Cuando mi hija de 15 años al levantarse me expresa una frase “mami pasar una noche donde la luz se va diecisiete veces y se (normaliza) a las 4:00 de la mañana me parece que nos desorienta y no logramos los objetivos del día” palabras que resuenan y me han permitido entrar en razón para vislumbrar, la luz que merecemos en el Caribe; es energía digna para vivir, estudiar y progresar, hablar de energía eléctrica no es hablar solamente de cables, postes, facturas o kilovatios, es hablar de la señora que debe escoger entre pagar una factura o comprar comida; del pequeño comerciante que pierde sus productos por un apagón inesperado; del estudiante que intenta hacer una tarea con el celular descargado y bajo el calor insoportable de una noche sin aire, sin ventilador; de una familia que vive con la angustia permanente de que el servicio falle, pero con la certeza dolorosa de que el cobro sí llegará puntual.
La energía eléctrica, en pleno siglo XXI, dejó de ser un lujo para convertirse en una condición mínima de la naturaleza humana, sin energía no hay refrigeración adecuada de alimentos, no hay comunicación estable, no hay educación digital, no hay emprendimiento moderno, no hay salud doméstica, no hay descanso digno; por eso, cuando una región entera siente que paga más de lo que puede y recibe menos de lo que merece, el problema deja de ser técnico y se convierte en una herida social.
Durante años, los habitantes del Caribe colombiano han cargado con una relación difícil con el servicio eléctrico, en nuestra memoria colectiva todavía está el recuerdo de Electricaribe, sus fallas, sus reclamos sin respuesta y la sensación de abandono institucional, cuando llega A-ire, con promesas y nuevos discursos de solución surge la ilusión, sin embargo, para muchas comunidades, barrios, corregimientos, resguardos indígenas y municipios apartados, la experiencia cotidiana sigue marcada por costos altos y un servicio muy malo.
Es cierto que recientemente se han anunciado reducciones y ajustes tarifarios en la región Caribe, la Comisión de Regulación de Energía y Gas ha tomado decisiones orientadas a desmontar algunos componentes especiales que venían encareciendo la factura, y autoridades regionales han señalado que el costo unitario ha mostrado señales de estabilización, pero la pregunta que se hace el ciudadano común es sencilla: ¿cómo se puede permitir, pasar toda la noche sin luz? ¿Cómo se quita el servicio por más de ocho horas en el día? ¿Cómo se puede tolerar el daño de electrodomésticos por los constantes apagones? ¡Y nadie dice nada!
El Caribe colombiano y en especial nuestra Guajira no pide privilegios, pide equilibrio, solicita pagar lo justo por un servicio confiable, exige que la calidad esté a la altura del cobro, reclama qué las empresas prestadoras, el Gobierno nacional, los entes reguladores y las autoridades locales entiendan que detrás de cada recibo hay una historia humana; en un territorio donde el calor aumenta el consumo, donde la informalidad laboral golpea a miles de hogares y donde muchos ingresos dependen del rebusque diario, una tarifa elevada no es un dato estadístico es una presión que desordena toda la economía familiar.
El impacto económico es profundo, un comerciante que vende pescado, carnes, helados, jugos o medicamentos necesita energía estable para conservar sus productos, si se va la luz, pierde inventario, si sube demasiado la factura, pierde rentabilidad; si ambas cosas ocurren al mismo tiempo, puede perder su negocio, lo mismo sucede con talleres, restaurantes, panaderías, peluquerías, tiendas, hoteles pequeños y emprendimientos familiares, la energía cara y deficiente funciona como un impuesto invisible contra la productividad regional.
Una región con vocación turística, portuaria, agroindustrial, cultural y comercial no puede desarrollarse plenamente si su base energética es incierta, la inversión necesita confianza, ningún empresario serio quiere instalarse donde el servicio eléctrico es inestable, costoso o socialmente conflictivo. Pero más allá de las grandes inversiones, está el desarrollo de la gente común; la madre cabeza de hogar que quiere montar una sastrería, el joven que quiere emprender con servicios digitales, el campesino que necesita refrigerar su producción, el profesor que prepara clases virtuales, el estudiante que sueña con competir en igualdad de condiciones.
En las familias, la crisis energética se expresa en cansancio, estrés y resignación; no es menor dormir mal por el calor, ver cómo se dañan los alimentos, se limita el uso de electrodomésticos por miedo al recibo o estos se han quemado por los constantes apagones, la energía condiciona la calidad de vida permite conservar una medicina, preparar alimentos con tranquilidad, tener agua bombeada en algunos sectores, cargar un teléfono para una emergencia, mantener encendido un ventilador para un adulto mayor o un niño pequeño; cuando la luz falla el rendimiento cotidiano se ve afectado.
Los estudiantes son quizá uno de los rostros más sensibles de esta problemática, la educación actual depende cada vez más de la conectividad, los computadores, las plataformas virtuales y los contenidos digitales, un estudiante sin energía no solo pierde luz física; pierde tiempo, concentración y oportunidades, en muchos hogares del Caribe, estudiar de noche es una necesidad porque durante el día se trabaja, se ayuda en casa o se asiste a clases. Si a esa realidad se le suma un apagón, una factura que obliga a restringir el consumo o una señal de internet caída por falta de energía, la desigualdad educativa se agranda.
Una región Caribe con enorme potencial para energías renovables, especialmente solar y eólica; sería un error histórico que una zona con tanto sol, viento, talento humano y ubicación estratégica siga padeciendo un servicio que muchos sienten caro e insuficiente, la transición energética no puede quedarse en discursos, ni en proyectos que no llegan al barrio, debe traducirse en alivios reales, redes modernas, medición transparente, atención digna y participación ciudadana.
El mejoramiento del servicio eléctrico exige varias acciones sensatas; primero, una revisión permanente de las tarifas para que no se castigue a los usuarios por fallas estructurales, segundo inversiones verificables en redes, subestaciones, mantenimiento y tecnología, con cronogramas públicos y vigilancia ciudadana, tercero, una política seria contra las pérdidas de energía, pero sin criminalizar a comunidades enteras ni desconocer la pobreza energética, cuarto, programas de eficiencia y autogeneración para hogares, colegios, hospitales y pequeños negocios, quinto, una atención al usuario que respete explique y resuelva, para esto se necesita pedagogía.
Por eso, esta no debe ser una discusión de partidos políticos, debe ser un compromiso regional y nacional, la Guajira no puede seguir apareciendo en los debates públicos solo cuando hay escándalo, protesta o crisis, merece planificación de largo plazo, inversión responsable y decisiones que reconozcan su aporte al país, la energía que necesita el Caribe no es únicamente la que viaja por las redes eléctricas; también es la energía moral de un Estado que escucha, de empresas que cumplen y de ciudadanos que disfruten de servicios públicos que iluminen la esperanza, proteja sueños y permanezcan las oportunidades.
El llamado para las instituciones responsables es optimizar la energía eléctrica en la costa Caribe, en la Guajira y de manera muy especial en Barrancas, para mejorar la economía, la educación, la salud emocional de las familias y la dignidad de la vida diaria, no se trata solo de bajar tarifas ni de evitar apagones; se trata de construir una relación más justa entre el servicio público y la ciudadanía, que la luz llegue, que sea estable, que sea pagable y que sea tratada como lo que realmente es, un derecho esencial para vivir con calidad, trabajar con confianza y estudiar con futuro; de hecho al cierre de este articulo no tenía “luz”. Con sentimiento cultural y de pueblo, mi opinión para ti.
Yarlin Carolina Díaz Bonilla