Colombia goza de la fama de ser una de las democracias más antiguas de América Latina gracias a una tradición electoral que viene desde el siglo XIX, no obstante, enfrenta un serio debate de orden político si pretende mantener el reconocimiento de ser «la más estable», habida cuenta de la erosión progresiva de sus instituciones, en mucho debido a la errática gestión política que se le señala al gobierno que está por terminar y sus abiertos intentos de socavar el prestigio y confiabilidad de las organizaciones del Estado, como si se tratara de una soterrada campaña de destrucción maquinada desde adentro. Pero también se debe a un aumento evidente de la violencia política, en gran medida por efecto de polarización que introduce la radicalización del discurso político y las inequívocas señales de enfrentamiento que impulsan los candidatos que se vinculan a la actividad política y que esperan ganar el favor del voto popular con manifestaciones agresivas, provocadoras en contra de los demás contrincantes e incitantes a la violencia.
El país ha perdido en su condición de “estabilidad”, según se mide el Global Democracy Index, porque sufre un pronunciado deterioro de la seguridad figurado en más actos de violencia contra líderes políticos y sociales, y un incremento progresivo de los estados de tensión al interior de las instituciones.[1] Podría suceder que dicha caída fuese tolerable si no es porque el fenómeno está estrechamente ligado con la pérdida progresiva de libertades civiles frente a la delincuencia organizada y los grupos alzados en armas, y la pérdida o aplazamiento del acceso a derechos políticos individuales y colectivos, parámetros estos que también se controlan en el contexto mundial y que dan muestra de lo que está sucediendo en torno a esa confirmada sensación de “fragilidad”, “indefensión “y “vulnerabilidad” que sufre la sociedad colombiana. Tal condición de deterioro podría ser tolerable, otra vez, pero ocurre que, precisamente por esa “fragilidad”, el país termina siendo desplazado del grupo de “naciones libres” a ese grupo no tan acogedor de países que apenas ostentan la categoría de naciones «parcialmente libres».[2]
Con ese panorama de país se instala el 20 de julio un nuevo Congreso, uno que recién se eligió el pasado mes de marzo y que, en arreglo con las cifras oficiales del CNE, está renovado en un 57%, es decir que hay 162 congresistas que son “nuevos” dentro de las 286 curules totales que se instalan. Dentro de ese grupo, un total de 120 “novatos” van a la Cámara de Representantes y 42 al Senado. Significa que el recambio en la Cámara alcanza dos terceras partes (66%) y en el Senado dos quintas partes (40%). Cómo se nota que es en el Senado en donde se gesta una mayor “capacidad política” para permanecer y hacerse reelegir.
En torno a este asunto de la “Estabilidad Democrática”, viene a ser un poderoso factor de estabilidad en países demócratas el que exista un Congreso que sea absoluta y completamente autónomo en su operación y funciones y libre en el más completo sentido político, porque se necesita que funcione como verdadero pilar de la Democracia. En efecto, la “separación de poderes” ha sido definida en todo contexto como un pilar fundamental e indispensable para el buen suceso de cualquier democracia. Dicho principio se encuentra debidamente consagrado en la Constitución Política de Colombia y opera, además, como principal garantía para la estabilidad del Estado.
No es un asunto menor el que se reclame al Congreso y a cada congresista, por el sólo principio de haber sido elegidos en el marco de una Constitución garantista, la certeza de cumplimiento del Orden Constitucional que garantiza la separación de poderes para asegurar la estabilidad y el control del Estado. Es por esa vía que se previene el absolutismo y se evita la concentración de poder. Son medidas que están orientadas a frenar gobiernos autoritarios y dictaduras de corte constitucional que suelen hacer repetidas incursiones en el terreno de la Carta para derivar poderes que pueden terminar en restricciones arbitrarias de las libertades individuales y repetidas aplicaciones abusivas de la Ley.
No estamos anticipando nada con respecto a lo que puede suceder en Colombia a partir del próximo 7 de agosto, pero pareciera que fuese justamente el panorama que se ve venir con un gobierno como el que comienza, lo cual da mérito para llamar hoy la atención de aquellos colombianos y colombianas que se hicieron elegir para representar “al pueblo” en el Congreso, que es una de las tres ramas del poder del Estado. Son ellos, en consecuencia, salvaguardas de la libertad ciudadana en tanto vigilan, frenan y equilibran el ejercicio del poder y establecen contrapesos con las otras ramas del poder. Se trata de un juego sencillo de equilibrio en el que los congresistas, sin perder de vista su labor legislativa, cumplen una tarea política de altísima relevancia frente a las fuerzas que, por naturaleza, ejercen el Ejecutivo y la rama Judicial.
