La diversificación productiva de La Guajira no puede comenzar el día después del carbón. Pero tampoco debería construirse bajo la premisa de que una actividad económica tiene que desaparecer para que otra pueda surgir.
La discusión que necesita el departamento es mucho más ambiciosa: cómo hacer que las nuevas actividades productivas crezcan mientras las actuales todavía generan empleo, inversión, capacidades y recursos.
La transición justa no debería entenderse como el reemplazo de una economía por otra, sino como la construcción progresiva de una economía más amplia, diversa y productiva, capaz de coexistir con las actividades que hoy sostienen buena parte del aparato económico departamental.
Las empresas minero-energéticas han sido parte fundamental de la economía de La Guajira y seguirán siéndolo mientras mantengan sus operaciones. Durante décadas han generado empleo, inversión, encadenamientos productivos y recursos públicos que han permitido atender necesidades históricas del departamento. Solo en 2025, Cerrejón pagó a la Nación $673.000 millones en regalías, una cifra que permite dimensionar la magnitud de los recursos asociados a esta actividad.
No se trata, entonces, de desconocer ese aporte ni de construir una política pública desde la idea de que la minería pertenece al pasado. Se trata de reconocer la economía que tenemos hoy y utilizar su capacidad para ampliar la base productiva del departamento.
La pregunta de fondo es qué hacemos con esa capacidad económica. El corte de julio de 2026 del Sistema General de Regalías muestra que La Guajira ha canalizado $5,8 billones en 1.368 proyectos, concentrados principalmente en transporte, educación y vivienda.
Las regalías han sido fundamentales para atender brechas históricas y financiar infraestructura social. Pero una economía no se transforma únicamente construyendo infraestructura o atendiendo necesidades presentes. También necesita desarrollar empresas, trabajadores, proveedores y sectores capaces de generar valor de manera sostenida. Por eso, necesitamos complementar la inversión social y en infraestructura con una política deliberada de diversificación productiva.
Esto implica cambiar también la forma en que hablamos de la transición. La Guajira no tiene que escoger entre minería y diversificación, como si fueran dos modelos económicos incompatibles que debieran sucederse en el tiempo. Puede y debe desarrollar nuevas actividades mientras las existentes continúan generando valor. Puede fortalecer la agroindustria mientras mantiene actividades minero-energéticas; puede desarrollar el turismo mientras atrae inversiones en energías renovables; puede fortalecer proveedores locales y nuevos servicios mientras las grandes empresas que ya operan en el territorio continúan generando demanda.
El objetivo no es sustituir rápidamente una actividad por otra, sino conseguir que cada vez más actividades sean capaces de generar empleo, inversión, ingresos y oportunidades en el territorio.
Esta idea de coexistencia resulta especialmente importante para una región como La Guajira. La diversificación productiva, la diversificación energética y el bienestar social no tienen por qué ser etapas sucesivas. Pueden desarrollarse simultáneamente y reforzarse entre sí. La transición justa, entendida de esta manera, deja de ser una conversación sobre cómo administrar la salida de una actividad económica y se convierte en una estrategia para ampliar las oportunidades de la región. La pregunta deja de ser qué actividad reemplazará a otra y pasa a ser cómo hacemos para que el departamento tenga más motores de crecimiento.
Otros territorios mineros ya han enfrentado esta discusión. En Nueva Gales del Sur, Australia, se entendió que una región con una fuerte dependencia de la minería no podía esperar a que la actividad llegara a su etapa final para comenzar a construir capacidades alternativas.
Parte de los recursos asociados al carbón se orientó hacia formación laboral, infraestructura habilitante y diversificación productiva, mediante la participación de empresas, gobiernos, academia y comunidades.
La lección para La Guajira no consiste en copiar un modelo extranjero, sino en entender su lógica: una región puede utilizar la capacidad económica que tiene hoy para ampliar las capacidades que necesitará mañana. Es más eficiente construir esas capacidades cuando todavía existen recursos, empresas, empleo y capacidad institucional que hacerlo cuando la necesidad ya se convirtió en una emergencia.
Por eso, el reto ya no es seguir diagnosticando el problema. El reto es construir el instrumento. Una discusión que debería llegar pronto a la Asamblea Departamental es la creación de un Fondo Departamental de Transformación Productiva para La Guajira, capaz de apalancar recursos de distintas fuentes y con una prioridad concreta: aumentar la capacidad productiva del departamento.
