BLOQUEOS GUAJIROS

La discusión recurrente de la dicotomía demarca el asfalto de las vías del departamento de La Guajira. Los bloqueos, justificados o no, nos llevan a resolver una lógica de actuación primordial entre el derecho a la protesta pacífica como medio para alcanzar el bienestar y exigir el cumplimiento de las promesas de los gobernantes, y, de otra parte, el derecho a la movilidad, el ejercicio de la libre empresa, el trabajo y la salud del resto de la población.

A través de las vías de hecho se obstaculizan las vías de La Guajira y de paso, sus rutas de desarrollo e integración regional. Vías que además ponen en riesgo, entre otros aspectos, la seguridad de las personas, el suministro de alimentos y el transporte intermunicipal. Tal es el impacto de este frenesí de parálisis, que la multinacional Cerrejón aseguró en un comunicado de prensa que el 30% de sus operaciones se ven afectadas por los reiterados bloqueos a las carreteras guajiras y a la vía férrea hacia Puerto Bolívar. Reviste atención este hecho, pues el impacto a una economía de enclave redunda en la consecuente generación de regalías, con las cuales, las entidades territoriales y la Nación pueden atender las reclamaciones que originan las protestas.

Las causas de las reclamaciones ciudadanas son variadas y cargadas de particulares simbolismos. Por ejemplo, en materia educativa van desde la no contratación de docentes expertos en etnoeducación o el no pago de varios meses de salarios, hasta la falta de un profesor de inglés, la ausencia de un coordinador de disciplina o el robo de los computadores de algún salón de informática. Incluso, hay miembros de los comités de bloqueos, que protestan por problemas que ellos mismos generaron por la no implementación de proyectos a los cuales se opusieron como funcionarios de anteriores administraciones.

Y así, en otros sectores, pululan bloqueos reclamando el aumento de cupos de gasolina, un menor control del contrabando por parte de la Policía fiscal y aduanera, la muerte accidental de un ciclista indígena en la vía férrea, o por el incumplimiento de la sentencia T-302 de 2017. Además, todos los servicios públicos han generado traumatismos viales, ya sea por la mala calidad y elevados costos de la energía, la falta o el daño de una bomba o turbina del microacueducto para algún poblado o la terminación del contrato del carrotanque para el suministro de agua.

Todas estas exigencias son el resultado del letargo del servicio estatal frente a las necesidades de un pueblo olvidado, y la falta de diálogo social entre los gobernantes y unos gobernados hastiados por la modorra en el accionar de los primeros. Es tan alta la frecuencia de los taponamientos, que personajes de la política guajira se han especializado en atender paros y bloqueos, y en varias administraciones departamentales han fungido como solucionadores en el papel y firmantes de actas de compromiso para atender cualquier problema o emergencia reclamada a la fuerza por los ciudadanos desde Punta Gallinas hasta El Plan. Compromisos, que ante la falta de concreción se convierten en los considerandos futuros para decretar nuevos paros por parte de cada comunidad engañada.

Sin embargo, hay varios paros que no han sido atendidos por los compromisarios o delegados de las entidades territoriales, como el bloqueo al futuro de los niños indígenas, condenados al cadalso de la desnutrición y la indiferencia. O el bloqueo al transporte y la alimentación escolar por parte de la madeja de anzuelos de las autorizaciones, ordenanzas y la complejidad de un sistema de contratación, que a paso de tortuga no responde oportunamente la demanda de los escolares.

Y finalmente, por paradoja de la vida, La Guajira asiste a un bloque político por parte de algunos partidos y del gobierno nacional. La región lleva dos meses a la espera del decreto de designación de un gobernador encargado de cumplir los compromisos de las actas de levantamiento de los paros y otros menesteres funcionales. Acto administrativo, que por múltiples disputas al interior de una coalición y por la actuación de la Presidencia de la República se prolongará en la infinidad histórica del conformismo guajiro, a menos que, los políticos salgan a bloquear las vías del departamento o las calles de acceso a la Casa de Nariño.

Ante la dirección del establecimiento por parte de una coalición de izquierda, las comunidades guajiras se preguntan: ¿Qué pasa cuando los promotores de los paros y bloqueos en el país gobiernan? Pues, nada, sigue el aletargamiento de las soluciones a los problemas, las excusas se acentúan en los discursos y los retrovisores acusatorios brillan gracias al paño de la incapacidad disfrazada de limitaciones presupuestales.

Urge entonces, como lo anhelan los amigos del especialista en paros, la creación de una dependencia de alto nivel en la Gobernación de La Guajira, el “Departamento Administrativo de Bloqueos (DAB)”, para solventar las querellas y los reclamos de los “Nadies” que posan de obstinados reclamantes de la inoperancia estatal.

 

Arcesio Romero Pérez

Escritor afrocaribeño

Miembro de la organización de base NARP ASOMALAWI

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3 comentarios de “BLOQUEOS GUAJIROS

  1. alvaro javier oviedo adarme dice:

    Esta columna es el reflejo de una causa .la mala administración y el despilfarro muestra el desarrollo de bloqueos en vias de hecho y un olvido total e indolente ante la comunidad en general.

  2. OBARDO DIAZ ESCALANTE dice:

    Total, alejados y prolongando el desarrollo y la prosperidad, necesariamente urge plantear y buzcar alternativas que generen mayor confianza dentro del sentido de pertenencia y conciencia.

  3. OBARDO DIAZ ESCALANTE dice:

    Total, alejados y prolongando el desarrollo y la prosperidad, necesariamente urge plantear y buzcar alternativas que generen mayor confianza dentro del sentido de pertenencia y conciencia.

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