Tan pronto se conoció el comunicado de prensa del CNE, con el que dio a conocer la decisión mayoritaria de su Sala Plena de abrir investigación y formular cargos a la campaña presidencial de primera y segunda vuelta de la Coalición Pacto Histórico, representada, entre otros, por el ciudadano y candidato Petro y el gerente Roa, por presunta violación del régimen de financiación de las campañas electorales, el presidente Petro asumió un comportamiento inmoderado y emprendió un ataque con violencia verbal, aludiendo a circunstancias personales y familiares no probadas contra varios de los magistrados. Como es ya su costumbre, complementó sus pronunciamientos con su invitación a la “movilización del pueblo” para defender su gobierno.
Esta vez ya no habló de golpe blando, o “lawfare”, como lo ha denominado algunas veces con su extraño anglicismo, sino que, intentando incrementar la tensión y la radicalización entre sus huestes, ahora habla de “golpe de Estado” en su contra.
La controversia política y jurídica ha sido enorme. A pesar de que muchos expertos y juristas lo han aclarado, incluido el mismo presidente del CNE, precisando que el alcance de la investigación administrativa es determinar si hubo, o no, las presuntas violaciones de los topes económicos y de las reglas para las campañas, para lo cual tiene la competencia. Con esa decisión el CNE no pretende enjuiciar ni busca remover al presidente; es claro que esa facultada es del Congreso de la República.
Los colombianos necesitamos conocer que ocurrió. Si existe la norma para esas posibles o presuntas violaciones lo más indicado es que se investiguen, si existen las evidencias o pruebas pertinentes como parece ser. Hacerlo no se debe interpretar, como erróneamente lo hace el presidente, como una estrategia que tiene el propósito de darle un golpe de Estado. Pareciera que el temor al fracaso lo está llevando a comportamientos delirantes.
Como un ingrediente adicional, ahora la fiscal general ha anunciado que se dará trámite y se realizará una investigación por demanda presentada contra los magistrados del CNE que decidieron la investigación y formularon cargos contra la campaña de Petro a la presidencia. Podríamos estar ad-portas entonces de una confrontación de poderes, con pago de favores, que alimentará la polarización, mientras el país se sigue desbaratando.
Muchos colombianos se preguntan: ¿por qué será que el presidente no acude a la sindéresis que debe tener para controvertir con altura intelectual y jurídica esa decisión del CNE, cuya competencia ha sido ratificada por el Consejo de Estado y por la Corte Constitucional, en vez de asumir posiciones agresivas contra la institucionalidad y contra las personas que la representan?
Seguramente la respuesta es que el presidente, fiel a sus antecedentes y personalidad, lo prefiere así, como parte de su estrategia política para camuflar los deficientes resultados de su gestión de gobierno.
Quiere continuar haciendo lo que más le gusta: la agitación política y la confrontación; todo lo contrario de lo que pretende lograr el supuesto acuerdo nacional que ahora intenta promover su ministro del Interior.
Esa evidente incoherencia gubernamental podría tener como propósito final lograr un ambiente propicio para sus intereses electorales en el 2026. Una señal que los colombianos debemos captar muy bien para preparar la estrategia y las acciones apropiadas para el bien del país.
Álvaro López Peralta