Reflexiones sobre el Decreto 482 de 2025, la resolución de la ANT y el futuro de Uribia
Cuando hace algún tiempo se planteó la posibilidad de crear el municipio de la Alta Guajira a partir del territorio que hoy integra Uribía, manifesté una preocupación que considero plenamente vigente: las transformaciones territoriales no pueden analizarse únicamente desde consideraciones administrativas, fiscales o políticas. Sus efectos alcanzan la organización misma del Estado en el territorio y la forma en que se ejercen las competencias públicas.
Para ese entonces, sostuve que cualquier modificación de esta naturaleza debía examinarse a la luz del derecho fundamental a la consulta previa, no como un simple requisito procedimental, sino como una garantía constitucional destinada a asegurar la participación efectiva del pueblo wayuu de la Alta Guajira.
Las decisiones adoptadas recientemente por el Gobierno Nacional han devuelto esta discusión al escenario público, aunque bajo una figura distinta.
Mediante el Decreto 482 de 2025 y la Resolución de la Agencia Nacional de Tierras de fecha del 10 de junio de 2026, fue delimitado y puesto en funcionamiento el Territorio Indígena de la Zona Norte Extrema de la Alta Guajira (Wuinpumüin), ubicado dentro de la jurisdicción del municipio de Uribía.
El reconocimiento territorial indígena, por sí mismo, no constituye el centro de la discusión. La Constitución de 1991, el Convenio 169 de la OIT y una sólida línea jurisprudencial han reconocido la protección especial de los pueblos indígenas, de sus territorios y de sus formas propias de organización. Desde esa perspectiva, existe un soporte jurídico suficientemente consolidado.
Lo que merece atención son los efectos institucionales que podrían derivarse de la figura que comienza a operar sobre una parte significativa del territorio municipal.
Uribía no es una realidad reciente. Desde su creación mediante la Ley 105 de 1960 ha coexistido con el Resguardo de Alta y Media Guajira, una de las expresiones más importantes de autonomía indígena en Colombia. Esa convivencia ha permitido proteger derechos colectivos, preservar la identidad cultural del pueblo Wayuu y definir ámbitos de actuación para distintas autoridades dentro de un mismo espacio territorial.
Las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional introducen ahora un elemento adicional dentro de su realidad institucional.
Lo que aún requiere claridad es el alcance jurídico de la Resolución de la ANT que pone en funcionamiento y la manera en que se articulará con las competencias que hoy ejercen las autoridades municipales y departamentales.
La importancia de esta discusión no radica en las definiciones jurídicas, sino en sus efectos sobre la realidad. Las respuestas tienen consecuencias concretas para la planeación del desarrollo, la ejecución de proyectos, la inversión pública, la administración de recursos y la prestación de servicios.
La discusión adquiere una importancia adicional cuando se observa desde la perspectiva del ordenamiento territorial. El Plan Básico de Ordenamiento Territorial de Uribia constituye el principal instrumento de planificación municipal y orienta decisiones relacionadas con el uso del suelo, la infraestructura, la localización de proyectos estratégicos y las prioridades de desarrollo. Cualquier decisión con incidencia territorial exige establecer cómo se integrará con los instrumentos de planeación vigentes y cuáles serán sus efectos prácticos.
La Corte Constitucional ha sostenido en las sentencias C-348 de 2021 y C-054 de 2023 de manera reiterada que la autonomía indígena forma parte esencial del modelo de Estado diseñado por la Constitución de 1991. Sin embargo, la misma jurisprudencia también ha destacado la necesidad de armonizar esa autonomía con los principios de coordinación, concurrencia y colaboración que orientan el ejercicio de las funciones públicas.
Los derechos colectivos del pueblo Wayuu no se encuentran en contradicción con la necesidad de precisar el alcance de las competencias públicas que convergen sobre un mismo espacio geográfico.
El asunto de fondo consiste en establecer cuál es la naturaleza jurídica de la figura que surge a partir del Decreto 482 de 2025 y de las decisiones adoptadas por la Agencia Nacional de Tierras.
Si las medidas expedidas no dieron origen a un nuevo municipio; si tampoco configuraron formalmente una Entidad Territorial Indígena en los términos previstos por la Constitución; y si, al mismo tiempo, incorporan mecanismos de funcionamiento que parecen ir más allá del simple reconocimiento territorial, resulta indispensable determinar con precisión cuáles serán sus atribuciones y cómo se integrará esta figura con la institucionalidad existente.
De esa definición dependerán aspectos tan relevantes como la coordinación administrativa, la ejecución de políticas públicas, la planeación territorial y la distribución de responsabilidades dentro de una de las regiones más extensas y complejas del país.
La discusión apenas comienza y exige respuestas claras por parte del Estado.
Corresponde ahora al Gobierno Nacional, a la Agencia Nacional de Tierras, a las autoridades municipales de Uribía y a las autoridades tradicionales Wayuu avanzar en la construcción de mecanismos de articulación que permitan evitar incertidumbres futuras y ofrecer seguridad jurídica sobre el funcionamiento de esta nueva realidad territorial.
Como ciudadano, como guajiro y como profesional del Derecho, considero que este es el momento de exigir definiciones precisas. También considero necesario acudir a los canales institucionales para solicitar información detallada sobre el alcance de las medidas adoptadas. No para cuestionar derechos reconocidos ni para alimentar controversias innecesarias, sino para comprender con exactitud qué estructura fue creada, cuáles son sus competencias y cuáles serán sus efectos sobre el territorio.
La Alta Guajira atraviesa un momento decisivo. Precisamente por ello, las decisiones que hoy se adopten deben ofrecer algo más que buenas intenciones: deben garantizar claridad institucional, seguridad jurídica y mecanismos efectivos de coordinación. Solo así será posible armonizar la autonomía indígena con la estabilidad de las instituciones y asegurar que los cambios que hoy se impulsan contribuyan realmente al desarrollo y la gobernabilidad de la región.
Eugenio De Jesús Quinto Loperena
Creo que esta figura implementada en la alta guajira ya se ha realizado en otras comunidades autónomas, y lo que se busca es que las comunidades indígenas se han autónomas en planificar y gestionar su propio desarrollo apegado baja usos y constimbres y ante todo preservar la cultura en el tiempo