El debate sobre la presencia de la fuerza pública en las universidades volvió a ocupar el centro de la discusión nacional a partir de una afirmación del presidente De la Espriella, según la cual la autonomía universitaria no está por encima del orden público. La frase puede generar distintas interpretaciones, pero jurídicamente parte de una premisa razonable.
La autonomía reconocida por el artículo 69 de la Constitución no convierte a las universidades en territorios separados del Estado ni las sustrae de la aplicación de la ley. Su propósito es garantizar que puedan gobernarse en asuntos académicos, administrativos y financieros sin interferencias indebidas del poder político.
El problema que pretende atender el Gobierno tampoco puede reducirse a una discusión ideológica. Existen situaciones en las que grupos anarquizados pueden utilizar espacios universitarios para esconderse, almacenar elementos destinados a actos ilícitos o convertir una protesta en una acción contra personas o bienes.
Cuando eso ocurre, quienes terminan pagando las consecuencias son también los estudiantes, profesores y trabajadores que simplemente quieren estudiar o desarrollar sus actividades. La universidad pública no puede convertirse en un lugar donde la violencia encuentre protección por el solo hecho de ocurrir dentro de un campus.
Pero reconocer ese problema no significa que cualquier intervención policial sea adecuada. La dificultad está precisamente en establecer dónde termina una protesta legítima y dónde comienza una conducta delictiva. La Constitución protege la libertad de expresión, la reunión y la protesta pacífica, al mismo tiempo que obliga a las autoridades a proteger la vida, la integridad y los bienes de las personas.
Esa frontera no siempre es sencilla de determinar en medio de una alteración del orden público y por eso un protocolo nacional no debería limitarse a establecer cuándo puede entrar la Policía. También tendría que definir quién activa el procedimiento, qué autoridades universitarias participan, qué mecanismos de diálogo se utilizan y cómo se garantiza que una intervención sea proporcional a los hechos.
La experiencia demuestra que los extremos suelen producir malos resultados. Una universidad completamente desentendida de lo que ocurre dentro de sus instalaciones puede terminar dejando sin control a quienes ejercen violencia y afectando los derechos de la mayoría. Pero una universidad en la que la fuerza pública pueda ingresar sin reglas claras corre el riesgo de convertir un problema de convivencia en un problema mayor.
Además de afectar clases, investigaciones y actividades académicas, una actuación desproporcionada puede deteriorar la confianza entre estudiantes, profesores y autoridades. La seguridad, por tanto, no debería construirse a costa de la autonomía, pero tampoco la autonomía puede utilizarse para justificar la ausencia de responsabilidad institucional.
La salida exige que cada actor asuma la parte que le corresponde. Las universidades necesitan fortalecer sus mecanismos internos de prevención, convivencia, control de acceso, investigación disciplinaria y protección de sus comunidades. Los organismos de control y la Defensoría pueden cumplir una función importante como garantes de derechos cuando las circunstancias hagan necesaria una intervención externa.
La Policía, por su parte, debe actuar frente a delitos y situaciones que comprometan la seguridad de las personas, bajo criterios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y trazabilidad. De esa manera, la intervención estatal puede convertirse realmente en un recurso excepcional y no en la respuesta automática frente a cualquier protesta.
La universidad pública necesita seguridad para cumplir su función y necesita autonomía para cumplirla bien. No existe contradicción entre ambas cuando cada una se entiende dentro de los límites constitucionales. El verdadero desafío consiste en impedir que los violentos se apropien de los campus sin convertir las universidades en escenarios permanentes de intervención policial.
Una comunidad académica con capacidad para gobernarse, prevenir la violencia y responder ante ella fortalece la democracia. Y un Estado que protege esa autonomía mientras activa su capacitad coercitiva cuando se cometen delitos, demuestra que seguridad y libertad no tienen por qué ser caminos enfrentados.
Cesar Arismendi Morales