Colombia está atravesando su momento más crítico en términos de cultivos y producción de sustancias ilícitas como la cocaína. Las drogas ilegales son el combustible principal con el que se financian grupos criminales, llámense ELN o Segunda Marquetalia.
Los informes de la Defensoría del Pueblo dicen que 890 municipios, más del 70% del territorio colombiano, cuentan con presencia de grupos armados ilegales. Las cifras disponibles más actuales de UNODC demuestran que en el año 2023 hubo 253.000 ha de coca en Colombia, es decir, los cultivos crecieron por décimo año consecutivo. El nivel de producción de coca escaló a la cifra de 2.664 toneladas en 2023, lo que indica que Colombia concentra el 67% de los cultivos de coca a nivel mundial.
Un factor que explica el aumento de los cultivos es la actual política de la “paz total”. Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, la erradicación de cultivos de coca en Colombia cayó un 70% entre 2022 y 2023, pasando de 68.893 a 20.323 hectáreas.
¿Qué política exterior puede adaptar un nuevo gobierno colombiano para reducir los cultivos ilícitos?
Guillermo Fernández de Soto, ex embajador de Colombia ante la ONU, y el politólogo Andrés Rugeles hablan de la urgencia de diseñar un Plan Colombia 2.0 para enfrentar la situación crítica del país. Hoy a pocas semanas de la segunda vuelta presidencial parece ser probable que el próximo presidente de Colombia sea alguien afín a una política exterior cuya doctrina se inspira en elementos del Plan Colombia.
El mejoramiento de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos e Israel es fundamental para el buen desempeño de una cooperación militar cuyo eje central es la lucha contra el crimen organizado, la sustitución de cultivos y el desarrollo alternativo.
Pero no se puede desconocer el hecho de que la contundencia de Estados Unidos en lidiar con el tráfico de cocaína ha disminuido desde el mandato de Barack Obama a pesar de que en Colombia los cultivos de coca pasaron de récord en récord.
Un factor que explica por qué Colombia no tiene la misma prioridad en la agenda antidrogas reciente de los Estados Unidos es el fentanilo. Mientras que los Estados Unidos se vieron desafiados por el auge de la cocaína y el crack (o bazuco) durante la década de los años 80, hoy en día la mayor preocupación para la salud pública estadounidense son los opioides.
Por otro lado, la cocaína se ha impuesto en nuevos mercados globales. En un mundo globalizado, la coca colombiana y quienes la trafican también están causando serios problemas de seguridad en países de Europa Occidental. Figuras públicas de Bélgica y Países Bajos han advertido en repetidas ocasiones que sus países ya tienen rasgos de un “narcoestado”, eso se debe a olas de violencia relacionadas con la cocaína, hubo homicidios contra abogados y periodistas. Según EUROPOL, se estima que el 50% de todos los homicidios que ocurren en la Unión Europea están relacionados al narcotráfico.
Por quinto año consecutivo Europa supera a Estados Unidos en las cifras de incautaciones de cocaína. En 2023 se incautaron 419 toneladas de coca en la Unión Europea, donde destacan los puertos de Rotterdam y Amberes. Ese mismo año la Comisión Europea empezó a reconocer al narcotráfico como “una de las amenazas de seguridad más graves para Europa”.
En noviembre 2025 se celebró en Santa Marta el III Diálogo Bilateral Colombia – Unión Europea sobre Drogas. El tema de las drogas se abordó principalmente desde un enfoque salud pública y reducción de daños. Un nuevo gobierno colombiano puede mantener abierto ese canal de dialogo, pero puede revisar las prioridades, es decir, girar el enfoque hacia la reducción concreta de cultivos, y con esto poner el tema de la fumigación aérea sobre la mesa.
En este contexto, hay que mencionar a COPOLAD-III, el Programa de Cooperación entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea en Políticas de Drogas. El énfasis actual de ese programa es la reducción de la demanda y acciones para el desarrollo alternativo. Un reto sería la reorientación de ese instrumento que ya viene financiado hacia la erradicación de cultivos como condición para que el desarrollo alternativo sea sostenible, ya que la reducción de la oferta es la base para la viabilidad de un desarrollo alternativo sostenible. Desde el COPOLAD-III se puede plantear también la argumentación técnica acerca del uso del glifosato.
Otro asunto interesante es el MAOC-N, Centro de Análisis y Operaciones Marítimas contra Narcóticos. El MAOC-N es una de las principales herramientas para la interdicción marítima de la cocaína en el Atlántico. Desde ahí se comparte en tiempo real información sobre embarcaciones sospechosas. En el año 2022 se firmó un memorando de entendimiento entre MAOC-N y la Policía Nacional de Colombia, pero hay dudas si ese memorando realmente entró en operación bajo el actual gobierno colombiano. De todos modos, se trata de un memorando que puede ser beneficioso en la lucha antinarcóticos si se aplica con objetivos medibles.
Pero ¿para qué Europa, si la cooperación militar importante proviene de Estados Unidos o Israel? Con excepción de Francia y Reino Unido, el apoyo militar de países europeos hacia Colombia ha sido más bien limitado. Ahora bien, la política antidrogas va más allá del puro componente militar y justo ahí es donde Europa se vuelve relevante en la lucha antinarcóticos. Si bien Europa no tiene capacidades militares comparables con los Estados Unidos, Europa sí tiene un peso grande en organismos multilaterales donde hay debates críticos para Colombia como el uso de la fumigación aérea.
Aparte de esto, la cooperación europea juega un papel clave en el tema de los recursos asignados a la lucha contra el narcotráfico, sobre todo en políticas de desarrollo alternativo. Un nuevo gobierno colombiano debe buscar convencer a sus contrapartes europeas de condicionar el financiamiento de desarrollo alternativo a resultados concretos en la reducción de los cultivos, en otras palabras, erradicación de cultivos y desarrollo alternativo tienen que ir mano en mano.
Andreas Mariano Althoff Ospina