La intervención del nuevo ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, ante las comisiones económicas del Congreso no fue una exposición rutinaria sobre presupuesto. Fue la radiografía de una política pública que se presentó como redención del campo y que, según los datos preliminares revelados por el propio Gobierno, terminó acumulando deudas, compras bajo sospecha, pleitos judiciales, títulos provisionales y campesinos abandonados a su suerte.
Conviene comenzar por una precisión. La palabra “robo” no puede presentarse como una condena judicial mientras la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía no terminen sus investigaciones. Pero tampoco puede utilizarse la ausencia de una sentencia para ocultar lo que ya está documentado: el nuevo ministro anunció que no girará, por ahora, $1,4 billones pendientes de operaciones realizadas durante el Gobierno de petro; explicó que revisiones preliminares encontraron predios adquiridos por encima de referencias de mercado; informó que más de 35.000 pequeños productores y comunidades étnicas recibieron títulos provisionales sobre terrenos sometidos a litigios; y reconoció que muchas entregas se hicieron sin crédito, sin asistencia técnica y sin proyecto productivo.
Eso no es una diferencia de estilo entre dos gobiernos. Es una falla de diseño, ejecución y control. Y si las auditorías confirman que hubo sobreprecios, favorecimientos o irregularidades contractuales, estaremos ante uno de los mayores escándalos de manejo de recursos públicos de la historia reciente del campo colombiano.
1.- La aritmética que desmiente la propaganda
Petro habló de adquirir tres millones de hectáreas en cuatro años. El balance expuesto por Dangond señala que se compraron aproximadamente 350.000 hectáreas por $3,9 billones. La cifra adquirida equivale apenas a cerca del 11,7 % de la meta anunciada. No se cumplió la promesa de la escala. Pero sí se ejecutó una suma gigantesca: un promedio aproximado de $11,1 millones por hectárea, antes de conocer las condiciones particulares de cada predio y antes de determinar si hubo precios inflados.
Y queda la pregunta más grave: de esas compras, permanecen pendientes $1,4 billones. Es decir, una obligación cercana al 36 % del valor total de las adquisiciones reportadas. Ese dinero no está “desaparecido” en el sentido técnico de que ya se haya perdido: está retenido y sometido a revisión. Pero justamente por eso produce escalofríos. El Estado comprometió recursos por billones y ahora debe detener los giros para verificar si los negocios fueron transparentes, si los predios valían lo que se pagó y si podían ser entregados legalmente a quienes supuestamente serían sus beneficiarios.
La diferencia entre la meta y la ejecución debería haber encendido todas las alarmas desde el principio. Si la promesa era comprar tres millones de hectáreas y solo se alcanzó una fracción cercana al 12 %, petro debía explicar con precisión qué compró, a quién, por cuánto, con qué estudios, con qué avalúos y con qué plan productivo. En lugar de eso, la propaganda convirtió hectáreas anunciadas en una supuesta transformación histórica. Se celebró la intención como si fuera resultado y se confundió la fotografía de una entrega con la construcción de una política agraria.
El nuevo diagnóstico demuestra la diferencia entre repartir tierra para producir un titular y construir una economía campesina sostenible. Una hectárea sin agua, sin vías, sin crédito, sin asistencia técnica, sin comprador y sin seguridad jurídica no es una solución: es una promesa abandonada en medio de la pobreza.
2.- De la reforma agraria al espectáculo electoral
La tierra es una causa legítima. Colombia tiene una historia de concentración, despojo, informalidad y abandono rural. Millones de campesinos han trabajado durante décadas en predios que no pueden vender, hipotecar, heredar con seguridad o defender plenamente porque carecen de un título registrado. La formalización es indispensable. El acceso a la tierra puede ser una política de justicia y de productividad. El problema no es ayudar al campesino: el problema es utilizarlo como escenografía de una estrategia política.
El populismo agrario empieza cuando el Gobierno promete millones de hectáreas sin explicar el costo fiscal, la disponibilidad real de predios, los conflictos de linderos, la vocación productiva, la infraestructura, el acceso al agua y el destino comercial de las cosechas. Continúa cuando las entregas se convierten en actos políticos, pero el beneficiario queda sin título firme, sin crédito y sin acompañamiento. Y termina cuando la administración de turno se atribuye una revolución mientras les deja a sus sucesores la deuda, los litigios y los campesinos decepcionados.