Así es que resulta muy bueno pensar en lo que se espera de un congresista en los tiempos de hoy, habiendo hecho cuenta del proceso de deterioro democrático que vive el país ante la avanzada de grupos y organizaciones fuera de la Ley que se apoderan de territorios y coartan las libertades individuales y colectivas, como sucede en el Cauca, en Nariño, en el Chocó, en Antioquia, en Norte de Santander y en casi todos los departamentos del oriente, pero también ante el evidente daño causado en las instituciones como resultado de la mediocre gestión de los gobiernos recientes y en particular el que termina en agosto próximo. ¿Cómo, desde su posición, deben actuar para recuperar la confiabilidad del país y mejorar los indicadores de “estabilidad democrática”? ¿Cómo asumirán la responsabilidad de devolverle al país condiciones excelentes de vida?
Un congresista en Colombia (senador o representante a la Cámara) responde por la tarea principal de configurar el marco constitucional y legal que requiere el país para funcionar bien, es decir, con garantía plena de derechos y privilegios para todos los colombianos. Significa que podrá intervenir en la creación y modificación de las leyes, pensando en mejorar el efecto benéfico en la población en general, pero, además, apoyar el Gobierno Nacional – en una interacción positiva con otra rama del poder- en la concepción y adopción de normas que mejoran la gestión del Estado y el diseño de políticas públicas de impacto en la vida de los colombianos. El espíritu de su función, así expuesto, está centrado en dos frentes: la generación de más y más apropiadas condiciones de vida para los colombianos, en razón directa del mandato que recibieron a través del voto; y la generación de las mejores condiciones normativas y legales para la “Estabilidad” y el desempeño excelente del Estado. Sonará un poco cursi o arcaico, pero es la verdad: no llegan allí para enriquecerse en lo personal sino para velar por una condición de excelencia en el Estado, mientras que cada persona que habita en este país, sea nacional o extranjero, puede gozar de su plenitud de libertades y derechos. Si ese resultado se logra es porque los congresistas hacen bien su tarea. Si no es así, será porque llegan allí a perder el tiempo y lucrarse con el dinero que les paga el Estado.
Y hay una segunda tarea no menos importante, cual es el control político de la gestión estatal. Se trata de una “licencia” para convocar a cualquier funcionario del Gobierno Nacional, comenzando por el Presidente, para debatir y evaluar resultados en función de los compromisos de ley. Podrán los congresistas oponerse a acciones inadecuadas del gobierno, si es que llegara a darse el caso, así como promover acciones y ejecuciones que se consideren pertinentes para la vida nacional. Ésta es una faceta de la tarea política que requiere de elevadas dosis de astucia e inteligencia de parte de quién genera la convocatoria a rendición de cuentas. Si la tarea de control político se hiciera con el rigor y pertinencia que se requiere, de seguro los ministros del despacho y los directores de las instituciones marcharían con mucha más cautela y responsabilidad con respecto a su trabajo, y no se arriesgarían a verse sometidos al escarnio público por sus actos de corrupción o por su incompetencia en el cumplimiento de sus funciones. Los congresistas, cuando así se disponen, pueden ser una especie de” fiscal” insobornable de la tarea que cumplen los funcionarios del Gobierno.
Y podríamos anotar una tercera tarea que, aunque pasa desapercibida para el común de las gentes, tiene enorme relevancia a la hora de elegir altos funcionarios del Estado. Corresponde al Congreso elegir el Contralor General de la República, el Procurador General de la Nación, los Magistrados de la Corte Constitucional y de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, el Defensor del Pueblo y el Vicepresidente de la República, dado el caso en el que se presente falta absoluta o haya sido designado a la Presidencia de la República por falta absoluta del titular. La verdadera importancia radica en el hecho de recaer en el Congreso la responsabilidad de elegir el mejor candidato o candidata en estricta observancia de la transparencia, la imparcialidad, la objetividad y un análisis de conveniencia, todo con el primero y especial interés de garantizar la independencia y autonomía de tales entidades de control y protección frente al Gobierno Nacional.
Un congresista que entiende bien su tarea en favor de la Nación y la cumple es, a la vez, garantía de pulcritud y responsabilidad frente a las gentes que le concedieron el voto. Siendo conscientes que las virtudes y valores democráticos de Colombia se encuentran quebrantados y heridos por la serie de factores enunciados aquí, será una prioridad para cada uno de los congresistas que llegan al solemne recinto del Congreso velar por la recuperación de las libertades esenciales que han venido siendo arrancadas en el curso de crueles procesos de violencia que han sumido el país en una mezcla infame de fango y sangre.
Queda en manos de 286 tribunos la tarea de servir como faro en el camino para los tiempos que vienen.
Arturo Moncaleano Archila
[1] Índice Global de Democracia (Democracy Index) Mide la calidad funcional de la democracia.
https://www.infobae.com/colombia/2026/04/09/colombia-cayo-13-puestos-en-el-indice-global-de-democracia-de-the-economist-que-fue-lo-que-paso/
[2] https://www.asuntoslegales.com.co/consultorio/colombia-registro-la-caida-mas-pronunciada-de-toda-latinoamerica-en-el-democracy-index-2025-4383462
Ojalá que “iluminen” ( trabajen) bastante 🙄