El saliente gobierno se despide con el estruendo de un discurso ambientalista hueco, dejando un legado que el propio Fabio Arjona Hincapié ha calificado con precisión quirúrgica como «mucho discurso, cero acción». La designación de Arjona como ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible del próximo gobierno no es un simple cambio de fichas en el tablero de ajedrez; es, en esencia, el retorno a la gestión pública. Un retorno que huele a salitre, a mangle y a la tierra resquebrajada pero esperanzada de La Guajira.
Quienes hemos transitado los senderos del ambientalista y de la gestión territorial, sabemos que la trayectoria de Arjona no es la de un burócrata de escritorio que descubre la biodiversidad en los infográficos de Bogotá. Es la de un profesional con la tierra en las botas, un biólogo marino que entiende que la conservación no se decreta desde una torre de marfil, sino que se construye con las comunidades en el territorio. Mientras el gobierno saliente convertía el Fondo para la Vida y la Biodiversidad en lo que él mismo, con elegante y certero sarcasmo, ha denominado el «Fondo de la Vida Alegre», Arjona ha mantenido la brújula ética apuntando hacia la bioeconomía real: aquella que equipara la sostenibilidad con el crecimiento, porque sabe, que el primer enemigo de la sostenibilidad es la pobreza.
El «arjonismo» que ahora arriba al ministerio no es un culto a la personalidad, sino una metodología de acción fundamentada en el rigor técnico y el enfoque diferencial étnico. Se trata de poner en contexto nuestro capital natural como la verdadera riqueza del país. Y en el Caribe, esa riqueza tiene nombre y apellido: tiene la forma de los arrecifes coralinos que resisten el calentamiento en las costas de la Alta Guajira; la textura de los manglares que filtran el agua y protegen las especies marinas que sostienen la soberanía alimentaria de las comunidades wayuu y afrodescendientes.
Proteger estas áreas no significa paralizar el departamento en un congelador ecológico, como pretenden ciertos fundamentalismos verdes de oficina. Arjona lo sabe mejor que nadie: el licenciamiento ambiental no puede ser un instrumento de bloqueo ideológico ni de hostigamiento a proyectos existentes, sino una herramienta técnica de garantía y seguimiento. Aquí es donde su visión sobre la minería responsable y el desarrollo sostenible cobra una dimensión pragmática y necesaria. La Guajira no puede seguir siendo la despensa energética de la nación a costa de ser el vertedero de sus pasivos ambientales. Se requiere una minería que dialogue con el territorio, que respete los derechos colectivos y que entienda que la transición energética no se logra con un megavatio de retórica, sino con proyectos viables, socialmente justos y ambientalmente rigurosos.
La crítica que Arjona hace a la esquizofrenia burocrática del gobierno saliente –esa danza ridícula entre la ANLA y el Ministerio que, en sus propias palabras, recordó a un «Gollum» discutiendo consigo mismo sobre quién ostenta la potestad de un permiso de aguas tratadas– es el diagnóstico exacto de un Sistema Nacional Ambiental que dejó de funcionar como sistema. Su propuesta de mayor coordinación y entidades más técnicas es el antídoto. Los institutos de investigación, esa «joya de la corona» desamparada por la inacción, deben volver a ser el cerebro de la política pública, no los parientes pobres de la burocracia estatal.
El arjonismo en marcha es, en última instancia, una apuesta por la inteligencia colectiva frente a la improvisación clientelista. Es la certeza de que se puede gobernar con rigor técnico sin perder la sensibilidad humana y la memoria biocultural. Mientras el viento alisio sigue barriendo las dunas desde Cabo de la Vela hasta las puertas de Maicao, la región tiene ahora un interlocutor en Bogotá que no necesita que le expliquen qué es un páramo, ni por qué un manglar vale más en pie que talado.
El reto es monumental. La calificación de «cero» al gobierno anterior es un piso, no un techo. Ahora le corresponde al Caribe, a sus líderes étnicos, a sus académicos y a sus comunidades, exigir que este «arjonismo» se traduzca en hechos tangibles. Que la protección de nuestros arrecifes y manglares deje de ser una promesa de campaña y se convierta en una política de Estado inquebrantable. Porque, como bien lo advierten los marcos de la economía ecológica y los determinantes sociales de la conservación, no hay justicia ambiental sin justicia social. Y en La Guajira, la justicia lleva mucho tiempo esperando su turno. Que esta nueva marea verde no nos encuentre dormidos.
Arcesio Romero Pérez
Qué horror.
Lo bueno, especial 🙈 y anecdótico de todo esto es que estoy cursando mi segunda maestría justo cuando este gobierno apenas comienza. ¡Dios es divino!#AprendiendoMuchoParaCuestionarlosMuchísimoOooooooo