La tierra se volvió una cifra electoral. Tres millones de hectáreas sonaban a epopeya. 350.000 hectáreas, en cambio, son el dato que debe someterse a examen. ¿Cuántas fueron realmente compradas? ¿Cuántas fueron adjudicadas? ¿Cuántas se encuentran ocupadas? ¿Cuántas tienen problemas de tradición? ¿Cuántas pueden producir? ¿Cuántas fueron entregadas a familias con capacidad real para explotarlas? ¿Cuántas recibieron crédito y asistencia? Sin respuestas verificables, una cifra de hectáreas es apenas un recurso de propaganda.
El campesino no vive de discursos. Vive de la cosecha, del precio, del transporte, de la seguridad, del acceso al mercado y de la posibilidad de demostrar que la tierra es suya. Entregarle un terreno incierto y luego abandonarlo no es emanciparlo. Es trasladarle el riesgo de una operación estatal mal planeada.
3.- El campesino con parcela, pero sin propiedad
El hallazgo más cruel de la intervención ministerial es el de los más de 35.000 pequeños productores y comunidades étnicas que recibieron títulos provisionales sobre predios que todavía tienen procesos judiciales. La imagen resume el fracaso: una familia recibe la esperanza material de una parcela, pero no obtiene la certeza jurídica de ser propietaria.
Un título provisional no es una propiedad consolidada. No ofrece la misma seguridad para acceder al crédito, vender, heredar, asociarse o defenderse frente a terceros. Si el predio está en litigio, la familia puede quedar atrapada entre una decisión administrativa y una sentencia judicial futura. Se le entrega la tierra, pero no se le entrega tranquilidad. Se anuncia el derecho, pero se conserva la incertidumbre.
¿Qué ocurrirá si un juez determina que el predio pertenecía a otra persona? ¿Qué pasa si la compra a la Sociedad de Activos Especiales estaba afectada por una disputa que no fue resuelta? ¿Quién indemniza al campesino que invirtió su trabajo, su ahorro y sus años en una parcela cuya situación jurídica nunca estuvo limpia? ¿Quién responde por las cosechas perdidas, los créditos que no pudo obtener y el desarraigo que puede producir una nueva orden de desalojo?
El Estado no puede convertir a los campesinos en ocupantes de buena fe de una política improvisada. Si existían pleitos en juzgados, tribunales o altas cortes, la primera obligación era resolverlos antes de entregar los predios como si fueran activos libres de cualquier controversia. El beneficiario no tenía que ser utilizado como escudo político para blindar una compra dudosa. Tampoco puede ser quien pague el costo de la negligencia institucional.
Esta es la gran contradicción de la reforma: se habló de democratizar la propiedad y se terminó multiplicando la inseguridad sobre la propiedad. Se prometió dar tierra y se entregaron expedientes. Se anunció autonomía campesina y se dejaron familias pendientes de una decisión judicial. Se invocó la justicia social y se trasladó la incertidumbre a quienes menos capacidad tienen para contratar abogados, entender un proceso o enfrentar a la burocracia.
La titulación no es un trámite accesorio. Es la columna vertebral de cualquier reforma agraria. Sin registro claro no existe seguridad patrimonial. Sin seguridad patrimonial no hay inversión. Sin inversión no hay productividad. Y sin productividad la parcela se convierte en una carga, en una oportunidad para el intermediario o en un territorio vulnerable a nuevas formas de despojo.
4.- Tierra sin proyecto: cultivar pobreza
El diagnóstico del ministro también derrumba otro mito: que basta con entregar tierra para sacar a una familia de la pobreza. Dangond señaló que muchos beneficiarios recibieron predios sin paquete tecnológico ni proyecto productivo y que sus ingresos podían estar entre $600.000 y $700.000 por hectárea. La propia comunicación del Ministerio ha presentado la “Unidad Económica Mínima” como una respuesta para asignar la extensión necesaria con el fin de alcanzar ingresos mensuales de al menos $2 millones.
