El Niño dejó de ser una advertencia distante consignada en los boletines climáticos. Sus efectos ya se sienten en las fuentes de agua, los cultivos, las pasturas y los costos de producción. Al mismo tiempo, vuelve a crecer la preocupación por los precios. Según el DANE, en agosto la inflación mensual fue de 0,39 % y la anual llegó a 6,24 %. Los alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron 0,71 % durante el mes y acumularon una variación anual de 7,16 %. ANIF estima que, bajo un escenario climático severo, la inflación podría alcanzar 7,3 % al finalizar el año.
No sería riguroso atribuirle todo ese comportamiento a El Niño. La inflación también responde al costo de la energía, la situación fiscal, el transporte, los insumos, la tasa de cambio y las restricciones logísticas. Sin embargo, sería igualmente equivocado minimizar el efecto del clima sobre la oferta agropecuaria. Cuando disminuyen las lluvias, cae la disponibilidad de agua, se deterioran los pastos, aumenta el costo de alimentar los animales y se reducen los rendimientos. El impacto comienza en la finca, pero termina en las plazas de mercado y en la mesa de los hogares.
El problema es más profundo porque buena parte de la agricultura colombiana sigue dependiendo directamente de las lluvias. Miles de productores siembran esperando que el régimen climático se comporte como antes, aunque la variabilidad de los últimos años demuestra que esa certeza ya no existe. Seguimos teniendo distritos de riego deteriorados, baja capacidad para almacenar agua y productores sin infraestructura intrapredial. Para muchas familias rurales, una semana adicional de sequía puede representar la pérdida de la cosecha, del ingreso esperado y de la capacidad para pagar sus obligaciones.
En este escenario debe reconocerse el liderazgo que comienza a ejercer el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond. La activación de un plan de choque con disponibilidad de forrajes y créditos subsidiados para sistemas de riego muestra una decisión de anticiparse a una afectación mayor. También resulta pertinente su propuesta de flexibilizar las obligaciones agropecuarias y ampliar los plazos de pago para los productores afectados. Son señales correctas porque conectan la emergencia con dos necesidades inmediatas del campo: agua y liquidez.
El verdadero alcance de esas medidas dependerá de la ejecución territorial. Anunciar una línea de crédito no garantiza que el agua llegue a la finca. El productor que carece de historial financiero, garantía, diseño técnico o capacidad para formular un proyecto puede seguir excluido, aunque los recursos estén disponibles. Tampoco basta con ampliar los plazos de una deuda si la medida no viene acompañada de acciones para sostener o recuperar la producción. Esa es la distancia que el Ministerio debe cerrar entre el instrumento nacional y la realidad de cada municipio.
El ministro Dangond podría encabezar un Puesto de Mando Unificado (PMU) para proteger la producción agropecuaria y anticipar los riesgos de abastecimiento mientras permanezcan las condiciones asociadas a El Niño. No se trataría de crear otra entidad ni de formular un nuevo documento. Sería un mecanismo temporal de coordinación, seguimiento y decisión, con capacidad para identificar semanalmente dónde están las mayores afectaciones y concentrar allí la respuesta pública.
En el PMU deberían participar el IDEAM, la UPRA, la ADR, el ICA, Agrosavia, Finagro, el Banco Agrario, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, las gobernaciones, las secretarías de Agricultura, los gremios y representantes de los productores. Su función sería determinar dónde está disminuyendo la disponibilidad de agua, cuáles cadenas productivas enfrentan mayor riesgo, quiénes necesitan refinanciación y en qué municipios deben concentrarse los forrajes, el riego, los reservorios, el crédito y la asistencia técnica.
La gestión tendría que medirse con resultados verificables: hectáreas protegidas, productores atendidos, créditos desembolsados, obligaciones reestructuradas, reservorios habilitados, animales alimentados y volúmenes de producción preservados. También debería vigilar los principales productos de la canasta familiar. Si el país identifica con anticipación dónde disminuirá la producción de arroz, papa, maíz, leche, carne, frutas u hortalizas, podrá organizar el abastecimiento, el transporte y el almacenamiento, y evitar importaciones tardías que terminen perjudicando al productor nacional cuando comience a recuperarse.
El Banco de la República puede utilizar las tasas de interés para contener la demanda y evitar que aumenten las expectativas de inflación. Lo que no puede hacer es producir alimentos, llenar un reservorio o recuperar una hectárea perdida. Cuando parte de la presión sobre los precios proviene de una menor oferta, la respuesta también debe darse desde la producción. Proteger una cosecha antes de perderla cuesta menos que indemnizar posteriormente al agricultor y enfrentar alimentos más caros para toda la población.
El Niño golpea duro, pero sus consecuencias no tienen que convertirse inevitablemente en pérdidas rurales, desabastecimiento e inflación. Colombia no puede controlar el comportamiento del océano Pacífico. Sí puede decidir si vuelve a esperar la emergencia o si actúa de manera coordinada. El liderazgo del Ministerio deberá medirse por su capacidad para convertir las alertas, los créditos y los anuncios en agua disponible, cultivos protegidos y alimentos que efectivamente lleguen al mercado.
Luis Miguel Pico Pastrana