Petro duró un año ampliando la base electoral de la izquierda a punta de transferencias monetarias, incremento de coberturas a poblaciones vulnerables, traslado masivo de recursos a comunidades indígenas y juntas administradoras locales, aumento de burocracia y contratos de prestación de servicios.
Aumentó el salario mínimo, dio mayores sueldos para soldados, agentes y suboficiales y una prima para los maestros, subió los beneficios a los adultos mayores sin pensión, regaló 31 billones de pesos a dedo y sin ningún control en la ejecución a los resguardos y las JAL, creó 369.000 nuevos empleos en la administración pública, educación y salud que supusieron 22,7 billones adicionales de gasto, hizo más de 85.000 OPS por un valor de 5,1 billones solo durante enero de 2026.
Esas transferencias y contratos explican buena parte del aumento de popularidad de Petro. Saltó del 33% que tuvo durante los tres primeros años de su gobierno al 49% para las elecciones. También se dedicó sin pudor a intervenir en política, en abierta violación a la prohibición constitucional, y puso a todo su gobierno y a sus contratistas a trabajar por la candidatura de Cepeda. La campaña a favor de Cepeda contó con dinero a raudales.
Al mismo tiempo, en una reedición del pacto de la Picota, los grupos criminales se pusieron en la tarea de trabajar por Cepeda tanto en las áreas rurales como en las comunas en las grandes ciudades. No hay duda de que hubo “voto resguardo”, pero negar que en muchas áreas del país se votó con el fusil en la nuca es una tontería. Hay denuncias de las comunidades en muchos departamentos del país que lo confirman y para la oposición fue imposible hacer campaña en decenas de municipios del país. Me consta. Por razones de seguridad me impidieron ir a muchos en Cauca, Caquetá, Huila y Nariño, por ejemplo.
Pero el gobierno de Petro es tan malo, y fueron tantas sus equivocaciones y las de Cepeda en campaña, que no les alcanzó, a pesar de que la mesa de juego estaba descaradamente desequilibrada a su favor. El miedo a perder la democracia y la Constitución del 91 y, en menor grado, la economía de mercado, y a quedar en manos de los bandidos empoderados desde la Casa de Nariño, decidieron la elección.
Sin embargo, la discusión sobre si la mitad de Colombia apoya a la izquierda es inútil. Libremente o con la amenaza del fusil, engañados o conscientes, por convicción ideológica o movidos por el deseo de preservar el empleo o el contrato, lo cierto es que De la Espriella ganó por menos de un 1% de diferencia.
Y olvidarlo sería fatal. Por un lado, porque para acertar es indispensable reconocer que se inicia con un país profundamente dividido. La soberbia solo traería equivocaciones. Por el otro, porque los espacios políticos, el margen de gobernabilidad, son estrechos. No hay una cuenta profunda contra la cual girar. Hay que construir mayorías en el Congreso. Y si bien se cometería un grave error si se gobernara con las encuestas en la mano, también sería una equivocación no considerar la base electoral desde la cual se parte.
Ahora, el reconocimiento de esa división social, política y territorial (en cada elección se profundiza más la brecha entre las costas y la Amazonía y el centro y el centro oriente del país) no puede significar que se le exija a DLE un acuerdo nacional que hoy es imposible o, en su versión ligera, gobernar con las tesis de Petro y Cepeda. DLE tiene no solo el derecho sino el deber con sus electores de impulsar sus propuestas. La democracia es el gobierno de las mayorías. Pero, tampoco ha de olvidarse, lo es también gobernar respetando los derechos de las minorías derrotadas.
Los desafíos son enormes. DLE inicia su gobierno con vientos en contra por la policrisis que deja Petro y con el riesgo de que se generen rápidos desgastes por la frustración de las expectativas generadas por las ofertas de campaña.
Algunas de esas propuestas no son viables. No podrá acabar la JEP, por ejemplo, porque esa jurisdicción tiene respaldo constitucional y se requeriría un acto legislativo de resultados inciertos. Tampoco podrá retirar a Colombia de la OEA y de la ONU sin pasar por el Congreso y por la Corte Constitucional. Y recuperar la seguridad en tres meses, o en su versión nueva y light, capturar a «diez bandidos de alto perfil”, no será factible sin implementar un conjunto de reformas a la Fuerza Pública que, me temo, son indispensables y necesitarán más tiempo. En abandonar lo inviable, escoger muy bien las peleas, y concentrarse en lo posible estará la clave del éxito.
Si ganar fue un milagro, no lo será la construcción de la patria que se desea. Paciencia, prudencia, humildad, inteligencia y muchísimo trabajo es lo que se requiere.
Rafael Nieto Loaiza