Ha pasado un año desde la muerte de Miguel Uribe Turbay y Colombia parece haber olvidado demasiado pronto aquello que juró no olvidar jamás.
En esta Colombia de fuegos latentes y pasiones incendiarias, donde tantas veces el odio se disfraza de ideología y la cobardía pretende presentarse como una causa noble, fuimos testigos de un crimen que nos golpeó como una bofetada y nos devolvió, sin misericordia, a las páginas más oscuras de nuestra historia. Durante algunos días creímos haber entendido el mensaje. Nos estremecimos y prometimos que la violencia política no volvería a encontrar lugar entre nosotros.
Pero pasó el tiempo. Se apagaron las cámaras, terminaron los homenajes y el país regresó a su costumbre más antigua: olvidar antes de aprender.
Miguel Uribe Turbay murió el 11 de agosto de 2025, después de permanecer sesenta y cinco días luchando por su vida. Había sido atacado el 7 de junio mientras intervenía en un acto político en el parque El Golfito, en Bogotá. Estaba allí, de pie frente a los ciudadanos, defendiendo sus convicciones con la palabra, cuando las balas irrumpieron para resolver aquello que solamente debía resolverse mediante las ideas y los votos.
El atentado no fue únicamente un ataque contra su humanidad. Fue una afrenta contra la arquitectura ya resquebrajada de nuestra institucionalidad. Porque las balas que se disparan contra un dirigente político no buscan solamente atravesar un cuerpo: buscan intimidar a quienes hablan, disciplinar a quienes disienten y advertirles a los demás que pensar con libertad todavía puede costar la vida en Colombia.
Miguel no era un político más. Para muchos representaba una reserva moral en un país que ha terminado por acostumbrarse al desorden, a la estridencia y a la indignación convertida en espectáculo. Tenía una manera firme de defender sus convicciones, pero no necesitaba gritar para hacerse escuchar. Su palabra era serena; su postura, vertical. En una política dominada por el resentimiento y el aplauso fácil, defendía la ley, el orden democrático y las instituciones, no como reliquias del pasado, sino como los cimientos indispensables de una convivencia civilizada.
Eso incomodaba. Incomodaba su firmeza. Incomodaba su manera de ejercer la oposición sin pedir permiso. Incomodaba porque no parecía dispuesto a negociar sus convicciones para obtener la aprobación de las mayorías circunstanciales. Sus ideas podían y debían ser discutidas, controvertidas e incluso derrotadas. Pero jamás silenciadas mediante la violencia.
Durante los sesenta y cinco días en que permaneció entre la vida y la muerte, el país pareció reconocerse en su tragedia. Miles de personas rezaron por él. Dirigentes de diferentes sectores condenaron el atentado. Las instituciones prometieron esclarecerlo. Por un instante, Colombia comprendió que el disparo contra Miguel no pertenecía únicamente a una familia o a un partido: era una herida abierta en el cuerpo entero de la democracia.
Un año después, la justicia ha reconstruido una parte del entramado criminal. Se han producido capturas, judicializaciones y condenas contra personas vinculadas con la planeación, la logística y la ejecución del atentado, pero la muerte de Miguel continúa siendo una tesis del ente investigador. No existe todavía una decisión judicial definitiva que permita afirmar que todas las responsabilidades intelectuales están plenamente esclarecidas. Conocemos algunas piezas del crimen, pero aún no toda la verdad.
También hubo homenajes. El Congreso de la República expidió una ley para honrar su memoria. El parque donde ocurrió el atentado recibió su nombre y allí se levantó un monumento. Todo eso es justo y necesario. Pero no basta.
Hace un año hablamos de moderación, reconciliación y respeto por quien piensa distinto. Hoy volvemos a vivir entre acusaciones, agravios y amenazas. Dijimos que ninguna diferencia justificaba la violencia, pero seguimos midiendo la gravedad de una agresión según la ideología de quien la padece. Condenamos con vehemencia cuando la víctima pertenece a nuestra orilla y relativizamos cuando se encuentra en la contraria.
Como si unas vidas valieran más que otras. Como si el dolor tuviera partido político.
Miguel conocía desde niño el costo de la violencia. La muerte de su madre, Diana Turbay, marcó su vida cuando estaba a punto de cumplir cinco años. Aun así, decidió participar en la vida pública del mismo país que había herido a su familia. No convirtió el dolor en una licencia para el odio, sino en una razón para servir.
Pudo escoger el resentimiento, pero escogió la política. Pudo refugiarse en el silencio, pero eligió hablar. Pudo mantenerse al margen, pero decidió dar la cara.
Por eso su muerte trasciende su nombre y su partido. Miguel representaba la posibilidad de una política que no se entregaba a la indignación fácil ni se arrodillaba ante los ídolos del resentimiento. Representaba a esa Colombia que todavía cree que se puede disentir sin odiar, ejercer la oposición sin destruir y defender una convicción sin convertir al otro en objetivo.
El verdadero homenaje no consiste en idealizarlo ni en repetir su nombre cada 11 de agosto. Consiste en defender aquello que las balas intentaron destruir: el derecho a pensar, disentir y hablar sin miedo.
Ha pasado un año. Colombia puede seguir levantando monumentos mientras permite que la intolerancia siga abriendo el camino hacia nuevas tragedias. O puede decidir que esta muerte marque finalmente un límite moral.
Porque si permitimos que la violencia vuelva a convertirse en lenguaje político, no será el pueblo quien gobierne, sino el miedo.
Y si después de Miguel Uribe volvemos a olvidar, estaremos condenados a repetir la historia que tantas veces hemos lamentado.
Dinhora Luz Sierra Peñalver