Cuando el resto de Colombia piensa en La Guajira, el imaginario colectivo suele caer en una trampa monolítica. Pensamos en el desierto, en el carbón, en los molinos de viento y, casi de manera exclusiva, en el pueblo Wayuu. Esta visión, aunque parcialmente cierta, ha funcionado históricamente como una venda en los ojos del Estado y de la opinión pública, ocultando la riqueza pluriétnica de nuestra península y, lo que es más grave, perpetuando la invisibilización sistemática de otro de sus pueblos fundacionales: el pueblo afroguajiro.
Durante décadas, las comunidades afrodescendientes de La Guajira —asentadas históricamente en municipios como Riohacha, Barrancas, Fonseca, Hatonuevo y San Juan del Cesar— han sido tratadas como un apéndice demográfico, un dato residual en las políticas públicas. Sin embargo, el reciente y contundente Informe de la Comisión Asesora Científica (CAC) para el estudio de las causas estructurales de la desnutrición en La Guajira ha roto este silencio cómplice. Por primera vez, un documento de esta envergadura no solo reconoce la existencia del pueblo afroguajiro, sino que desmonta, con datos y con voz propia, la arquitectura de exclusión que lo condena a vivir en las llamadas «zonas de sacrificio».
Hablemos primero de los números, porque en La Guajira los números también son armas de exclusión. El informe de la CAC desnuda lo que las comunidades han denunciado por años: un verdadero genocidio estadístico. Mientras el Censo Nacional de 2018 (DANE) registró apenas 62.438 personas afrodescendientes en el departamento, los registros del Sistema General de Regalías (SGR) de 2023-2024 arrojan una cifra de 155.044 personas. Estamos ante un desajuste poblacional del 148,3%. ¿Qué significa esto en la vida real? Significa que 92.606 personas fueron borradas del mapa oficial. Significa que, entre 2018 y 2023, el Estado dejó de asignar 6.000 millones de pesos en regalías que por derecho étnico les correspondían. Significa que entre 15.000 y 20.000 afroguajiros fueron excluidos automáticamente de programas sociales vitales como Familias en Acción o Colombia Mayor.
No nos engañemos: esto no fue un «error técnico» o una «falla metodológica». Como bien lo señala el informe, fue la ausencia deliberada de una cartografía social participativa y de un enfoque diferencial. El racismo estructural se cuela en las encuestas y decide quién existe y quién no para el Estado. Y lo que no existe en el papel, no existe en el presupuesto.
Pero la exclusión afroguajira no es solo estadística; es, ante todo, territorial y ontológica. El informe de la CAC acierta al describir el «choque ontológico» que viven estas comunidades. Para el modelo de desarrollo imperante, el territorio es un recurso económico fraccionable y el agua es una mercancía sujeta a lógicas de mercado. Para el pueblo afroguajiro, el territorio es memoria viva, es la matriz de su identidad, es el lugar donde se entierra a los ancestros. Como rezan las sabedoras en la Juntanza Biocultural: «Nuestro territorio no se vende, se defiende».
Esta cosmovisión ha chocado frontalmente con el extractivismo tradicional y, ahora, con la llamada «transición energética». El informe no se muerde la lengua al señalar que la minería a cielo abierto de El Cerrejón no solo desplazó forzosamente a comunidades emblemáticas como Tabaco, Los Remedios y Chancleta, sino que destruyó sus redes comunitarias y alteró sus calendarios agroalimentarios. Y ojo, porque el informe también lanza una alerta necesaria sobre el neoextractivismo: los megaproyectos eólicos y solares, vendidos bajo el discurso de la «energía verde», están replicando las mismas lógicas de acaparamiento de tierras y fragmentación del tejido social en la costa, amenazando la pesca artesanal. «Nos hablan de energía verde, pero no nos preguntan si queremos que nos quiten el mar y el viento», claman las mujeres afro en el documento. Es la colonización ambiental con un nuevo rostro. En medio de este paisaje de despojo, cambio climático y abandono estatal, surge la pregunta inevitable: ¿Quién sostiene la vida en La Guajira? La respuesta del informe es categórica y conmovedora: las mujeres afroguajiras.
