Si recuerdan ustedes, ya en pasadas ediciones hemos advertido sobre el interés de este gobierno de introducir una Constituyente con un abierto interés trasformador que busca fabricar ventajas políticas que faciliten la apropiación del Estado con evidentes propósitos personalistas, amparados éstos en el manido discurso de que “es parte de la lucha del pueblo para la recuperación del poder”.
Se ve con toda claridad que se trata de una encerrona política para introducir un nuevo Acto Constitucional que favorece el capricho radical de un Presidente en ejercicio y una élite de renegados que buscan imponer una dogmática abiertamente sectaria y más que contradictoria con el sentir nacional. Pero están decididos a hacerlo y lo harán poniendo en ello toda la fuerza de la maquinaria estatal, aprovechando la posición de privilegio que otorga el ejercicio del poder, y convencidos como lo están que con ello le prestan un enorme servicio político al país total, pero omitiendo el hecho que es una iniciativa abiertamente contradictoria y altamente peligrosa para el devenir democrático del país. Hemos afirmado siempre que la ruta hacia todo gobierno autoritario comienza por la modificación maquinada y arbitraria de la Norma Constitucional para que, moldeada a gusto de los interesados, le sirva al Dictador para gobernar a su gusto. Tal fue la ruta que siguió el extinto Comandante Chávez en Venezuela y es también la ruta que el Presidente Petro y sus seguidores, acaso aquellos que esperan sucederle, quisieran seguir para perpetuarse en el poder apoyados sobre la “voluntad del pueblo” que acuciosamente manipulan.
En tanto corren los días y se aproxima el fin del presente gobierno, se intensifican las señales de urgencia en torno a la “necesidad de una Constituyente” que hacía parte de la agenda de gobierno y que ahora hace parte principal de la agenda política del candidato de la izquierda unida, muy bien soportado por el Presidente de la República y la maquinaria del gobierno. No parece importar mucho que se trate de un acto expresamente prohibido por la Ley. De dicha manera, un instrumento que es patrimonio exclusivo de la Nación pasa a ser “trapo de trabajo” del gobierno de turno.
La Constituyente en cuestión, lejos de pensarse como un “colectivo legítimo de ciudadanos que se reúne para encontrar una Norma Política que permita el diálogo nacional y la construcción de una ruta consensuada que oriente la marcha pacífica de la Nación hacia una paz definitiva y un futuro promisorio”, como debería ser en cualquier caso, se puede ver, en cambio, como la convocatoria de un “comité de aplausos” que ha de comparecer indefenso para aprobar un “bodrio prefabricado de inimaginable contenido” que marca la pauta de las transformaciones que quiere este Gobierno. Para quienes, como yo, que hemos visto circular en las redes sociales indignantes proyectos de Constitución Política que serían materia de aprobación en la supuesta Asamblea, nos parece que se ha puesto en marcha una burda conspiración para introducir un instrumento nuevo que modifica la estructura del Estado y abre los espacios necesarios para que prospere algo que se ha dado en llamar la “revolución del pueblo”, en palabras del propio Presidente Petro. Como puede verse, el Presidente Petro en su despacho esforzándose al máximo para llegar al mismo resultado que logró su mentor en Venezuela. Como ven, el doctor Cepeda, camino a las elecciones, esforzándose para responder a la inspiración revolucionaria de su padre.
El asunto que debería preocuparnos ahora, pensando ya en la proximidad de las presidenciales 2026, es que el país no tenga claridad al respecto de lo que implica esa iniciativa y salga a votar sin la más mínima noción del peligro que se avecina. Una iniciativa como ésta, que podría siempre ser bien recibida en una Democracia en ejercicio, y servir para que todos los componentes sociales del país se encontrasen en busca de resultados que permitan asegurar el curso de la Nación hacia mejor destino, que no es el de la confrontación, la violencia, la violación de los derechos, la pobreza y la falta de oportunidades, sería mejor una oportunidad para sentar de manera consensuada y solidaria las bases y fundamentos de un Estado que garantice la participación de todas y todos en el buen suceso de la Nación.