La idea es elemental y, precisamente por eso, sorprende que no haya sido el punto de partida. La cantidad de tierra no puede definirse por una cifra política uniforme. Cinco hectáreas de café no significan lo mismo que cinco hectáreas de yuca, arroz, cacao o ganadería. Cambian el clima, el suelo, la productividad, el ciclo de cosecha, el costo de los insumos y la distancia al mercado. Una reforma seria debe preguntar qué puede producir cada familia, con qué tecnología, con qué agua, en qué extensión y para quién venderá.
Si el Estado entrega una parcela que no permite obtener un ingreso digno, no ha resuelto la pobreza: la ha territorializado. El campesino queda con más responsabilidades, pero no necesariamente con más ingresos. Debe pagar transporte, insumos y mano de obra; enfrentar la variación climática; vender a intermediarios; y cumplir obligaciones que antes no tenía. El terreno puede tener valor contable en el balance oficial, pero no generar valor suficiente en la vida de la familia.
La frase “los pusieron a cultivar pobreza” resume una tragedia nacional. Colombia puede estar repartiendo tierra y, al mismo tiempo, produciendo campesinos más endeudados, más dependientes y más vulnerables. Una parcela improductiva no es una victoria contra la desigualdad. Es una forma de administrar la desigualdad con fotografías de entrega.
Por eso el giro anunciado por Dangond —menos gasto de funcionamiento y más inversión, financiación, riego y acompañamiento técnico— debería convertirse en una obligación medible. No basta con anunciar que se reducirán 10.000 contratos de prestación de servicios, equivalentes según su exposición a cerca de $540.000 millones. El país debe verificar que los recursos ahorrados lleguen efectivamente a crédito, asistencia, vías terciarias, riego, comercialización y titulación. El recorte burocrático no puede ser otra bandera publicitaria: debe traducirse en resultados para el productor.
5.- Los billones bajo sospecha
La cifra de $1,4 billones pendientes no es un detalle contable. Es la frontera entre un Estado responsable y un Estado que paga primero y pregunta después. La decisión de suspender esos giros hasta terminar la revisión es necesaria. Pero no suficiente.
El país necesita una auditoría predio por predio, con publicación de los avalúos, los compradores, los vendedores, los intermediarios, los funcionarios que participaron, las fechas, las condiciones de pago, la situación jurídica y el destino final de cada hectárea. También debe conocerse si las compras superaron los precios de mercado, como sugieren las revisiones preliminares de entre 15 y 20 operaciones mencionadas por el ministro.
Si hubo errores administrativos, deben establecerse responsabilidades. Si hubo negligencia, debe sancionarse. Si hubo favorecimiento, debe investigarse penalmente. Si hubo sobreprecios concertados, no puede bastar con no pagar el saldo: el Estado debe recuperar lo que corresponda y llevar a los responsables ante la justicia. La lucha contra la corrupción no se demuestra con discursos severos, sino con expedientes, imputaciones, condenas y recuperación del dinero.
Aquí es donde la palabra “épico” puede adquirir un sentido distinto. No sería épica la supuesta transformación agraria, sino la dimensión del daño si se confirma que se pagaron predios por encima de su valor, se compraron terrenos jurídicamente problemáticos y se entregaron a familias sin las condiciones para producir. Un fracaso aislado es grave. Un patrón de compras dudosas, títulos provisionales y abandono productivo sería una operación política de enorme magnitud financiada con recursos de todos los colombianos.
Pero también hay que evitar otra forma de demagogia: afirmar que los $1,4 billones ya desaparecieron. No hay base suficiente para decirlo. La información disponible indica que están pendientes y que fueron congelados mientras se investiga. La denuncia debe ser contundente justamente porque es rigurosa. La corrupción se combate con hechos comprobados, no reemplazando una propaganda por otra.
6.- La reforma que sí necesita Colombia
La corrección no consiste en abandonar al campesino ni en negar la necesidad de una reforma rural. Consiste en quitarle la retórica electoral y devolverle la seriedad institucional.
