Se conjura contra viento y marea, las invasiones de fincas, afectando la propiedad privada e incrementando, el estado de violencia que vivimos. La Ministra Cecilia López, rechazó de manera enérgica, las acciones de hechos de invasores, frenándolas por no ser la forma para adquirir la tierra, sobre todo, cuando el gobierno del Presidente Gustavo Petro, está velando por el bienestar campesino, pero de manera pacífica. El Ministro de Defensa, les pide que desalojen los predios ajenos, para no tener que utilizar la fuerza. Los incidentes se presentaron en departamentos de: Cauca, Valle, Antioquia, Putumayo, Cesar, Santander y Huila entre otros; en donde el presidente permitió el uso del Esmad, para controlar a las multitudes invasoras, algunas enfrentadas con los trabajadores que laboran en predios rurales, objeto de invasión que perseguían apropiar.
La decisión oportuna de gobierno de frenar las invasiones, es una necesidad emergente de aplacarse, protegiendo la propiedad en cumplimiento de disposiciones legales vigentes. Muchos invasores se lanzarían a las apropiaciones de tierra, pensando que el presidente Petro, las iba a expropiar, como equivocadamente se especulaba, pero el mandatario con antelación a la posesión, dejó claro, que no tenía ninguna intención de expropiar propiedades, demostrándolo con la atención prestadas y la posición tajante, contra las invasiones.
De haber sido el presidente, negligente, indiferente y omiso; la nación podría terminar en una guerra civil. Tolerar las invasiones, es permitir que estás, se extiendan por todos los municipios de Colombia, enfrentadas en confrontaciones bélicas, que deben prevenirse, antes que revivir las convivir, como nuevamente lo proponen. La invasión de tierra es una conducta delictiva, permisiva e inapersivida, por las autoridades penal, que no ordenan capturas para quienes lideran invasiones, que se ha convertido en una modalidad de apropiación de tierra, para después negociarla, a cualquier precio y seguir con las rachas, de invadir y robar predios.
El gobierno del presidente Gustavo Petro, debe tener en cuenta, que no basta entregarles predios a los campesinos, si estos no van integrados con programa de apoyo económico globales, en diversificación de predios articulados. Los programas de producción, deben ser manejado por terceros, profesionales y técnicos, en el asunto, conjuntamente con junta directiva, que aprueben proyectos y presupuesto a ejecutar, garantizando labores de trabajo, a los comuneros y comercialización de los productos. Los campesinos que le asignen los predios, trabajaran en los mismo, sujeto a las personas responsables, de los manejos operativo de cultivos y producción.
Asignar la tierra y facilitar recursos económicos, de manera individual a cada campesino, es un fracaso, sin asistencia técnica, medios de producción, uso de fertilizantes y semilla. ¿Si los predios los entregan sin ningún medio para producción, que puede hacer el campesino, si no disponen de recursos económicos para cultivar la tierra y recoger cultivos? Vender la parcela, como ha sido la costumbre y seguir en las mismas necesidades, ambulando. Una comunidad de 100 familia, reciben, por ejemplo, del gobierno que entrega 500 hectárea, cultivando el 50% de la citada extensión predial asignadas, podría fácilmente generar no menos 600 empleos. Es decir, habría trabajo directo, para todos miembros cabezas de familias, mujeres, hijos mayores, allegados y vecinos, interesado en ejercer labores. Las asignaciones de tierra por el gobierno, no deben de ser individuales, sino colectivas, mediante comunidades, asociaciones, cooperativas etc para que se emprenda producción y se prevenga la venta de derechos de propiedad particular.
Campos agrícolas clasificados, con garantías de agua, tecnificaciones y adecuaciones, deben promoverse motivando atracciones e interese particulares privados, para arriendos con facilitación de subsidios y créditos, destinados a proyectos y programas, productivos.
El objeto de la tierra, no debe únicamente radicar en la propiedad, sino también, la destinación del uso a que se utilice, en beneficio social-comunitario, sobre la explotación que, de ella se fructifique. El Estado debe reservarse el derecho reivindicatorio, cuando de existan desacuerdo por mayoría democrática, prohibiendo ventas parciales o totales, de predios asignados a comunidades campesinas.
Las comunidades indígenas, tienen vastas extensiones de tierra, utilizable en agriculturas, para constituirla en gran despensa agrícola, local y nacional, de abastecimiento en plataforma de distribuciones de mercados, atendiendo la demanda de consumo y erradicando el desempleo, de sus miembros comunitarios en personas mayores de edad.
Los bienes en extinción de dominio, antes de feriarlos en repartos de adjudicaciones, grupales e individuales, mejor se concesionan de manera global, para explotaciones economicas: agrícolas, ganaderas, industriales, servicios, recreativas etc, constituyéndose en fuentes generadoras de empleos y divisas, que es lo que necesitamos con urgencia.
En el campo agrícola, está el polo de emprendimiento, desarrollo y progreso, para reactivar la economía y descender el índice del desempleo. Socorrer, solventar familias y apaciguar necesidades apremiantes, generadoras de violencias y abandonos, que deben evitarse y erradicarse, en procura de una convivencia de paz.
Martín Barros Choles