El lanzamiento del Plan de Desarrollo del gobierno de Gustavo Petro desde el departamento del Guainía envía un contundente mensaje ambientalista, proteccionista y cuyo eje es la preservación del agua como elemento vital del futuro de la humanidad, lo cual además implica que las trasformaciones se harán desde los territorios. Es incuestionable y nada casual, la importancia que, les otorga el actual gobierno a aquellos asuntos. Los icónicos e imponentes cerros de Mavicure, Mono y Pajarito y varias comunidades indígenas fueron testigos excepcionales de la firma y promulgación del Plan, que aglutina por supuesto el modelo económico, social, ambiental, financiero y presupuestal. Amén de que los territorios olvidados abandonados secularmente han sido, son y serán un bastión en el Gobierno del Cambio.
Es un Plan consecuente no solo con lo planteado en la campaña, sino también acorde con los tiempos que corren, y que recoge las preocupaciones centrales de los líderes mundiales. La Transición Energética ocupa lugar primordial, y coincidente con la visión del futuro de la humanidad. Se ratifica que Colombia cuenta con las condiciones suficientes para convertirse en potencia ambiental y potencia de la vida, como lo reafirma frecuentemente Petro. El país ofrece al planeta activos ambientales potentes como la belleza de la selva Amazónica, los páramos y las fuentes hídrica. Colombia es clave en la trasformación climática y factor para contrarrestar el Cambio Climático y garantizar la vida a las futuras generaciones.
Importante destacar que, entre sus 372 artículos, el plan contempla e incluye beneficios y oportunidades originales para las comunidades étnicas del país, y en temas como la lucha contra la deforestación y el cambio climático; la oportunidad de participar en el desarrollo de la infraestructura para la generación de energía sostenible, y el aumento de oportunidades para ingresar a la educación superior.
Las preocupaciones de gobiernos anteriores era un asunto cuasi-monotemático, y absolutamente antagónicas con respecto a las del actual. Para aquellos, la guerra contra las FARC y otras organizaciones armadas eran puntos centrales y desvelos fundamentales. Por ejemplo, en el caso del Plan de Desarrollo de Duque sobresalía: la Seguridad y Orden para la libertad, Defensa Nacional, Seguridad Ciudadana y Colaboración Ciudadana e Imperio de la Ley y Convivencia, era una mezcla de legalidad y emprendimiento, y paradójicamente una supuesta lucha contra la corrupción.
En esta ocasión estamos hablando con suficiente énfasis de Cambio Climático, Transición Energética, Biodiversidad, Agua, Seguridad Alimentaria. En ningún modo lo anterior significa que se hayan abandonado cuestiones alusivas a la seguridad, simplemente se están invirtiendo las prioridades, y se parte del supuesto que, para disponer de un país en paz es indispensable garantizar a las mayorías, condiciones óptimas de ingresos, salud, educación y demás bienes meritorios que contribuyan a gestar un país justo.
El monto global del Plan Nacional de Desarrollo es de $ 1, 154, 8 billones en los próximos 4 años y que igualmente contempla un rubro significativo para otra inquietud esencial de este gobierno: la Paz, con un Plan Plurianual de Inversiones por $ 50, 4 billones. Está previsto que el sector privado apalanque el Plan con un monto de $ 949, 7 billones, lo cual arrojaría una suma conjunta de $ 2,004,5 billones, cifra inédita y que supera en un 83% al Plan de Desarrollo del antepuesto gobierno, cuyo monto global aprobado fue de $ 1,096,1 billones, incluyendo el apalancamiento privado. En cuanto a lo destinado al Plan Plurianual de Inversiones para la Paz, los $ 37, 1 billones asignados por el anterior, representaron una suma inferior en un 36% a lo destinado por este gobierno a ese rubro.
Dentro de las cinco grandes transformaciones del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, el Gobierno nacional destinará $743,7 billones para el componente de Seguridad Humana y la Justicia Social; $138,4 billones para la Convergencia Regional; $114,4 billones para la Transformación Productiva y Acción Climática; $46,1 billones para el Derecho Humano a la Alimentación; $28 billones para el Ordenamiento del Territorio alrededor del agua; además de 83,4 para Estabilidad Macroeconómica.
