Desde hace un tiempo hemos venido hablando en nuestras columnas de distintas temáticas, pero cuando recientemente puntualizamos sobre la sentencia T-302, la seguridad y soberanía alimentaria, desnutrición y otros males de nuestro departamento, parece que ha coincidido con el eco en distintos sectores políticos así como con acciones del gobierno nacional y departamental para encontrar soluciones definitivas a los mismos; aunque existe una figura que no se puede pasar por alto y es la legitimidad de nuestras instituciones.
Quiero agrupar y compartir algunos conceptos de legitimidad: “implica aquello que se encuentra en conformidad con las leyes, y que, por ende, es lícito. La legitimidad ocurre cuando lo que mandan las leyes o lo que dictamina una autoridad es obedecido; no obstante, con el paso del tiempo y debido a los cambios en la dinámica política, social y cultural se dividieron de manera sustancial, aspecto que resalta afirmando que “legalidad y legitimidad son realidades diferentes desde el momento en el que puede haber un poder legítimo independientemente de su legalidad y una legalidad no legítima. Sin embargo, debemos tener en cuenta que “la autoridad podrá construir aprobación social no solo desde lo legal, sino también desde la confianza que la misma sociedad le tenga a sus acciones y decisiones”, de lo contrario entraríamos en una crisis de representación, en la que la ciudadanía no se siente representada por sus dirigentes, no ven sus intereses reflejados en ellos, por ende, no sienten un acompañamiento por parte de los gobernantes, por el contrario, sienten una desprotección y el abandono por quienes deberían velar por sus intereses.
Hoy, el gobierno nacional como solución a la problemática histórica de la desnutrición en nuestro departamento, presenta como fórmula mágica una ‘Gerencia para La Guajira’, que operaría como ente articulador del gobierno nacional en la región, quiere decir que, la legitimidad institucional del departamento sigue siendo cuestionada por el nivel central, porque legalmente existen instituciones que sirven como articuladores de la problemática social para encontrar las distintas soluciones, por ejemplo: los consejos de política social, una instancia de concertación, participación, coordinación y asesoría que posibilita la identificación de procesos dirigidos tanto al diseño como al desarrollo integral y coherente de la política social en un ente territorial.
De igual manera, gobiernos anteriores han utilizado figuras como Consejerías de las regiones, enlaces territoriales con el nivel central, el diálogo Estado – Nación, las fallidas intervenciones en salud y educación, el mismo Sistema General de Regalías que necita aprobación de recursos del nivel central, además, los entes de control, el pronunciamiento de los jueces en la sentencia T-302 indica los pasos a seguir. Yo creería que contamos con las instituciones adecuadas para que todo funcione como debería funcionar. Sin embargo, muchas veces son las personas, con sus diferentes actuaciones, las que se encargan de deshonrarlas y que dichas instituciones pierdan su credibilidad o queden en entredicho.
Por lo anterior, es indiscutible que debemos creer en las instituciones, trabajar en fortalecernos y no en anularla, y el plan nacional de desarrollo de la PAZ TOTAL, debe encaminar a legitimar la institucionalidad, garantizando la autonomía territorial, los entes de control deben ser acompañantes efectivos de los procesos, la comunidad debe asumir la responsabilidad no sólo de exigir derechos, sino también de cumplir con deberes sociales y establecer indicadores de evolución a corto plazo con seguimiento permanente, y así encontrar soluciones de fondo a los problemas envejecidos de nuestro departamento.
Quiero dejar claro que mi observación es sobre las acciones implementadas para atender la situación del departamento, nunca sobre la persona de Luis Gómez Pimienta, un guajiro igualmente interesado en encontrar soluciones a nuestros ciudadanos.
Este debe ser un proceso de dirección que dependa de la correcta articulación entre el gobierno y la sociedad, de la forma como interactúen y donde se reconozca que el gobierno no cuenta con todos los recursos suficientes para gobernar de manera adecuada, por lo que requiere del apoyo y acompañamiento de distintos agentes que le suministren los insumos faltantes para cumplir con su labor.
El gobierno nacional debería contrastarse con La Guajira desde la metáfora del espejo, la que nos indica que “los espejos son reflexión e incitan a ella. Reflejan, muestran, ocultan, deforman e informan”, pero también que “los espejos copian la realidad y muestran otra imagen del Yo que complementa la obtenida por otras percepciones”, el trabajo del gobierno central debe legitimar la institucionalidad fortaleciendo la confianza, credibilidad y eficacia de las acciones gubernamentales en beneficio del pueblo y tener en cuenta que existen mecanismos jurídicos para hacer valer nuestros derechos.
Misael Arturo Velásquez Granadillo