Las sociedades suelen recurrir a personajes legendarios para explicar el comportamiento de sus gobernantes. Robin Hood es uno de ellos. La tradición lo describe como el hombre que enfrentaba a los ricos para favorecer a los pobres, convencido de que la justicia podía alcanzarse incluso si para ello era necesario actuar por fuera de las reglas.
Esa imagen ha sobrevivido durante siglos porque representa una idea poderosa de como resolver las desigualdades por cualquier medio. En Colombia, esa metáfora sirve para analizar un estilo de gobierno que podría denominarse Petrorobinhoodismo, una forma de ejercer el poder en la que el impulso redistributivo parece ocupar un lugar predominante.
El presidente Gustavo Petro ha construido buena parte de su liderazgo alrededor de una convicción relacionada con que el Estado debe transferir más recursos hacia los sectores vulnerable y reducir las brechas sociales acumuladas durante décadas. Esa orientación no es nueva ni exclusiva de su gobierno. Numerosos gobiernos democráticos han impulsado políticas redistributivas mediante subsidios, programas sociales e impuestos progresivos. La diferencia está en la manera como se entiende y ejecuta esa función social del Estado.
En las políticas públicas modernas, entregar recursos a la población vulnerable no depende únicamente de la voluntad política. Exige estudios técnicos, caracterización socioeconómica, reglas objetivas de selección, criterios verificables, sistemas de información confiables y mecanismos de transparencia que permitan demostrar por qué una persona recibe un beneficio y otra no. El propósito es garantizar que los recursos públicos lleguen realmente a quienes los necesitan y evitar que las decisiones dependan de apreciaciones personales, intereses políticos y clientelistas.
Es precisamente en ese punto donde surge el concepto de Petrorobinhoodismo. No como una teoría académica, sino como una forma de describir la percepción de que, en ocasiones, el impulso redistributivo parece estar más asociado al convencimiento personal del presidente que al desarrollo de los instrumentos técnicos que exige una política pública. La prioridad parece ser que los recursos lleguen rápidamente a los sectores populares, aun cuando los procedimientos administrativos, legales o técnicos generen controversias o requieran mayor consolidación.
Esta percepción ha alimentado debates alrededor de distintas iniciativas gubernamentales, algunas de ellas no han sobrevivido al trámite en el congreso. En varios casos, las discusiones públicas no se han concentrado en si es correcto ayudar a los pobres, pues ese objetivo genera amplio consenso, sino en la forma como se identifican los beneficiarios, cómo se garantiza la igualdad de oportunidades para acceder a los programas y qué mecanismos de control existen para evitar errores, exclusiones y favoritismos electorales.
En un Estado moderno, la redistribución no solo debe ser justa, ella también debe ser viable pertinente y sostenible. No basta con afirmar que una política favorece a los más vulnerables. Es indispensable que cualquier ciudadano pueda conocer cuáles fueron los criterios utilizados, quién verificó la información, cómo se priorizaron los beneficiarios, la sostenibilidad de la acción y qué entidad supervisó el proceso. La transparencia constituye una condición tan importante como la solidaridad.
Robin Hood nunca tuvo que enfrentar esas restricciones. La leyenda no habla de periodo de tiempo, censos, registros sociales, auditorías ni sistemas de focalización. Su legitimidad descansaba en la idea de que ayudaba a quienes más lo necesitaban. Un presidente, en cambio, administra recursos públicos financiados por toda la sociedad y, por esa razón, está obligado a actuar bajo procedimientos previamente definidos y sujetos al control de las instituciones.
Por eso la principal diferencia entre la leyenda y la administración pública es que las buenas intenciones no reemplazan las reglas: no todo vale. En democracia, la lucha contra la pobreza requiere algo más que voluntad política. Necesita información confiable, criterios objetivos, instituciones sólidas y decisiones transparentes que puedan ser examinadas por los organismos de control y por la ciudadanía. De lo contrario, incluso una política inspirada en fines nobles puede perder legitimidad.
El Petrorobinhoodismo podría entenderse entonces como una forma de liderazgo en la que el propósito redistributivo adquiere un peso tan significativo que, para sus críticos, corre el riesgo de desplazar a un segundo plano la importancia de los procedimientos técnicos que sustentan las políticas públicas. Sus defensores, por el contrario, sostienen que el exceso de trámites y requisitos ha impedido durante años que la ayuda llegue con oportunidad a quienes más la necesitan. El debate, por tanto, no gira únicamente alrededor del destino de los recursos, sino sobre el equilibrio macroeconómico, la rapidez, eficacia, legalidad y transparencia.
La experiencia internacional muestra que las políticas sociales más exitosas no son necesariamente las que distribuyen mayores cantidades de recursos, sino aquellas que logran combinar sensibilidad social con rigor técnico. Cuando la identificación de beneficiarios es objetiva y verificable, aumenta la confianza ciudadana, disminuyen los riesgos de clientelismo y se fortalece la legitimidad del Estado. En ese escenario, la redistribución deja de depender de la voluntad de un gobernante y se convierte en una política pública estable y sostenible.
La comparación con Robin Hood seguirá siendo una metáfora abierta al debate. La existencia histórica del legendario arquero inglés luchaba contra el sheriff de Nottingham y el príncipe Juan sin Tierra, aún no ha sido demostrada de manera concluyente y permanece entre la historia y la ficción. De igual forma, la gestión del presidente Gustavo Petro todavía pertenece al presente y su verdadero impacto solo podrá establecerse cuando el tiempo permita evaluar con serenidad no solo la magnitud de los recursos redistribuidos, sino también la solidez institucional, la transparencia, la eficacia con las que fueron administrados y concluir que ese afán de redistribución trascendió la búsqueda de votos para la reproducción del poder político.
Cesar Arismendi Morales