Pero es que la iniciativa en curso no logra figurarse más allá de una propuesta de partido, que es como en efecto se lee, inequívocamente contaminada de dogmas y tendencias que no consultan la totalidad de los sentires nacionales, más bien los excluye, lo que conduce a que pierda irremediablemente su razón de ser. ¿Cómo aceptar como norma nacional una Constitución que responde apenas a intereses partidistas y a megalomanías personales?
Si hubo alguna vez una queja contra la Constitución de 1886 es que era una Carta de enfoque “centralista” – “confesional” – “anti pluralista” que concentró el poder en el gobierno central y limitó las libertades individuales, al extremo de promover la exclusión política de facciones liberales no plegadas al gobierno y otros movimientos. Sin embargo, siendo cierto que el país necesitaba superar el caos de las guerras civiles, hecho político que se hizo típico del siglo XIX, la Constitución reformista del 86 debía lograr la estabilidad y el orden que requería el país para que pudiera gobernarse como nación unida, en adelante por encima de las tendencias federalistas que condujeron repetidamente a la desgracia de la guerra, y así ocuparse de su desarrollo por más de 100 años.
A su turno, la Constitución de 1991 ha completado apenas la tercera parte del tiempo de la anterior y tiene todavía mucho por hacer en un país que se reconoce como Democracia efectiva y Estado de Derecho. Naturalmente que enfrenta desafíos distintos, más profundos y graves quizás, pero no es ella en sí misma la que está llamada a “resolver todos los problemas” sino que son los hombres y mujeres inteligentes que, haciendo parte del Gobierno y de las corporaciones Legislativas, gestionan lo necesario para que el país marche bien, en equidad y justicia. No es tarea de un instrumento escrito, ya se sabe que por consenso conseguido mediante el diálogo entre numerosos representantes de todos los sectores de la sociedad – diferencia importante con la Carta del 86 que fue redactada por Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro -, sino tarea de personas que dedican su tiempo a interpretarla, obedecerla y hacerla cumplir. Su valor más grande, que es el establecimiento de la Democracia como principio de vida esencial de la Nación, marca la dirección que debe seguirse para que toda fuerza social, todo colectivo y movimiento político, toda sociedad, toda comunidad, en donde quiera que se asiente, tenga el espacio y garantías necesarias para prosperar y lograr sus propósitos legítimos de vida.
¿Por qué razón convocar a una nueva Constituyente, si la tarea se viene haciendo con relativo acierto? ¿Cuáles pueden ser las razones de fondo para comprometerse con un cambio?
La acusación más frecuente es que no es, en realidad, un “consenso total de todas las fuerzas sociales del país”, lo cual quiere decir que hay quienes se sienten por fuera del “consenso” Constitucional, dando pie a un reclamo legítimo en el terreno de lo político que debe resolverse en la práctica. ¿Cómo? Abriendo espacios para el diálogo. Será de ese modo que puedan ser escuchados y vinculados aquellos que se manifiestan en contra de ella por su espíritu y concepto, como puede ser el caso de aquellos que afirman que “estamos regidos por una Constitución guerrillera”, simplemente porque se estructuró para facilitar los procesos de paz con los grupos alzados en armas que les arrebataron la Paz a los colombianos durante cinco décadas del siglo anterior y casi todo el presente. Pero así mismo estarían aquellos que hoy afirman que es una “Constitución oligárquica que excluye al pueblo”. No hay, pues, consenso absoluto y ese paso debe darse en el marco de un diálogo nacional, que no necesariamente exige una nueva Constitución, si es que en la que está vigente están las previsiones legales que permiten hacer los ajustes y reformas pertinentes, bajo la única condición de que han de hacerse por la vía institucional que ella misma establece, es decir, por la ruta del Congreso de la República.
