Las recientes agresiones contra el Ejército Nacional y la Policía Nacional en el Cauca y otras zonas del sur del país han generado una profunda indignación a nivel nacional. Resulta humillante y bochornoso el maltrato y asesinato de soldados y policías, así como los insultos proferidos, en algunos casos, por comunidades indígenas bajo la excusa de estar cansadas de la guerra en sus territorios, lo que levanta suspicacias sobre una posible instrumentalización por parte de las disidencias de las FARC. De igual manera, la violencia ejercida por grupos armados ilegales es inaceptable.
Es preocupante la aparente falta de una reacción contundente por parte del Gobierno nacional ante estos atropellos, lo que genera una creciente sensación de desprotección e indefensión entre los miembros de la fuerza pública. Tristemente, en el actual gobierno, hemos presenciado cómo soldados y policías han sido humillados, secuestrados y asesinados, sin que se perciba una respuesta gubernamental que refleje la gravedad de estos ultrajes contra quienes tienen la misión de proteger a la ciudadanía
Las acciones de algunos indígenas del Cauca y de los grupos criminales contra las fuerzas del orden son una clara violación de la Constitución Política. Los hechos ocurridos en Plateado en noviembre de 2023 y la persistente violencia en el Cauca, donde decenas de soldados fueron secuestrados, expulsados e incluso asesinados entre octubre y noviembre de ese año, y donde las cifras han seguido aumentando, son alarmantes. Militares expresan una creciente sensación de desamparo ante los ataques y la «ausencia de políticas claras» del gobierno nacional para enfrentar a los grupos armados ilegales.
Resulta inaceptable que algunos indígenas y criminales pretendan imponer su propia ley en un país regido por la Constitución y el ordenamiento jurídico. Se percibe un auge de estos actores, como si en sus territorios fueran la única autoridad. Si no se pone freno a esta situación, Colombia podría encaminarse hacia un periodo de anarquía. Es crucial que el presidente actúe con firmeza para evitar que la situación se salga de control, algo que algunos consideran ya ha sucedido debido a un discurso populista y a la percepción de un deseo de perpetuarse en el poder. La toma de Bogotá por parte de algunos indígenas del Cauca, con un presunto patrocinio gubernamental y la influencia de oscuros intereses, sumada al control territorial ejercido por grupos subversivos, podría ser el detonante de graves consecuencias para la nación.
La función primordial del Ejército de Colombia y de la Policía Nacional es la protección del orden y la seguridad de todos los colombianos. A pesar de errores pasados, estas instituciones han recuperado la credibilidad y confianza de la ciudadanía. Es fundamental el apoyo continuo a nuestras fuerzas militares y de policía, quienes, bajo el liderazgo del Ministro de Defensa y los altos mandos, trabajan incansablemente por el país. Si bien se reconoce la voluntad del nuevo ministro, existe la percepción de que recibe contraórdenes, mostrando una aparente pusilanimidad frente a los grupos ilegales y una falta de contundencia en las acciones.
La Policía Nacional cumple su deber a cabalidad, con honestidad, pundonor y valor en todo el territorio nacional, defendiendo heroicamente a Colombia. Innumerables policías y soldados han ofrendado sus vidas por la patria, protegiendo las instituciones y el sistema jurídico contra la subversión, el narcotráfico y las bandas criminales que azotan diversas regiones. El Ejército y la Policía también cumplen un papel crucial en la salvaguarda de nuestras fronteras, especialmente ante la influencia de ideologías y discursos en países vecinos. Es fundamental recordar que Colombia es un Estado de Derecho, donde la ley debe prevalecer para todos, sin excepción.
Si bien el problema de algunos indígenas del Cauca y de las disidencias de las FARC tiene un trasfondo social que requiere la atención del gobierno nacional a través de políticas inclusivas, esto no justifica que intenten imponer sus propias normas por encima de la Constitución. Existe la percepción de que en el actual gobierno los delincuentes tienen una influencia indebida. Es imperativo que todos los colombianos brindemos un apoyo incondicional a la Policía Nacional y que el gobierno la proteja de todos los criminales, para que puedan seguir garantizando la ley y el orden.
Hernán Baquero Bracho