“La solidaridad reunió los hilos; reconstruir significa volver a unir viviendas, empleos, escuelas, memoria y confianza”
El terremoto del 10 de agosto todavía no termina de contarse. Con corte a la mañana del 14 de agosto, el balance atribuido a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres registraba 281 personas fallecidas, 3.971 heridas, 379 desaparecidas y 44.936 familias afectadas. También se reportaban 10.677 viviendas destruidas y 65.841 averiadas. Son cifras preliminares, pero ya permiten entender la magnitud real y que el desastre no rompió solamente paredes y carreteras. Deshiló de golpe la vida de miles de hogares, sus ingresos, sus escuelas, sus negocios, sus recuerdos y la confianza de poder volver a empezar.
En Cartagena, mientras tanto, el contador de la solidaridad empresarial avanzó con una velocidad poco habitual. El 14 de agosto al cierre del Congreso Empresarial Colombiano de la ANDI llegó a casi $201.000 millones, con la participación de más de 500 empresas que recaudaron unos 101.000 millones y un generoso aporte de la familia Santo Domingo que donará 100 mil millones de pesos para la atención de las víctimas del terremoto. Es una reacción notable frente a una tragedia que exige todas las capacidades disponibles. Pero una montaña de ovillos no es todavía una manta: los millones no tejen solos.
El dinero es el hilo necesario, valioso y limitado. Para convertirlo en protección hacen falta diseño, manos capaces de ejecutarlo y claridad sobre el lugar de cada pieza. Ese diseño debe decidir qué se atiende primero, quién responde, cómo se compra, dónde queda el empleo y qué resultado se espera. Sin una trama, el recaudo puede ser generoso y, aun así, dejar huecos por los que sigan cayendo familias enteras.
Conviene reconocer lo que ya se logró. La ANDI aportó inicialmente $2.000 millones, equivalentes al 50 % de las inscripciones al Congreso; la CAF anunció US$1 millón y cientos de compañías ofrecieron dinero, alimentos, medicamentos, materiales, transporte y capacidad operativa. Esa movilización demuestra que el sector privado puede reaccionar rápidamente y poner sus redes productivas al servicio de una emergencia nacional. El mérito no es menor. Precisamente por respetar ese esfuerzo, hay que exigir que su valor no termine medido únicamente por la cifra anunciada.
Entre el peso ofrecido en un auditorio y la familia que vuelve a una vivienda segura existe una cadena poco fotogénica. El recurso debe recibirse; los aportes en especie, valorarse; las necesidades, verificarse; las compras, contratarse; los bienes, transportarse; las obras, ejecutarse, y el resultado, comprobarse. Cada paso puede fortalecer la trama o romperla. Recaudar es un momento; reconstruir es una secuencia que durará años.
Aquí aparece una confusión económica que conviene desmontar. Frédéric Bastiat la explicó con la parábola de la ventana rota, donde argumenta que reemplazar un vidrio destruido da trabajo al vidriero, pero no enriquece a la sociedad. Se gastan recursos en recuperar algo que ya existía y se renuncia a otros usos. Un terremoto puede mover temporalmente la construcción, el transporte o algunos componentes del PIB. Eso no convierte la destrucción en prosperidad.
La actividad visible de las obras no compensa las vidas perdidas, los negocios cerrados, las clases interrumpidas, los ingresos ausentes, la salud mental deteriorada ni el patrimonio desaparecido. La reconstrucción crea valor solo cuando restituye capacidades y reduce el riesgo que amplificó el desastre. Su éxito no es gastar mucho, sino permitir que las personas vuelvan a vivir, aprender y producir en mejores condiciones.
Tampoco todo aporte cumple la misma función. Alimentos, medicamentos y alojamiento temporal pertenecen a la atención humanitaria. Restablecer servicios o reabrir un comercio forma parte de la recuperación temprana. Levantar viviendas, hospitales, escuelas y vías exige otro horizonte. Reforzar normas de construcción, alertas, preparación comunitaria y capacidad institucional corresponde a la resiliencia. Mezclar las etapas en un contador impide saber qué problema se resolvió y cuál sigue esperando.
El desafío inmediato es que cada hilo llegue donde hace falta. Eso es la llamada última milla, que no siempre termina en una carretera. Puede ser una vereda incomunicada, una familia sin documentos, un negocio que no figura en los registros, una cuidadora que no puede llegar a la oficina de atención o una comunidad cuya prioridad nadie preguntó. Una bodega llena demuestra capacidad disponible; no una necesidad resuelta.
