Hay columnas que una escribe desde la distancia y otras que nacen desde la herida. Esta pertenece a la segunda categoría. Porque hablar del agua en Riohacha es hablar de lo que somos, de lo que hemos permitido y de lo que todavía nos negamos a enfrentar con honestidad.
Durante décadas, la ciudad ha sobrevivido entre remiendos, cambios de operador y comunicados optimistas que nunca se cumplen. Hoy ya no es posible esconder lo evidente: Riohacha no tiene una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR). Y por eso, todas nuestras aguas negras todas siguen llegando al mar sin tratamiento. No por un mes. No por un año. Por treinta.
La historia es larga y está llena de advertencias ignoradas. Primero Aguas de La Guajira, luego ASAA, ahora Aqualia. Tres operadores distintos, un solo resultado: ninguna logró ni pudo resolver el saneamiento porque Riohacha nunca construyó la infraestructura básica para hacerlo. Corpoguajira sancionó, la Superservicios exigió, los informes se acumularon… y la ciudad siguió igual.
El mar que vendemos al turismo es el mismo que usamos como alcantarilla.
Y eso no es solo un problema técnico: es un fracaso moral.
Las lluvias recientes, que deberían ser una bendición, se han convertido en una sentencia. Barrios enteros más de 120 se inundan con aguas servidas; casas donde el agua sucia entra sin pedir permiso; niños enfermos por bacterias y hongos; familias que ven sus camas, sus cuadernos y su comida flotando en el barro contaminado. La cifra oficial es una bofetada a cualquier conciencia: 13.500 personas afectadas y 2.700 familias damnificadas. Pero cada número es un rostro, una casa, una vida.
Mientras tanto, las instituciones acumulan excusas como si fueran soluciones. Demasiados años de “estamos revisando”, “estamos gestionando”, “estamos avanzando”. Y sin embargo, seguimos aquí: con un alcantarillado colapsado, con vertimientos ilegales al mar, con sanciones de Corpoguajira y alertas de Superservicios que parecen perderse en el aire caliente del desierto.
La verdad, por dura que sea, es simple: durante treinta años, Riohacha fue víctima de una gobernanza fragmentada donde todos tenían algo de responsabilidad y, al mismo tiempo, nadie respondía por nada.
Pero esta vez, algo distinto ocurrió.
La ciudadanía despertó.
La indignación colectiva se transformó en movimiento: el Frente Amplio de Usuarios de Servicios Públicos de La Guajira, una fuerza cívica que demostró que la democracia no solo se vota: también se camina.
La Marcha de Antorchas, que iluminó la ciudad con miles de llamas encendidas, fue mucho más que una protesta: fue una declaración ética. Fue el pueblo diciendo “basta”.
Allí estuvieron Felipe Rodríguez, Luis Fernando Lobo, Emilsa Rojas, Límbano Díaz Hernández, Lucho Gómez, Arnoldo ‘Nono’ Marulanda y cientos de líderes más. Pero, sobre todo, estuvo la gente: los barrios, los pescadores, las madres, los jóvenes, los mayores. El pueblo guajiro reclamando su derecho más básico: vivir sin miedo al agua potable y la que corre por sus calles.
Hoy, y esto hay que celebrarlo, más actores se han sumado a la causa.
Concejales del Distrito que por fin exigen revisar el contrato de Aqualia.
Ciudadanos que reclaman transparencia.
ESEPGUA, en cabeza de Andreina García Pinto, que ha señalado públicamente la necesidad de revisar lo que nunca debió firmarse sin garantías técnicas ni sociales.
Bienvenidos todos.
Porque esta lucha no es de autorías políticas.
Esta lucha es de dignidad.
Y sí: hoy somos más los que creemos que la nulidad del contrato de Aqualia debe estudiarse con rigor técnico y jurídico.
No para destruir, sino para corregir.
No para politizar, sino para garantizar un derecho fundamental.
No para atacar a nadie, sino para defender a todos.
Y sí: es cierto que entramos en Ley de Garantías, ese período donde la administración se paraliza para evitar manipulaciones electorales. Pero que nadie se confunda: la Ley de Garantías no impide revisar contratos, investigar irregularidades, instalar mesas técnicas o activar mecanismos ciudadanos.
La ciudadanía puede exigir.
Los entes de control pueden actuar.
El Concejo puede citar.
La Alcaldía puede requerir.
ESEPGUA puede conceptuar.
La creación de una Mesa Técnica del Agua cívica y ciudadana.
Lo que no puede hacerse es contratar.
Lo que sí puede hacerse es planear, corregir, documentar y preparar las decisiones para cuando la Ley de Garantías termine.
La verdad no está suspendida. La responsabilidad tampoco.
Por eso, hoy más que nunca, necesitamos una Mesa Técnica del Agua con todos los actores Aqualia, Alcaldía, ESEPGUA, Corpoguajira, Superservicios, academia, veedurías y el Frente Amplio para dejar todo el expediente técnico y jurídico listo.
Porque la nulidad del contrato de Aqualia una bandera que defendí desde mi campaña ya no es un tabú: es un tema de ciudad. Y entre más voces se unan, mejor. La defensa del agua jamás puede ser una causa sectaria.
Lo que está en juego no es una obra: es el futuro de Riohacha.
No podemos seguir permitiendo que nuestros niños enfermen por una omisión institucional.
No podemos seguir normalizando que el mar se vuelva una cloaca.
No podemos seguir celebrando titulares cuando lo que necesitamos es una PTAR funcionando y un alcantarillado digno.
El mar no es un vertedero.
Es nuestra frontera espiritual.
Nuestra memoria.
Nuestro futuro.
Y hasta que no aprendamos a cuidar nuestras aguas, Riohacha no será la ciudad que soñamos: será la ciudad que dejamos caer.
Pero hay algo poderoso que esta crisis nos enseñó: cuando la ciudadanía se organiza, las estructuras tiemblan. Cuando la gente se informa, el poder se equilibra. Y cuando el pueblo decide defender lo esencial, ninguna burocracia puede detenerlo.
El agua no se mendiga. El agua se defiende.
Y esta vez, Riohacha decidió defenderla.
Juana Cordero Moscote
Excelente denuncia, doctora Juana. Tienen toda las razón los riohacheros: es esencial el saneamiento básico, lo mismo que el agua, un acueducto digno. Además, los derechos no se mendigan, se conquistan con la organización y la lucha.