Colombia no solo está polarizada por sus problemas; también está polarizada por sus palabras. Hemos llegado a un punto en el que el debate público dejó de buscar argumentos y empezó a fabricar enemigos. Ya no discutimos ideas: les ponemos apodos. Ya no diferenciamos conceptos: los volvemos trincheras. Y así, lentamente, el país terminó convirtiendo los antónimos en banderas de guerra y los sinónimos en sospechas ideológicas.
El problema no está en que existan diferencias. Toda democracia viva necesita diferencias. El problema aparece cuando una palabra es secuestrada por un extremo y la otra es satanizada por el contrario. Entonces hablar de paz parece negar la seguridad; hablar de seguridad parece pedir guerra; hablar de autoridad parece justificar autoritarismo; hablar de protesta parece defender el caos; y hablar de orden parece estar en contra del derecho a reclamar.
Por eso hay que volver al sentido de las palabras. Paz, según su significado más elemental, es una situación en la que no existe lucha armada y también una relación de armonía, sin enfrentamientos ni conflictos. Pero la paz no puede confundirse con ausencia de autoridad. Paz no puede ser que el Estado se retire, que los grupos ilegales gobiernen territorios, que las comunidades queden a merced del miedo o que las vías de hecho reemplacen a las instituciones. La paz verdadera no es silencio impuesto ni abandono estatal. Para que exista paz tiene que existir Estado.
Del mismo modo, guerra no puede usarse como insulto automático contra todo el que pida seguridad. Guerra es rompimiento de la paz, lucha armada, enfrentamiento entre bandos. Pero combatir grupos ilegales no es declarar guerra contra el pueblo. Enfrentar al narcotráfico no es odiar a los pobres. Recuperar la autoridad no es actuar por fuera de la ley ni desconocer la vida humana; es hacer cumplir la Constitución, proteger a los ciudadanos y someter a los grupos ilegales al imperio de la justicia. Al contrario: muchas veces la primera condición para que haya derechos humanos es que no mande el fusil ilegal.
Ahí está la gran confusión colombiana: se nos dañó el diccionario político. Si alguien habla de izquierda, enseguida lo llaman guerrillero. Si alguien habla de derecha, lo llaman paraco. Si alguien defiende el fracking, lo acusan de enemigo de la vida. Si alguien lo cuestiona, lo llaman enemigo del desarrollo. Si alguien habla de libertad económica, dicen que es rico y que desconoce la justicia social. Si alguien habla de justicia social, dicen que quiere acabar la empresa privada. Si alguien propone bajar impuestos para generar empleo, lo llaman neoliberal. Si alguien defiende el salario mínimo, lo llaman populista. Si alguien pide controlar bloqueos, desmanes y vías de hecho, lo acusan de estar contra la protesta social.
Y así no hay país que avance.
La protesta es un derecho, pero el bloqueo indefinido no puede convertirse en gobierno paralelo. La autoridad es necesaria, pero la autoridad sin ley se vuelve abuso. La empresa genera empleo, pero la empresa sin responsabilidad social pierde legitimidad. La justicia social es indispensable, pero sin producción no hay riqueza para distribuir. El ambiente debe protegerse, pero el ambientalismo sin transición responsable puede convertirse en pobreza energética. La libertad económica es necesaria, pero sin equidad termina pareciendo privilegio. El Estado social de derecho no puede ser ni selva del mercado ni burocracia sin resultados.
Lo que necesitamos no es escoger entre palabras como si fueran enemigas. Necesitamos reconciliarlas. Seguridad con derechos. Paz con autoridad. Protesta con responsabilidad. Empresa con justicia social. Ambiente con desarrollo. Libertad con solidaridad. Estado con eficiencia. Orden con democracia. Diálogo con límites. Mano tendida con ley firme.
Colombia lleva años atrapada en falsos dilemas. Nos hicieron creer que, si uno habla de seguridad, entonces odia la paz. Que, si uno defiende la Fuerza Pública, entonces justifica abusos. Que, si uno pide inversión, entonces desprecia al trabajador. Que, si uno habla de disciplina fiscal, entonces no le duelen los pobres. Que, si uno reclama autoridad en las vías, entonces quiere callar al ciudadano. Esa lógica enfermó la conversación nacional.
La realidad, sin embargo, terminó imponiéndose. La gente que vive en los territorios sabe que no se puede hablar de paz mientras extorsionan al comerciante, reclutan a los jóvenes, amenazan al líder social, cierran una carretera, queman maquinaria o deciden quién entra y quién sale de una comunidad. La gente entendió que el discurso bonito no alcanza cuando la autoridad no llega. Y por eso cuajó en Colombia un mensaje distinto: no porque el país quiera odio, sino porque está cansado del miedo.
En ese contexto empieza el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella. Confieso que comparto esa visión, especialmente cuando habla de una verdadera descentralización y de un Estado que no se quede en Bogotá mirando de lejos los problemas de las regiones. También creo, como lo ha planteado el presidente electo, que debe prevalecer el imperio de la ley: cumplir la Constitución, respetar las instituciones y aplicar la autoridad legítima contra quienes pretenden reemplazar al Estado por la fuerza, la extorsión o las vías de hecho.
Pero ese mandato debe entenderse con inteligencia democrática. No se trata de reemplazar una polarización por otra. No se trata de perseguir al que piense distinto. No se trata de confundir firmeza con soberbia. Colombia no necesita revancha; necesita conducción.
El nuevo gobierno tendrá una enorme oportunidad: demostrar que la seguridad no es enemiga de la paz, sino su condición. Que la autoridad no es enemiga de la democracia, sino su columna vertebral. Que la libertad económica no es enemiga de la justicia social, sino una herramienta para crear empleo y oportunidades. Que el orden no es contrario a la protesta, sino la garantía para que la protesta no destruya los derechos de los demás.
Pero también tendrá un reto mayor: no caer en el mismo vicio que critica. Si el país castigó los excesos de un discurso, no puede premiar otros excesos iguales con distinto color. Colombia no puede seguir entre el insulto y la etiqueta. La izquierda no puede ser reducida a guerrilla, ni la derecha a paramilitarismo. El ambientalista no puede ser tratado como enemigo del progreso, ni el empresario como enemigo del pueblo. La democracia consiste precisamente en que las palabras vuelvan a significar ideas, no condenas.
La política colombiana debe salir de esa pobreza del lenguaje. Porque cuando el lenguaje se empobrece, también se empobrece la democracia. Cuando todo se vuelve insulto, nadie escucha. Cuando todo se vuelve antónimo moral, nadie construye. Y cuando cada palabra se convierte en sospecha, el país pierde la posibilidad de encontrarse.
Colombia necesita menos diccionarios de odio y más gramática de Estado. Necesita entender que paz y seguridad no son enemigas; son hermanas si se ejercen con legitimidad. Que libertad y justicia social no son rivales; se necesitan mutuamente. Que protesta y orden pueden convivir si hay respeto por los derechos propios y ajenos. Que desarrollo y ambiente no tienen que destruirse si existe planeación, ciencia y responsabilidad.
El país no se salva escogiendo una palabra para destruir la otra. Se salva recuperando el verdadero sentido de todas. Porque una nación no se gobierna con etiquetas, se gobierna con equilibrio. Y en Colombia, después de tanta polarización, el mayor acto de sensatez será volver a llamar las cosas por su nombre.
Misael Velásquez Granadillo