Hay ideologías que son juzgadas por lo que hacen y otras que parecen disfrutar del privilegio de ser evaluadas por lo que prometen. Esa diferencia, aparentemente sutil, ha sido una de las grandes trampas del debate político contemporáneo.
De una forma u otra, al socialismo se le ha juzgado casi siempre por sus ideas y por sus aspiraciones pretendidamente santas, no por sus resultados probadamente espantosos. A sus defensores se les permite refugiarse en la nobleza de sus intenciones: igualdad, justicia, solidaridad, dignidad para los humildes y construcción de un mundo mejor. Cuando la realidad contradice esas promesas, la respuesta suele ser que el problema no estaba en la doctrina, sino en quienes la aplicaron.
Así, el socialismo conserva una especie de inmunidad moral. Si produce pobreza, se dice que fue por culpa del bloqueo, de los enemigos externos o de una aplicación imperfecta. Si destruye las instituciones, se afirma que todavía no se ha alcanzado la verdadera revolución. Si limita la libertad, se justifica como una medida temporal para defender el proyecto. Y si convierte al Estado en una maquinaria de control, se presenta como el precio inevitable de construir el paraíso.
Mientras tanto, las ideas políticas que defendemos desde la libertad, la propiedad, la responsabilidad individual, el mérito y la autoridad de la ley son juzgadas con un criterio completamente distinto. A nosotros no nos evalúan por la belleza de las intenciones, sino por cada error, cada fracaso y cada resultado imperfecto. Se nos exige demostrar en la práctica lo que a los socialistas se les permite seguir prometiendo en teoría.
Ahí está la trampa: comparar la realidad de unas ideas con la fantasía de las otras.
Nadie compara un sistema político con el paraíso que promete. Lo correcto sería compararlo con la sociedad que realmente construye. Las ideologías no deben ser medidas por sus himnos, sus consignas ni sus discursos sobre la redención humana, sino por las vidas que producen, las libertades que respetan, las oportunidades que crean y la dignidad que dejan en pie.
Porque prometer el bien no es hacer el bien. La historia está llena de proyectos que comenzaron hablando en nombre de los pobres y terminaron empobreciéndolos; que prometieron liberar al ser humano y terminaron vigilando sus palabras; que proclamaron la igualdad y acabaron construyendo castas privilegiadas; que anunciaron la democracia popular y terminaron persiguiendo toda disidencia.
El problema no es que el socialismo tenga aspiraciones nobles. Muchas de sus aspiraciones son compartidas por cualquier persona decente. ¿Quién no quiere justicia? ¿Quién no desea que los débiles sean protegidos? ¿Quién puede oponerse a una sociedad con menos pobreza y más oportunidades? El problema aparece cuando una ideología pretende monopolizar esos valores y declara sospechoso a todo aquel que no acepta sus métodos.
La justicia no se vuelve más justa porque se imponga desde un partido único. La solidaridad no es solidaridad cuando se obtiene mediante la amenaza. La igualdad no es dignidad cuando exige que todos sean reducidos al mismo nivel. Y la defensa de los pobres pierde su legitimidad cuando convierte a los pobres en una excusa para concentrar el poder.
Toda idea política debe someterse a una pregunta sencilla: ¿qué ocurre cuando llega al poder y permanece allí durante años? ¿Respeta la libertad de prensa? ¿Acepta la alternancia? ¿Tolera la crítica? ¿Permite que los ciudadanos prosperen sin depender de la voluntad del Estado? ¿Reconoce sus errores? ¿Entrega el poder cuando pierde las elecciones?
Esas preguntas no se responden con promesas. Se responden con hechos.
Por eso necesitamos dejar atrás el debate sentimental que absuelve al socialismo por sus intenciones y condena a sus adversarios por sus defectos. Una sociedad madura no puede seguir juzgando las ideas por el color de sus banderas ni por la emoción de sus discursos. Debe juzgarlas por sus consecuencias.
Si una doctrina promete el cielo, pero construye un infierno, no puede seguir siendo defendida únicamente por el cielo que prometió. Y si quienes la defienden exigen que las demás ideas sean evaluadas por sus resultados, deben aceptar el mismo criterio para la suya.
La política no puede continuar siendo un concurso de buenas intenciones. Gobernar es responder por la realidad. Y la realidad, a diferencia de la propaganda, no se deja seducir por palabras bonitas: muestra el precio de cada decisión, el daño de cada error y la verdad de cada promesa.
Ha llegado la hora de juzgar todas las ideas con la misma vara. No por lo que dicen que quieren hacer, sino por lo que efectivamente hacen cuando tienen el poder.
Abel Enrique Sinning Castañeda