Lejos de la narrativa victimizante que a menudo adoptan las ONG y el Estado, el capítulo afro de la CAC resalta la agencia política de estas mujeres. Ellas son el núcleo de la economía del cuidado y de la supervivencia (el famoso «rebusque»). Son ellas quienes tejen las redes de reciprocidad, las cadenas alimentarias de «mano cambiada» y los bancos de tiempo colectivo. En un departamento donde el 89% de la población afro tiene un empleo informal y donde el 75% de los hogares con jefatura femenina perciben pobreza, son las abuelas, las parteras, las yerbateras y las cocineras tradicionales las que impiden que la hambruna sea absoluta. Ellas sostienen la medicina tradicional afroguajira, un ecosistema de saberes que integra lo biológico, lo espiritual y lo comunitario, y que el sistema biomédico hegemónico se niega a reconocer.
EL informe también destaca la importancia de los «pueblos bisagra». Las comunidades afro y wayuu, que, aunque con adaptaciones territoriales distintas, comparten una historia de exclusión frente a los mismos mecanismos coloniales. Pero también comparten espacios de intercambio biocultural. Reconocer y potenciar estas alianzas interétnicas es, quizás, una de las claves más brillantes que deja el documento para la cohesión social del departamento.
Y entonces, ¿qué hacemos con este informe? ¿Cómo pasamos de la denuncia a la acción? El documento no se queda en la queja; traza una hoja de ruta clara basada en cuatro imperativos éticos y políticos para la política pública territorial:
Primero, Reconocer. El Estado debe dejar de ver el trabajo de cuidado de las mujeres afroguajiras como una labor doméstica invisible y reconocerlo como un trabajo socialmente necesario que merece remuneración y protección social.
Segundo, Redistribuir. Hay que romper la sobrecarga que recae sobre las mujeres, distribuyendo las cargas de cuidado entre géneros, familias, comunidades y el Estado.
Tercero, Reparar. No basta con disculpas. Se exige una reparación histórica y material por siglos de racismo, despojo extractivista y abandono. Esto pasa, innegociablemente, por la titulación colectiva de sus territorios y la restitución de tierras usurpadas.
Y cuarto, el más crucial: Co-construir. Las políticas públicas para el pueblo afroguajiro no pueden seguir diseñándose desde un escritorio en Bogotá o incluso en Riohacha, ignorando los saberes locales. Se deben diseñar políticas que partan de los saberes hídricos y las prácticas de las propias comunidades.
En materia de agua, por ejemplo, el informe es demoledor. Mientras el 68% de los hogares afro en áreas rurales carece de acceso a agua potable por red, la respuesta del Estado ha sido la tecnocracia asistencialista: enviar carrotanques. El informe exige un cambio de paradigma hacia la autodeterminación hídrica. Las comunidades afro ya están implementando soluciones resilientes: cosecha de agua de lluvia, filtros artesanales con arena, carbón y grava, y protección comunitaria de nacederos. La política pública debe financiar y escalar estas tecnologías propias, en lugar de imponer infraestructuras ajenas que generan dependencia.
Como columnista regional y miembro de la comisión, leo este informe no solo como un diagnóstico, sino como un espejo en el que La Guajira —y Colombia entera— deben mirarse sin maquillaje. La desnutrición y la pobreza en nuestro departamento no son accidentes geográficos ni fallas de mercado; son el resultado directo de un modelo de desarrollo que sacrifica a sus pueblos originarios y afrodescendientes en el altar de la acumulación de capital.
El pueblo afroguajiro ha demostrado una resiliencia envidiable. Han sobrevivido al racismo, al desplazamiento y a la invisibilidad. Pero la resiliencia no debe ser una excusa para que el Estado se lave las manos. Es hora de que las instituciones competentes, desde la Gobernación hasta los ministerios en Bogotá, entiendan que no habrá paz ni desarrollo sostenible en La Guajira si no se garantiza la justicia ambiental, étnico-racial y de género.
El informe de la CAC ha puesto las cartas sobre la mesa. Ha visibilizado el tejido invisibilizado. Ahora le corresponde a la clase política, a la academia y a la sociedad civil asumir el costo político de transformar estas recomendaciones en realidades tangibles. Porque como bien lo dicen las sabedoras afroguajiros: “hasta que los leones tengan sus propios historiadores, las historias de caza seguirán glorificando al cazador”. Es hora de que el pueblo afroguajiro escriba su propia historia en La Guajira, con tinta de justicia y sobre un territorio por fin libre de despojo.
Arcesio Romero Pérez