En resumen, la creación colectiva del 91 sigue siendo fuerte y se encuentra vigente casi en su totalidad, lo cual es una garantía de estabilidad política y de la gobernanza para los años que vienen. No habría razón para pensar en un cambio como el que se insinúa, entonces cabe cuestionar ¿por qué son los propios funcionarios del Gobierno Nacional los primeros implicados en este proceso, siendo aquellos que, al aceptar sus cargos, comenzando por el Presidente Petro, juraron “defender la Constitución y la Ley”? ¿Es que ese juramento no vale? Por supuesto que sí, y además tiene implicaciones legales, por consiguiente, viene a ser válido el reclamar la atención de las autoridades sobre aquellas personas que, siendo el primero el Presidente, consienten en conspirar contra la Constitución.
Como si ésta fuese un “papelucho desechable”. Se nota en todo esto una falta de conciencia sobre lo que representa y significa “La Carta Magna de la Nación”. Como si no fuese el resultado de Consenso Nacional, acaso imperfecto, pero al fin un Consenso aceptado por todas las fuerzas sociales y políticas que estuvieron allí representadas en la Constituyente del 91.
Aun así, podrá suceder que, a pesar de todo argumento de mínima sensatez, se coloque por encima aquel propósito mezquino, nunca bien declarado ni valientemente defendido, que profesan quienes acompañan al Presidente Petro en esta iniciativa y tratan de llevarla a la altura de “mandato popular”. Me explico: si la propuesta de una Constituyente llega a estar debidamente incorporada en la agenda del candidato presidencial de la izquierda, y si por casualidad ese candidato llega a ganar en las elecciones, la tal iniciativa se eleva a una propuesta de gobierno de riguroso cumplimiento, sometida como tal al control de la ley, razón por la cual podrá realizarse con todos los respaldos legales. Así, de ese modo, se evade el giro constitucional que ordena el paso por el Congreso y se abre en cambio el camino del constituyente primario: en efecto, “hay constituyente porque el pueblo la pidió y se respaldó con el voto popular”. Ahora pueden darse cuenta cómo es que va a funcionar el macabro plan sin que el país se percate siquiera.
¿Y qué es lo que quiere el Presidente Petro detrás de todo?
Por una parte, resolver la “supuesta debilidad del Ejecutivo” frente al Congreso, en cuyas salas se perdió la oportunidad de aprobar varias reformas que no lograron las mayorías necesarias. Fue a raíz de ese descalabro que el Presidente afirmó que la “oposición de la oligarquía” había dado al traste con sus iniciativas de trascendencia social. De allí su inquina contra la Constitución actual. Para “equilibrar”, dice él, acude al “poder constituyente” para que sea el pueblo quien resuelva problemas estructurales del Estado y ordene cambios profundos en su funcionamiento”. Claro que no es el Pueblo por sí mismo que va a resolver nada, pero dará el aval para aprobar todo aquello que el Presidente populista –o su sucesor, si es que sale elegido- le coloque sobre la mesa para establecer el modelo de Estado que urdió en su cabeza. Ahí está el verdadero peligro de todo este proceso. No podemos imaginar con qué más objetivos vendrá, si uno de ellos el Banco de la República, otro será Ecopetrol, otras las instituciones del Sistema de Salud, y así sucesivamente. Terminaremos viéndole, otra vez, en la ruta que le enseñó el Comandante Chávez: << Con la Constitución en el Bolsillo, con el Congreso arrodillado y con el Banco Central en su poder, usted puede gobernar como quiera.>>[i]
La Constituyente le sirve, en lo concreto, como mecanismo de movilización social para que, llegado el caso, pueda presionar ante el Congreso la aprobación de las reformas que dejó pendientes en su Gobierno pero que confía que retome su sucesor una vez haga su ingreso a la Casa de Nariño, si es que ello llegara a suceder. De allí en adelante vendrá un cogobierno en la sombra, y después de ello la reelección, porque no van a perder la oportunidad de quedarse hasta que se agote la fila de aspirantes que ya tienen armada.
Luce bien la iniciativa de instaurar un “Comité Protector de la Constitución del 91”, promovida desde la candidatura presidencial de Sergio Fajardo, precisamente para preservar la integridad del Valor Público más alto de la Nación. No debería ser necesario un esfuerzo tan grande para frenar una estupidez. Ustedes dirán.
[i] Imaginario del autor basado en la experiencia conocida.