Primero, titulación definitiva antes de cualquier celebración. Nadie debería recibir una parcela como trofeo político si el Estado no puede garantizar su situación jurídica. Los títulos provisionales deben tener una ruta pública, fechas, responsables y presupuesto para convertirse en títulos firmes o para resolver de manera transparente la situación de quienes no puedan permanecer en el predio.
Segundo, expediente abierto. Cada compra debe ser consultable: precio, avalúo, ubicación, tradición, vendedor, estado del proceso, obligaciones pendientes y beneficiarios. La tierra pública no puede administrarse como una caja negra.
Tercero, unidad productiva real. La extensión debe responder al cultivo, al suelo y al ingreso esperado. La entrega debe ir acompañada de crédito, riego, asistencia técnica, semillas, tecnología, vías y comercialización. Una familia no necesita solamente un lugar donde vivir; necesita una actividad económica que le permita vivir con dignidad.
Cuarto, evaluación independiente. El éxito no se mide por hectáreas anunciadas ni por actos de entrega. Se mide por títulos registrados, ingresos campesinos, productividad, permanencia de las familias, reducción de la pobreza rural, acceso a mercados y sostenibilidad ambiental.
Quinto, castigo sin excepciones. Quien haya utilizado la reforma agraria para enriquecerse, financiar redes políticas o favorecer a terceros debe responder, sin importar su partido. La defensa del campesino no puede convertirse en un blindaje para los funcionarios que dicen actuar en su nombre.
La intervención de Indalecio Dangond deja una conclusión imposible de maquillar: petro prometió una revolución agraria y dejó, al menos según el diagnóstico preliminar de su sucesor, un problema financiero, jurídico y productivo de dimensiones enormes. Compró mucho menos de lo que prometió, comprometió billones que ahora deben ser revisados, entregó títulos provisionales sobre predios litigiosos y dejó a numerosos campesinos sin crédito, sin asistencia y sin proyecto.
El escándalo no consiste únicamente en saber cuánto se gastó. Consiste en descubrir qué recibió realmente el campesino a cambio de ese gasto. Si recibió una propiedad segura, una oportunidad productiva y una ruta de prosperidad, el Estado debe demostrarlo. Si recibió una parcela litigiosa, un documento provisional y una promesa sin financiación, entonces la reforma no fue justicia social: fue una puesta en escena pagada con dinero público.
Colombia no necesita más hectáreas para los discursos. Necesita títulos que resistan los tribunales, predios que produzcan, créditos que lleguen, funcionarios que respondan y campesinos que puedan mirar el futuro sin miedo a que una notificación judicial les quite la tierra que les entregaron en una ceremonia oficial.
La tierra no se reforma con propaganda: se reforma con propiedad segura, productividad y verdad.
Abel Enrique Sinning Castañeda
Fuentes consultadas
– [Ministerio de Agricultura en X: ingresos de $600.000 a $700.000 por hectárea y propuesta de Unidad Económica Mínima]
(https://x.com/MinAgricultura/status/2097495201480581434)
– [Portafolio: auditoría forense, predios con precios inflados y títulos provisionales] (https://www.portafolio.co/amp/economia/agro/predios-con-precios-inflados-y-los-chicharrones-que-denuncia-el-ministro-de-agricultura-502069)
– [Infobae: recorte de contratos, presupuesto y revisión de compras de tierras] (https://www.infobae.com/colombia/2026/09/09/ministerio-de-agricultura-frena-la-compra-de-tierras-y-prepara-recorte-de-10000-contratos-para-2027/)
– [El Tiempo: suspensión de pagos por $1,4 billones y compra de 350.000 hectáreas] (https://www.eltiempo.com/economia/sectores/minagricultura-anuncia-tijeretazo-a-10-000-contratos-y-pone-bajo-la-lupa-compra-de-tierras-3584476)
– [Pulzo: pagos pendientes, litigios y predios entregados sin proyectos productivos] (https://www.pulzo.com/amp/nacion/gobierno-de-colombia-no-comprara-nuevas-tierras-para-reforma-agraria-en-2027-razones-y-consecuencias-PP5296382A)