. Seguidamente como efecto dominó, se ordenaron liquidar, las cajas de previsiones, departamentales, distritales y municipales; dejando los afiliados a las derivas, totalmente desorientados.
Luego aparecieron, los Fondos Privados, haciendo algunas ofertas engañosas y tramposas, para ganar afiliados. A otros los vincularon por la vía de hecho, es decir sin el consentimiento, lo que ha conllevado a una serie de problemas, con las vigencias de dos sistemas de pensiones diferentes, operadas por: Colpensiones publica y otra, Porvenir, Protección y demás, privadas. Una de prima media, es decir subsidiada y otra por ahorros o depósito de capital. Ninguna persona que gane, menos de cinco salarios mínimos, se llega a pensionar por ahorros en 30 años, con un salario mínimo. No alcanza acumular el monto requerido en ahorro en fondo privado.
Los fondos privados pueden de ser de utilidad a personas con disposición económica, depositando el monto exigido por el Fondo, de acuerdo al valor de la pensión que quiera recibir, en cualquier edad y sin cotizar, por termino de duración de trabajo.
La pensión de asalariados, deben ajustarse a la ley, no a los ahorros. Es pertinente que se dejen en libertad, los afiliados de cualquier fondo, para escoger en forma libre y voluntaria, el fondos privados o público, para continuar o cambiarse sin limitaciones. No como viene ocurriendo con algunos fondos, no dejan cambiarse de los fondos privados al público.
Debe establecerse un sistema de pensiones mixta, subsidiado el estado, entre el 30% al 50%, a quienes devenguen hasta cincos salarios mínimos, indiferentemente del Fondo (público o privado) operador de la filiación. De igual forma, las personas que tengan la edad de pensión, por no lograron cotizar el número de semana requeridas. Las semanas faltantes, se puedan cubrir cancelando el pago del valor correspondiente establecido a las misma. Se debe conservar las pensiones entre parejas, unificando los tiempos de servicios conjuntos, indiferente del fondo en que este afiliado.
Destacados maestros y líderes, deportistas, artistas, cultores, periodistas, fotógrafos, locutores, gastrónomos, músicos y otros; reconocidos por trayectorias, que no cotizaron pensiones y sobre pasen, la edad de 65 años o menos, por motivo de incapacidad, deben reconocer el derecho a la pensión, de un salario mínimo.
Martín Barros Choles