Cuando se anuncia la reexpedición del decreto que delimita la Línea Negra en la Sierra Nevada de Santa Marta, el debate público se concentra casi de inmediato en el derecho ancestral de los pueblos Kogi, Wiwa, Arhuaco y Kankuamo. Y con toda razón: es su mapa espiritual, su ley de origen, el cerco que protege nacimientos de agua, sitios sagrados y el equilibrio que sostiene a toda la cuenca. Pero en las estribaciones donde esa línea se proyecta, donde los ríos bajan de la montaña y se encuentran con humedales, manglares y tierras de labranza afrocolombiana, hay otra geografía que exige ser nombrada. No para disputar lo sagrado, sino para plantear una pregunta ineludible: ¿quién tiene derecho a opinar cuando se decide el futuro de un territorio que también nos pertenece?
El proceso de consulta previa para la reexpedición del decreto no es un mero trámite administrativo. Es un derecho constitucional, un espacio de democracia participativa que, por mandato legal y ético, debe ser incluyente. Las comunidades afro no son espectadoras de esta medida. La gestión territorial que derive del nuevo decreto incide directamente en sus modos de vida: en el acceso al agua, en las regulaciones de uso del suelo, en los proyectos de conservación, en la infraestructura vial y en los programas de desarrollo rural. Bien diseñados, pueden ser alianzas; mal ejecutados, se convierten en nuevos cercos de exclusión.
Dar la palabra al pueblo afro en esta consulta no es un gesto de condescendencia institucional. Es un acto de justicia territorial y epistémica. Los consejos comunitarios, las organizaciones de base y los sabedores afro tienen una lectura clara de lo que está en juego. Por un lado, el temor legítimo a que una delimitación rígida, sin mecanismos de coexistencia intercultural, limite la pesca artesanal, la agricultura de ciclo corto, la recolección sostenible o el tránsito por caminos históricos. Por otro, la esperanza fundada de que este proceso abra puertas a la gobernanza compartida, a los corredores ecológicos de manejo conjunto, a la participación real en comités ambientales y al reconocimiento pleno de sus títulos colectivos amparados en la Ley 70 de 1993.
Los impactos no se miden en coordenadas GPS; se viven en las canoas que pierden acceso a zonas de pesca, en las parcelas que quedan en limbo jurídico, en los jóvenes que migran porque el territorio se vuelve hostil a su sustento. Pero también hay oportunidades que la consulta previa debe materializar con voluntad política y técnica: la creación de mesas mixtas de seguimiento, la validación de saberes afro sobre manejo de humedales y suelos, la inclusión de sus propuestas en los planes de ordenamiento territorial, y la garantía de que la conservación de la Sierra no se financie con la invisibilización de quienes la habitan desde la diáspora, el cimarronaje y la resistencia cotidiana.
El Estado no puede repetir el error de entender la consulta previa como un acto de validación posterior, ni como un espacio donde se “informa” en lugar de se “construye”. Si el decreto de la Línea Negra se reexpide sin escuchar a las comunidades afro que comparten cuencas, caminos y destinos con los pueblos indígenas, no estaremos protegiendo el territorio; estaremos fragmentándolo. La Sierra no se cuida con exclusiones. Se cuida con pactos. Y los pactos requieren que todas las voces que habitan y cuidan la tierra tengan asiento en la mesa, con protocolos culturalmente pertinentes, con traducción de saberes y con tiempos que respeten sus ritmos organizativos.
Que la reexpedición del decreto no sea solo un trámite legal, sino un ejercicio de memoria viva y de diálogo de saberes. Que en las mesas de consulta previa no solo se escuchen los cantos de los mamos, sino también las voces de los palenqueros, los pescadores de la Ciénaga Grande, las mujeres que siembran en las tierras bajas y los jóvenes que exigen un futuro sin herencia de desplazamiento. Porque en el Caribe colombiano, las líneas que trazamos en el papel solo tendrán legitimidad si, antes, las trazamos con el oído. Escuchar al pueblo afro no es una concesión. Es una condición para que la Línea Negra, en vez de ser un borde de separación, se convierta en un umbral de encuentro.
Arcesio Romero Pérez
aja y los blanquitos de petro no tenemos derecho ni a transitar por la troncal? hey mano dejo por fuera a 48 millones de ciudadanos del pais,
La columna de Arcesio nos recuerda que la Línea Negra no puede ser entendida únicamente desde la perspectiva indígena, aunque esa sea la raíz espiritual y jurídica más visible. Que se mencione principalmente a los pueblos Kogi, Wiwa, Arhuaco y Kankuamo no es un gesto protocolario vacío: es el reconocimiento de su ley de origen y de su papel histórico como guardianes de la Sierra Nevada. Pero limitar el debate a ellos sería incompleto, porque las comunidades afro también habitan y sostienen el territorio con prácticas de pesca, agricultura y resistencia cultural.
La decisión del Ministerio de Ambiente bajo el gobierno de Gustavo Petro de reexpedir el decreto es coherente con esta visión: proteger la Sierra no es dividirla, sino convocar a todos sus cuidadores. En este sentido, la propuesta de Arcesio y la política ambiental del gobierno se complementan. Una recuerda la necesidad de incluir voces afro; la otra abre el marco institucional para que esas voces tengan asiento en la mesa.
A quienes creen que este proceso significa perder derechos de tránsito o que millones de personas quedarían excluidas, la respuesta es clara: nadie está cerrando carreteras ni prohibiendo el paso. La Troncal del Caribe seguirá siendo vía nacional, abierta para todos. Lo que se redefine es cómo se gobierna el territorio que la rodea, para que las decisiones no se tomen desde un escritorio lejano, sino con quienes viven allí. Humanizar este debate significa recordar que detrás de las cifras hay personas concretas: el pescador que necesita llegar al río, la mujer que lleva sus productos al mercado, el joven que sueña con quedarse en su tierra. La Línea Negra no busca excluirlos, sino asegurar que esas vidas tengan futuro en un territorio protegido y gobernado con justicia.
No es protocolo, es justicia territorial. Reconocer primero a los pueblos indígenas es necesario; sumar a las comunidades afro es imprescindible. Y frente a quienes sienten que se les excluye, la clave está en recordar que la Línea Negra no es un borde de separación, sino un umbral de encuentro. No se trata de que millones pierdan derechos, sino de que millones ganen futuro. La Troncal seguirá abierta, pero ahora las decisiones sobre la Sierra se tomarán escuchando a quienes la habitan. Solo así se construye un pacto que refleja la pluralidad del Caribe colombiano y la visión de un país que cuida su casa común con todas sus voces.
Mientras las propuestas de decretos y los decretos en si sean redactados en sus contenidos y quereres por los interesados sabios y conocedores de escritorios; una vez aprobados en su decretado, siempre entrara en conflicto con las diferentes comunidades, ya que el querer de su contenido no tiene nada que ver con las realidades y vivencias de las diferentes comunidades multietnicas que habitan un territorio o region, dónde se ha vivido en interacción sin mezquindad.
A los pueblos en convivencia natural por tradición no es posible colocarles delimitaciones , trazados o cercas con GPS!!! ; no es posible colocar una red de microcroporos para impedir que la laboriosa abeja se desplace al campo vecino a buscar el nectar de su subsistencia y la de todos.