Durante décadas, hablar de La Guajira ha sido hablar de El Cerrejón. Para unos representa progreso; para otros, una herida abierta. En medio de esas dos visiones, el debate ha terminado siendo más ideológico que práctico, más emocional que racional. Sin embargo, el tiempo obliga a una reflexión distinta, especialmente cuando la concesión minera tiene como horizonte el año 2034 y el país discute su cierre progresivo.
Una sociedad madura no puede evaluar un proyecto de esta magnitud desde el blanco o el negro. Debe hacerlo desde los hechos.
Es innegable que El Cerrejón transformó la economía de La Guajira. Miles de familias encontraron allí un empleo formal que les permitió acceder a vivienda, salud, educación y estabilidad. Muchos trabajadores llegaron con escasa formación académica y, gracias a ese empleo, lograron que sus hijos fueran profesionales, incluso ellos. Hoy encontramos médicos, ingenieros, abogados, administradores, docentes y emprendedores que estudiaron gracias al salario de un padre o una madre vinculados a la operación minera. Ese es un patrimonio humano que pocas veces entra en la discusión pública.
También es cierto que las regalías financiaron carreteras, colegios, hospitales, acueductos y múltiples proyectos públicos. Como toda transferencia de recursos, pudieron administrarse mejor, pero sería injusto afirmar que no produjeron ningún impacto. Buena parte de la infraestructura del departamento lleva, directa o indirectamente, la huella de esos recursos.
La minería impulsó igualmente el crecimiento de empresas proveedoras, transportadores, comerciantes y cientos de pequeños emprendimientos que encontraron en esa actividad económica una oportunidad para desarrollarse. Durante años, El Cerrejón fue uno de los principales motores del empleo formal en un departamento históricamente golpeado por la pobreza y el desempleo.
Pero reconocer esos aportes no significa ignorar las deudas.
Quizá la mayor deuda no fue económica, sino social.
Muchas comunidades indígenas nunca lograron sentirse parte del proyecto. Más allá de las inversiones sociales, de las compensaciones y de los programas comunitarios, hubo una fractura de confianza que nunca terminó de cerrarse. En muchos casos, el diálogo llegó tarde; en otros, no logró comprender la cosmovisión, las expectativas y la relación espiritual que muchas comunidades mantienen con su territorio. La licencia social es mucho más que cumplir obligaciones legales: es construir legitimidad. Y esa legitimidad no siempre se alcanzó.
La historia también deja una paradoja interesante. Mientras miles de familias construían su proyecto de vida alrededor de El Cerrejón, parte de ellas terminó identificándose con discursos que cuestionaban la continuidad de la minería. No se trata de censurar una preferencia política, sino de recordar que las decisiones democráticas también tienen efectos económicos. El reto nunca ha sido escoger entre minería o no minería, sino construir una transición responsable que proteja a las personas antes que a las ideologías.
También debe reconocerse que alrededor de El Cerrejón crecieron discursos profundamente ideológicos. Algunos sectores políticos convirtieron la mina en el símbolo de todos los problemas de La Guajira y promovieron la idea de que su desaparición resolvería automáticamente las desigualdades históricas del departamento. Esa tesis nunca estuvo acompañada por una propuesta económica suficientemente sólida que explicara cómo reemplazar miles de empleos, cientos de empresas proveedoras y una parte significativa de los ingresos públicos.
Las transiciones económicas no se decretan; se construyen.
Por eso la verdadera pregunta no es si alguien está a favor o en contra de El Cerrejón. La pregunta responsable es otra: ¿está preparada La Guajira para vivir sin esa actividad económica en 2034?
La respuesta, por ahora, parece ser que todavía no.
Eso no significa prolongar indefinidamente la explotación minera ni desconocer los retos ambientales que existen. Significa comprender que una transición exige tiempo, planificación y alternativas reales.
Si el departamento quiere disminuir su dependencia del carbón, necesita consolidar otras capacidades productivas. El turismo puede convertirse en una gran fuente de ingresos si existe seguridad, infraestructura y promoción internacional. La transición energética ofrece oportunidades extraordinarias en energía eólica y solar. El fortalecimiento del campo, con agricultura adaptada al territorio y cadenas de valor, puede recuperar una vocación productiva olvidada. La Universidad de La Guajira, el SENA, las instituciones técnicas y el sector empresarial deben preparar el talento humano que demandará esa nueva economía.
Como enseñó Amartya Sen, el verdadero desarrollo consiste en ampliar las capacidades de las personas. Esa quizá sea la mayor lección para La Guajira: más importante que depender del carbón es lograr que los guajiros tengan las capacidades para prosperar cuando el carbón ya no esté.
También sería deseable que, durante los años que restan de operación, El Cerrejón fortalezca aún más su relacionamiento con las comunidades. No basta con invertir recursos; es indispensable escuchar, construir confianza y convertir a las comunidades en verdaderas aliadas del desarrollo. La responsabilidad social no puede medirse únicamente en cifras de inversión, sino en la calidad de las relaciones humanas que deja una empresa en el territorio donde opera.
El peor escenario sería repetir los errores del pasado: una empresa convencida de que cumplir la ley basta; unas comunidades convencidas de que todo diálogo es una renuncia a sus derechos; un Estado incapaz de liderar una transición económica seria, y una dirigencia política atrapada entre consignas ideológicas y cálculos electorales.
La Guajira necesita menos consignas y más visión de largo plazo.
El Cerrejón no es el responsable de todos nuestros problemas, pero tampoco puede ser presentado como la solución de todos ellos. Ha sido un motor de desarrollo con logros indiscutibles y con deudas que deben reconocerse con honestidad.
El verdadero desafío no consiste únicamente en discutir cuándo terminará la minería. Consiste en decidir qué departamento queremos construir antes de que llegue ese día. Porque cuando el último tren salga hacia Puerto Bolívar, la pregunta ya no será qué hizo El Cerrejón por La Guajira. La pregunta será qué hicimos los guajiros con las oportunidades que nos brindó El Cerrejón, si nuestra gente, el Estado, las comunidades y la empresa fuimos capaces de convertir la riqueza del carbón en el desarrollo sostenible que durante décadas nos prometimos y que las futuras generaciones merecen.
Misael Velásquez Granadillo