Por eso la trazabilidad debe ser tan visible como el recaudo. El país debería seguir la ruta completa de cuánto se anunció, cuánto ingresó, qué llegó en especie y cómo se valoró, quién lo administra, dónde fue asignado, cuánto se ejecutó y qué capacidad se recuperó. No basta una lista de entregas. El indicador decisivo es la proporción de compromisos que termina en viviendas seguras, aulas abiertas, servicios funcionando, ingresos restablecidos y riesgos reducidos.
Hay, además, una decisión económica que suele esconderse dentro de los contratos, dónde se compra y quién ejecuta. Si la reconstrucción vincula maestros de obra, transportadores, productores y proveedores locales, una parte mayor del gasto permanece en las regiones afectadas, circula entre hogares y comercios y ayuda a recuperar empleo e ingresos. Si materiales, contratos y utilidades salen del territorio, podrán levantarse edificios mientras la economía de sus habitantes continua caída. El multiplicador no depende solo de cuánto se gasta, sino de cuánto valor queda y se reproduce allí.
Esto obliga a mirar más allá de las grandes obras. Las MiPymes, los comerciantes, los campesinos y los trabajadores informales necesitarán capital de trabajo, reposición de inventarios, alivios financieros y canales para vender de nuevo. Si no se atienden, muchas familias recibirán un techo, pero perderán el sustento con el que deben conservarlo. Recuperar una economía cotidiana significa que vuelvan el crédito, el mercado, el transporte, el cliente y la posibilidad de pagar una nómina, no solo que una retroexcavadora aparezca en la fotografía.
La cultura también forma parte de esa economía y no puede quedar para el final. Talleres artesanales, cocinas tradicionales, hoteles, archivos, museos, bibliotecas, fiestas, escenarios y emprendimientos turísticos guardan empleo, conocimiento y memoria. Cuando desaparecen, el territorio pierde ingresos, pero también pierde formas de reconocerse. Reconstruir una casa patrimonial como si fuera una estructura cualquiera o trasladar a una comunidad sin escuchar su relación con el lugar puede reparar metros cuadrados mientras agranda una herida cultural.
El lenguaje de los donantes suele olvidar que la comunidad no es material pasivo; es parte de quien teje. Sus habitantes saben dónde se inunda, qué camino aísla una vereda, quién vive del día a día, qué edificio guarda memoria y qué solución fracasará. Esa experiencia no reemplaza la ingeniería ni la administración pública, pero las hace más precisas. Participar no es asistir cuando todo está decidido; es influir en las prioridades, vigilar la ejecución y evaluar el resultado.
Reconstruir con resiliencia tampoco significa coser la rotura para que todo quede exactamente como estaba. Si una vivienda se levantó en suelo inestable, una escuela carecía de rutas seguras o una familia sobrevivía sin protección social, repetir el mismo patrón reproduce la vulnerabilidad. La nueva trama debe ser más resistente y mejores normas, información accesible, infraestructura adaptada, seguros adecuados y gobiernos locales capaces de prevenir y responder. Pero fortalecer no debe equivaler a borrar. La seguridad puede mejorar sin expulsar a la gente ni uniformar la identidad de sus pueblos.
La cooperación entre el Estado y los empresarios será decisiva, con responsabilidades claras. El sector privado aporta recursos, tecnología, logística y capacidad productiva; no sustituye el deber público de identificar necesidades, ordenar el territorio, garantizar derechos y rendir cuentas. La urgencia no puede convertirse en opacidad ni la donación en licencia reputacional. Un tablero abierto, auditorías independientes, compras transparentes y reportes por territorio protegerían a las comunidades y a quienes aportaron de buena fe.
La solidaridad reunió los hilos. Ahora hay que convertirlos en una trama capaz de sostener la vida. Sabremos que la reconstrucción avanzó cuando una familia habite con seguridad, un niño vuelva a su escuela, una pequeña empresa recupere sus clientes, un oficio conserve su memoria y una comunidad enfrente el próximo riesgo con menos miedo y mejores herramientas. El contador puede crecer en horas; la confianza tarda años. Por eso la cifra que merece celebrarse no es solamente la que entra, sino la capacidad que permanece. Los millones ayudan. Pero los millones no tejen solos.
Fabián Dangond Rosado
Desarrollo económico territorial y competitividad | Ingeniero industrial · Magíster en Emprendimiento e Innovación | Presidente del CUEES Cesar | Economía creativa · Decisiones públicas con evidencia