Hay decisiones que no se anuncian con estridencia, pero que tienen la fuerza de un acto fundacional. Que el Colegio de Abogados Penalistas de Colombia haya puesto los ojos en Valledupar no es un gesto protocolario; es una toma de posición. Es reconocer que el derecho no se piensa solo desde los centros tradicionales de poder, sino también desde las geografías donde la justicia se vive con más crudeza.
Los días 23 y 24 de abril, el auditorio de la Universidad Popular del Cesar será más que un escenario: será un foro donde el derecho penal se somete a examen. No desde la comodidad de la teoría aislada, sino desde la urgencia de la realidad que interpela.
Allí se abordarán ejes fundamentales que constituyen la columna vertebral del sistema penal: la teoría del delito, como arquitectura conceptual que delimita la responsabilidad; el procesal penal, como garantía – o amenaza – de los derechos fundamentales según cómo se ejerza; el derecho penal económico, que enfrenta el desafío de sancionar conductas complejas en escenarios de poder; y la investigación criminal, donde se juega la tensión permanente entre eficacia y legalidad.
Pero más allá de los temas, lo que está en juego es el sentido mismo del derecho penal.
Porque hablar de teoría del delito no es recitar categorías: es preguntarse si aún somos capaces de contener el poder punitivo dentro de límites racionales. Hablar de procesal penal no es describir etapas: es cuestionar si el proceso sigue siendo un camino hacia la verdad o si ha sido capturado por la ansiedad de condenar. Hablar de derecho penal económico es interrogarse si la justicia alcanza a los poderosos o si se diluye frente a ellos. Y hablar de investigación criminal es decidir, en cada caso, si la prueba será fruto de la legalidad o de la prisa.
En ese escenario, la presencia de juristas como Francisco Bernate, Iván Cancino, Jhonatan Peláez, Romario Camargo y Pipe Caballero no es decorativa. Es una invitación a pensar con rigor, a disentir con argumentos, a devolverle densidad a un debate que muchas veces se trivializa.
Y es ahí donde la labor del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia adquiere su verdadero significado.
Porque no se trata únicamente de convocar un congreso. Se trata de sostener una colegiatura que, en medio de un entorno cada vez más hostil para el ejercicio de la defensa, busca salvaguardar y proteger los derechos de los abogados litigantes. De aquellos que, en la primera línea del proceso penal, enfrentan no solo la complejidad jurídica, sino también la presión social, la incomprensión y, a veces, el señalamiento.
Defender al abogado defensor es, en el fondo, defender el derecho de todos.
Porque sin una defensa libre, técnica y respetada, el proceso penal deja de ser un escenario de equilibrio y se convierte en un trámite de condena. Y cuando eso ocurre, el Estado de Derecho empieza a resquebrajarse, casi siempre en silencio.
Que este debate se dé en Valledupar no es casual. Es, más bien, necesario.
Aquí, donde la justicia muchas veces llega tarde o no llega; donde el proceso puede convertirse en castigo; donde las cárceles hablan en el lenguaje del hacinamiento; pensar el derecho penal es también una forma de resistencia.
Una forma de recordar que el derecho no está hecho para complacer, sino para limitar.
Y que, incluso en medio del ruido, todavía hay espacios donde la palabra jurídica conserva su dignidad.
José Jorge Molina Morales