Al rey Fernando VII de España, se le conoce históricamente como EL REY FELÓN, por sus infames conductas de traición al pueblo y a la corona, facilitando el derrocamiento de su propio padre Carlos IV a quien destronó; abdicando ante Napoleón Bonaparte, facilitando la invasión francesa en la España de 1808; aboliendo, luego de su regreso al trono, la Constitución de Cádiz de 1812 – “La Pepa”, hermana de la Constitución del Estado Soberano de Cartagena de Indias del mismo año – con una cruenta represión a los mismos líderes que propugnaron por su regreso, propiciando tozudamente la reconquista de los territorios de América, que a la postre se perderían para siempre.
Los súbditos españoles lo describieron como un gobernante vulgar, débil, peligroso en cuanto a sus sentimientos o prejuicios y especialmente cobarde. Después de 214 años, el actual gobierno de Colombia supera aquella felonía.
Ni siquiera en los días más oscuros de la patria, en tiempos de los carteles de Medellín y Cali; en aquellos otros días del genocidio terrorista del M-19, conocido como la toma del Palacio de Justicia y el robo inducido del plebiscito en el gobierno Santos, la sociedad colombiana no asistía a la verdadera arquitectura de un NARCOESTADO: el saliente gobierno petrista adoptó medidas unilaterales e inequívocas, de acuerdo a lo revelado en las evidencias investigativas que han sido hechos notorios en los últimos días, donde se compromete gravemente la seguridad de las instituciones y de todos los ciudadanos en gran parte de los territorios, se detiene y perturba funcionalmente el avance del Ejército y la Policía Nacional; se suspenden los bombardeos en las zonas de alta concentración de los narco terroristas y, paralelamente, se procedió a desvincular decenas de oficiales, coroneles, brigadieres generales y funcionarios responsables de la inteligencia militar, al interior de las Fuerzas Militares y de Policía.
Los bandoleros diseñándole la agenda al gobierno constitucional; quien, además, les facilita la ruta programática, logística y jurídica, con absoluto conocimiento de causa y por instrucciones claras desde la cabeza del ejecutivo.
Hay unos presuntos responsables directos en esta primera fase: Gustavo Petro, Iván Velásquez, Pedro Sánchez, Iván Cepeda, Danilo Rueda, Jorge Lemus, Ricardo Rey y Juan Fernando Petro. Es el “coletazo” de un embeleco llamado “Paz Total” que derivó en el llamado “Pacto de la Picota” y la desgracia del magnicidio de Miguel Uribe Turbay, así como los miles de muertos civiles y militares asesinados por estas bandas narcoterroristas; sin olvidar, por supuesto, el crecimiento exponencial de grupos criminales en todo el territorio colombiano controlando más de 500 municipios, como un verdadero narcoestado paralelo.
Tanto en el sistema penal colombiano como en la jurisdicción internacional, esto corresponde a delitos transnacionales tipificados como: concierto para delinquir agravado, traición a la patria, cohecho propio o impropio; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; lavado de activos, prevaricato por omisión, financiación del terrorismo, enriquecimiento ilícito de servidor público; financiación de campañas con fuentes prohibidas y responsabilidad por omisión a los deberes de Estado que trae el Estatuto de Roma, entre otros.
Hemos comentado en éste y otros espacios, que el gobierno de los Estados Unidos ha venido monitoreando las actividades de funcionarios del gobierno Petro, centrándose en él, precisamente, desde su campaña política y financiación en 2021, gerenciada por el encartado penal Ricardo Roa.
El New York Times ha informado sobre investigaciones adelantadas por las fiscalías de Manhattan y Brooklyn, por presuntos vínculos con el narcotráfico por parte de Gustavo Petro e Iván Velásquez, lo que hace parecer probable que un INDICTMENT emitido por el departamento de justicia de los Estados Unidos, estaría “cocinado”. Dicha acusación se basaría en una conspiración criminal internacional del gobierno colombiano, en cabeza de su presidente y ex ministro de defensa, en principio, para introducir drogas ilícitas a territorio estadounidense.
Con las últimas investigaciones que han salido a la luz pública, y las respectivas denuncias que ya están en manos de la justicia norteamericana y de la Corte Penal Internacional, no parece tan descabellado o utópico que los ocho presuntos directos responsables que señalamos arriba, o algunos de ellos, pronto enfrenten un proceso de tal magnitud, que hoy parece lejano, pero que puede cambiar para siempre la cultura mafiosa y corrupta que permea algunas de nuestras instituciones, y que el presidente electo ha decidido afrontar.
¡Que no nos sorprenda la marcha de los felones escalinatas arriba en un avión de la DEA!
Luis Eduardo Brochet Pineda