La salud de una democracia no se mide por la capacidad de sus gobernantes para satisfacer los deseos inmediatos de las mayorías, sino por su sometimiento irrestricto al bloque de constitucionalidad. En la actual coyuntura preelectoral colombiana, observamos con preocupación una tendencia hacia el «voluntarismo político», donde se pretende que la aclamación popular o la conveniencia social primen sobre el rigor administrativo. El Estado de Derecho exige recordar una máxima olvidada: Dura lex, sed lex (La ley es dura, pero es la ley); su cumplimiento no es opcional ni está sujeto a plebiscitos de opinión.
Esta peligrosa deriva se manifiesta, en primer lugar, en la flexibilización del gasto público con fines distributivos pues bajo la bandera del bien social, se han implementado subsidios y transferencias que, si bien gozan de respaldo en sectores vulnerables, omiten con frecuencia el debido proceso o carecen de una fuente de financiación clara ajustada a la Ley Orgánica del Presupuesto. Es imperativo comprender que la supuesta justicia social no purga el vicio de ilegalidad, cualquier erogación que ignore la regla fiscal debe ser revocada; el erario no puede quedar supeditado al arbitrio del entusiasmo electoral.
Del mismo modo, el uso de mecanismos de participación para decidir sobre asuntos que son competencia exclusiva del Ejecutivo central o del Legislativo representa un desafío frontal al ordenamiento. Las consultas populares que pretenden legislar sobre la política minero-energética o reformas estructurales son un síntoma de desborde competencial, por más abrumador que resulte el apoyo en las plazas, la voluntad popular no tiene la facultad de otorgar competencias que la Constitución no ha previsto. Lo que nace nulo de pleno derecho debe terminarse. Esta erosión alcanza su punto más crítico en la función pública, donde se presiona para ocupar cargos con perfiles que incumplen los requisitos de ley bajo el argumento de representar el cambio, esta práctica es una afrenta al mérito; los nombramientos que contravengan los manuales de funciones deben ser anulados de inmediato, reafirmando que el Estado no es un botín de guerra, sino una estructura técnica sometida a la norma.
Así mismo, el equilibrio democrático exige que las ramas del poder público abandonen el canibalismo institucional y retomen el respeto sagrado por sus competencias, la colaboración armónica no es complicidad ni sumisión; en este sentido, es urgente llamar la atención de la judicatura: los jueces deben recordar que la acción de tutela posee requisitos estrictos de procedibilidad que no pueden ser ignorados por presiones políticas. Resulta inadmisible que algunos togados actúen como mandaderos del Ejecutivo o de intereses particulares, desnaturalizando este mecanismo para validar caprichos de turno, que quede claro que el juez no está para satisfacer la agenda de un gobierno, sino para ser el fiel custodio de la norma; un sistema judicial que cede ante el poder político deja de ser justicia para convertirse en un instrumento de tiranía administrativa.
El respeto a la ley está por encima del «querer de la gente», esta afirmación, que para algunos suena antidemocrática, es en realidad la máxima garantía de la libertad; cuando la voluntad popular desborda los cauces legales, entramos en el terreno del arbitrium, donde la seguridad jurídica desaparece, la Constitución de 1991 no es un cheque en blanco, sino un límite infranqueable; es el «áncora» que evita que el barco del Estado naufrague ante las pasiones políticas estacionales.
Finalmente, este llamado es para todos ciudadanos, políticos y funcionarios de este país, pues debemos entender que la ley no es una sugerencia que se sigue solo cuando nos conviene, ni un obstáculo que podemos saltarnos cuando nuestro candidato preferido está en el poder. Respetar la norma es, en realidad, el acto más alto de respeto por nosotros mismos y por nuestro vecino, si hoy celebramos que se ignore una regla porque nos favorece o nos da una ventaja momentánea, estamos autorizando que mañana esa misma ley sea ignorada para pisotear nuestros propios derechos; la verdadera libertad no es hacer lo que queremos, sino vivir en una sociedad donde las reglas son iguales para todos.
Es hora de dejar atrás el egoísmo y la ceguera de creer que el querer popular está por encima de la justicia; solo cuando el ciudadano del común aprenda a defender la ley por encima de sus afectos, Colombia podrá decir que es una verdadera República ya que la ley es el cimiento de nuestra casa común; si permitimos que se agriete para darle gusto a unos pocos, terminaremos todos bajo los escombros. Histriónica.
Adaulfo Manjarrés Mejía