Ese fondo podría orientar recursos hacia formación pertinente para los empleos del futuro, fortalecimiento de proveedores locales, atracción de nuevas inversiones y proyectos habilitantes para sectores como la agroindustria, el turismo, la economía circular, los servicios y las actividades asociadas a la transición energética.
Pero debemos evitar un error: pensar que crear un fondo equivale simplemente a crear una nueva bolsa de recursos. La experiencia de las regalías nos ha demostrado que tener dinero disponible no garantiza por sí mismo una transformación productiva. Se necesitan proyectos bien estructurados, capacidad de ejecución, seguimiento, indicadores y criterios claros para decidir dónde invertir cada peso.
El verdadero valor de un fondo de coexistencia productiva no estaría únicamente en cuánto dinero logre reunir, sino en su capacidad para convertir recursos en proyectos, proyectos en inversión y esa inversión en nuevas capacidades productivas para el departamento.
Por eso, más que un fondo, La Guajira necesita un verdadero mecanismo de gobernanza para la transformación productiva, con participación del Gobierno departamental y nacional, los municipios, el sector privado, la academia y las comunidades. Un esquema que permita identificar proyectos, priorizarlos, madurarlos y convertirlos en inversiones financiables. También debería permitir articular recursos públicos y privados, de manera que el esfuerzo de las empresas y del Estado no avance por caminos separados, sino que contribuya a una misma estrategia regional de desarrollo.
La Asamblea Departamental puede convertirse en el punto de partida de esta conversación. Una ordenanza permitiría transformar una buena intención en una política pública departamental, con reglas, indicadores y responsabilidades capaces de trascender los periodos de gobierno. No necesitamos otra estrategia que termine archivada después de su presentación. Necesitamos un instrumento institucional que permita tomar decisiones de inversión durante los próximos años y que tenga la suficiente flexibilidad para incorporar recursos de regalías, cooperación, sector privado, banca de desarrollo y otras fuentes que puedan contribuir a la transformación productiva.
Y hay algo que debe quedar especialmente claro desde el sector empresarial: esta no es una propuesta contra la minería ni un ejercicio para anticipar su desaparición. Es exactamente lo contrario. Es reconocer el aporte que la actividad minero-energética hace actualmente a La Guajira y aprovechar responsablemente la capacidad que existe para generar recursos, empleo, inversión y encadenamientos. Si hoy tenemos empresas con capacidad de inversión, trabajadores con experiencia, proveedores, infraestructura, conocimiento y recursos públicos derivados de la actividad económica, sería poco razonable no utilizar esa plataforma para desarrollar nuevas actividades.
La discusión, entonces, no debería concentrarse en cuándo terminará la minería. Esa pregunta desplaza la atención hacia un momento futuro y nos hace perder de vista la oportunidad que tenemos en el presente. La pregunta verdaderamente estratégica es cómo lograr que, mientras las actividades económicas actuales siguen funcionando, otras nuevas alcancen la escala necesaria para convertirse en fuentes reales de empleo, inversión y desarrollo. La diversificación no puede ser un plan de contingencia para cuando los recursos sean escasos; tiene que ser una estrategia de crecimiento para cuando todavía contamos con ellos.
La Guajira no tiene que escoger entre minería, agroindustria, turismo, energías renovables, servicios o nuevas actividades productivas. El desafío es crear las condiciones para que todas aquellas que tengan potencial puedan crecer y generar valor en el territorio. Una economía más diversificada no significa necesariamente una economía que renuncia a lo que ya tiene; significa una economía que agrega nuevos motores de crecimiento y reduce progresivamente la vulnerabilidad que supone depender demasiado de pocos sectores. Esa es, en esencia, la oportunidad de la transición justa: ampliar las posibilidades económicas y sociales de la región sin destruir prematuramente las capacidades que todavía funcionan.
La decisión que tenemos delante es, por tanto, mucho más concreta que discutir el futuro de la minería. Es decidir si vamos a utilizar los años en los que todavía contamos con empresas, empleo, inversión y regalías para construir nuevas capacidades productivas o si vamos a esperar a que la necesidad sea urgente para empezar a hacerlo. La coexistencia productiva no debe entenderse como la administración del final de una economía. Debe ser la construcción, desde el presente, de una economía más grande y diversa. La oportunidad está ahí: hacer coexistir las capacidades que La Guajira ya tiene con las que todavía necesita construir.
Luis Guillermo Baquero