“Una canción, los pequeños negocios y la ejecución de Misión Crecer”
Antes de que un jurado escuche una canción en el Festival de la Leyenda Vallenata, alguien ya pagó por prepararla. En mi experiencia como compositor, presentar una obra cuesta entre dos millones y dos millones quinientos mil pesos. Músicos, ensayos, transporte y grabación consumen recursos cuando todavía no sabemos si la canción será admitida. La ilusión tiene un presupuesto.
En 2026 se inscribieron 235 canciones, según la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata. Si cada una hubiera requerido aquel presupuesto antes de la selección, el gasto conjunto habría estado entre 470 y 587,5 millones de pesos. Es una simulación basada en mi propia hoja de ruta, no un censo definitivo ni una medida del PIB. Sin embargo, ilustra un fenómeno real: ese dinero no se evapora en el vacío; irriga de inmediato un circuito de economía popular y servicios creativos de arreglistas, estudios, alquiler de instrumentos, transporte y alimentación entre otros. El compositor asume ese desembolso como una inversión en validación artística, capital simbólico y reputación
Quien abre un pequeño negocio conoce una incertidumbre similar, aunque sus fines sean distintos. Compra mercancía, adecúa un punto y compromete ahorros antes de tener el primer cliente. Pero aquí la naturaleza del riesgo cambia, mientras el compositor busca satisfacer una vocación cultural y trascender en el folclor, la unidad productiva necesita un margen operativo y un flujo de caja diario que garantice la subsistencia del hogar. Sus objetivos difieren, pero ambos deciden sin conocer el resultado.
Los tiempos tampoco son equivalentes. El concurso resuelve la suerte de una canción en cuestión de días, tras meses de preparación previa. Una empresa puede requerir años para amortizar lo invertido. La obra musical, a su vez, conserva su valor intangible y puede circular después de la tarima. No hay base para afirmar que destinar ese capital cultural a un negocio garantizaría mayor rentabilidad financiera, pero ambos procesos comparten una verdad elemental, son decisiones que se toman a ciegas respecto al resultado final.
La incertidumbre forma parte de ambas decisiones. La preparación ayuda a comprenderla y el compositor ensaya y escucha correcciones; el emprendedor prueba su producto, calcula costos y conversa con compradores. Ninguno controla por completo la respuesta que recibirá. Sí puede aprender antes de comprometer más recursos.
La teoría de la efectuación, formulada por Saras Sarasvathy, propone un camino para navegar esa niebla: iniciar con los conocimientos y redes al alcance, construir acuerdos sobre la marcha y, ante todo, fijar la pérdida asumible. Este último concepto adquiere una gravedad particular en el territorio. Para un hogar con ingresos estables, dos millones de pesos representan un margen tolerable de experimentación; para una familia en la economía del rebusque, perder esa misma cifra no es un aprendizaje pedagógico, sino un golpe directo a la subsistencia o la antesala de la deuda informal, el cruel y abusivo pago diario.
El ahorro propio sostiene la mayoría de estos comienzos. Según la Encuesta de Micronegocios (EMICRON) del DANE para 2025, el 61,1% de quienes crearon personalmente su negocio en las principales ciudades del país lo financiaron con recursos propios. Apenas el 7,1% accedió a crédito bancario comercial. Acompañar de verdad a quienes emprenden exige entender de dónde provienen esos pesos y qué red de contención existe si el intento fracasa.
La supervivencia en el tiempo es el verdadero cuello de botella. El seguimiento de Confecámaras a la cohorte empresarial inscrita en 2019 reveló que, tras cinco años, solo 32 de cada 100 empresas continuaban activas en el país; en la región Caribe, la cifra cayó a 25. Si bien este grupo atravesó la coyuntura de la pandemia, la tendencia confirma que registrar una empresa ante una ventanilla mercantil es apenas el primer paso, no la meta. Abrir una empresa no determina el futuro de quien emprende hoy, pero recuerda que la inscripción de una canción apenas inaugura una trayectoria.
A nivel nacional, las microempresas concentraron el 94,5% de las matrículas activas entre enero y julio de 2026, según datos del Ministerio de Comercio. No obstante, una alta densidad numérica no equivale a una participación proporcional en la producción de riqueza ni en el PIB. En Valledupar, la tasa de informalidad laboral se ubicó en 61,3% en el trimestre mayo-julio de 2026, casi siete puntos porcentuales por encima del promedio nacional (54,6%). Una economía donde seis de cada diez trabajadores están en la informalidad no carece de espíritu de trabajo; carece de productividad, capital de trabajo adecuado y articulación con cadenas de valor.
Aquí es donde la anunciada estrategia Misión Crecer tiene una prueba de fuego territorial. Al plantear una meta de crecimiento del PIB del 6% articulando diez carteras ministeriales alrededor de incentivos, proyectos de inversión y simplificación de trámites, corre el riesgo habitual del centralismo, exigir planes de negocio terminados y solvencias previas que excluyen de entrada a la economía popular.
Así que, si Misión Crecer pretende anclar raíces en el territorio, su ejecución no puede ser una simple campaña de registro formal o de ventanilla única. Como ha demostrado la investigación económica del Banco de la República, reducir los costos de entrada no formaliza por sí solo si no se eleva la capacidad estructural de generar valor. La formalidad no puede ser un peaje previo que ahogue al pequeño generador de ingresos; debe ser la consecuencia natural de ganar productividad, escala y acceso a clientes.
La voluntad individual de arriesgar es el punto de partida de toda iniciativa, pero no basta por sí sola para consolidar proyectos colectivos duraderos. Saber sumar esfuerzos, gestionar recursos con rigor y rendir cuentas con transparencia son capacidades que también requieren formación y aprendizaje compartido. Asimismo, conviene recordar que la presencia del Estado no sustituye la viabilidad de una idea ni garantiza por decreto el éxito de un mercado; su verdadera legitimidad radica en identificar con precisión y remover con eficacia aquellas barreras estructurales que escapan al alcance de quien empieza.
En este sentido, el impacto de una política de crecimiento debe valorarse con serenidad técnica y sentido humano. Contar nuevas matrículas en un registro mercantil o registrar incrementos nominales en ventas ofrece una fotografía incompleta si no observamos lo que ocurre en la vida cotidiana de las personas.
Para que esa aspiración se traduzca en hechos medibles, se requiere un andamiaje institucional ordenado en el territorio. La medida fundamental está en el valor agregado que la actividad genera en productividad real, protección de los ingresos del hogar frente a la inflación y si propicia un trabajo digno, formal y respaldado por la seguridad social y debe poder detenerse sin consumir todo el ahorro del emprendedor.
El compositor que vuelve al ensayo y el emprendedor que corrige una oferta merecen encontrar instituciones capaces de acompañar ese aprendizaje. Su voluntad necesita condiciones para convertirse en trabajo sostenible. Llegar al territorio significa reconocer esas capacidades, incluso cuando todavía les falta formación para desarrollarse.
Después de la presentación, el compositor conserva una obra. Después de una venta, el empresario necesita cumplir la siguiente. Ambos tienen decisiones por delante. Por eso, una política de crecimiento debería ayudarles a prepararlas y sacarlas adelante. El concurso termina, pero la música continúa.
Fabián Dangond Rosado
Desarrollo económico territorial y competitividad | Ingeniero industrial · Magíster en Emprendimiento e Innovación | Presidente del CUEES Cesar | Economía creativa · Decisiones públicas con evidencia