Esos rubros mencionados reflejan sin lugar a discusión, las ansias esenciales de este gobierno que, ratifican sustancialmente sus diferencias de énfasis con los precedentes. El Componente Seguridad Humana por si solo representa el 64% del monto total de lo destinado por el gobierno para atender las necesidades financieras del Plan Nacional de Desarrollo. Sin lugar a dudas un contraste trascendente con los antecedentes conocidos.
El Plan fue elaborado con una singular y original participación ciudadana, para su construcción se escucharon más de 250.000 personas que se movilizaron a cada uno de los 51 Diálogos Regionales Vinculantes, convocados por el presidente Petro entre septiembre y diciembre del año pasado, lapso en el que se recibieron más de 89.000 propuestas que fueron fundamentales para definir cada una de las cinco transformaciones; así como tres meses de debates, análisis y votaciones por parte del Congreso de la República que entregó cerca de 6.500 proposiciones.
Se aproxima el reto importantísimo de su ejecución. El Director Nacional de Planeación informa que el gobierno se encuentra trabajando en la ejecución de una de sus metas más importantes: el Catastro Multipropósito en un 70%, y que es vital para la trasformación Territorial alrededor del agua. “Colombia avanza si organizamos el territorio, porque la geografía tiene que ver con todo y ese énfasis es un gran acierto. El Catastro Multipropósito es el instrumento revolucionario del Plan, porque permite definir cuánto vale una tierra, cuánto se debería pagar al propietario y cómo podemos darle un uso adecuado al suelo para aumentar nuestra producción”, manifestó González.
El Plan incorpora estrategias novedosas como: la creación del Sistema de Administración del Territorio (SAT), para que, con el uso de la información que se consiga con la actualización del Catastro Multipropósito, el Estado, la ciudadanía, los campesinos, los pueblos indígenas, las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, cuenten con un instrumento que facilite la toma de decisiones integrales y coordinadas y la adecuada prestación de servicios al ciudadano relacionados con derechos, restricciones y responsabilidades sobre la tenencia, uso, valor y desarrollo del territorio. También creará el Registro Universal de Ingresos (RUI), el cual será administrado por el DNP “con el propósito de determinar la focalización de los subsidios, programas, políticas, planes, proyectos y servicios de la oferta social”. Esto se prevé en el artículo 70 de la Ley 2294 de 2023, por la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026.
“El objetivo del RUI es que todos los colombianos reporten sus ingresos. Información sumamente útil para lograr una adecuada focalización de los impuestos y los subsidios. Las personas de más ingresos pagan impuestos, y los de menor ingreso reciben subsidios”, agregó Gonzales.
En la transformación de Derecho Humano a la Alimentación se incluye un Sistema Nacional de Seguimiento y Monitoreo para la Superación de la Malnutrición que le apuesta a reducir la mortalidad por desnutrición en menores de 5 años.
Nacen los Consejos Territoriales del Agua (CTA) que promoverán en 13 regiones estratégicas del país instancias de coordinación regional que permitirán a los diferentes actores públicos, privados y a las comunidades aunar esfuerzos y participar en la toma de decisiones para la gestión del agua en el territorio, con un enfoque diferencial, inclusivo y justo, fortaleciendo la gobernanza de los diferentes niveles de gobierno.
Sobre descentralización, se creará la Línea de inversión territorial para promover la participación de las entidades territoriales, los cabildos, asociaciones y organizaciones indígenas, a partir de la financiación y desarrollo de proyectos para el mejoramiento de la competitividad, la promoción y la infraestructura turística de sus territorios. Esto facilitará la de proyectos estratégicos de turismo para las regiones, será posible lograr la meta de los 7,5 millones de visitantes no residentes y de 300.000 personas ocupadas en actividades asociadas al turismo que se trazó el Gobierno nacional para este cuatrienio.
Finalmente, habrá un sistema nacional de registro, atención, seguimiento y monitoreo de las violencias basadas en género, que también generaran alertas tempranas y conectaran a las mujeres con rutas efectivas de atención y acceso a la justicia, evitando su revictimización y garantizando sus derechos. De esta manera se avanza hacia una sociedad con mayor justicia social, equitativa y libre de violencias.
José Luis Arredondo Mejía