En las primeras horas de la tarde, los insurgentes dieron a conocer sus exigencias para liberar a los magistrados de la corte suprema, tomados como rehenes en el delirio demencial de los subversivos. Andrés Almarales, quien en nombre de los guerrilleros estaba al mando del operativo para tomar por la fuerza a los magistrados de la sala penal de la corte, anunció desde las primeras horas de la tarde, en medio de la confusión del fuego cruzado en el interior del edificio, la apertura de un juicio criminal al presidente de la república en la sala de audiencias del alto tribunal, con miras a establecer la responsabilidad de Belisario Betancur por sus supuestas omisiones en el fracaso de los acuerdos de paz suscritos con la cúpula de los insurrectos desde un año antes. La proclama revolucionaria lanzada por el grupo, fue recibida por el gobierno como un golpe a perfidia de quienes habían respondido con violencia a su generosidad ilimitada.
El gabinete, reunido en pleno ante la gravedad de los acontecimientos, adoptó la decisión unánime de no acceder a conversaciones de ninguna naturaleza. Las demandas de los asaltantes: el juicio al presidente por su responsabilidad supuesta en el fracaso del proceso de paz, con la posibilidad implícita de sancionarlo con la destitución del cargo en el evento de ser hallado culpable por acción u omisión de la conducta con respecto a la cual se lo habría de convertir en reo; el compromiso de los estamentos estatales de prohibir, mediante la expedición de un acto reformatorio de la constitución, la posibilidad de extraditar connacionales al exterior aunque fuesen requeridos por la comisión de delitos en otros países; el llamado a calificar servicios de varios generales en servicio activo, por su probable participación en los actos de represión, cometidos durante las aproximaciones de ambas partes, en las cárceles, contra miembros del movimiento. Todo aquello llegó a parecer un juego ominoso de terror en el corazón mismo del país.
El presidente fue claro en el sentido de que en materia de orden público no estaba dispuesto a ofrecer nada a cambio. Sólo podían ser discutidos los procedimientos formales para la rendición sin condiciones de los violentos. La decisión del gobierno fue contundente: el orden jurídico había sido quebrantado en forma grave por un grupo de insurgentes armados, con riesgo para el mantenimiento de la vida de más de dos centenares de personas. Sólo ellos, los guerrilleros del movimiento 19 de abril, eran los responsables de la absurda situación en ese instante. Y sólo a ellos se les imponía la obligación ineludible de rendir sus armas para lograr el restablecimiento de la legalidad amenazada. La respuesta del gobierno, además del anuncio con relación a su intención de negar concesión alguna a los rebeldes, fue proceder a la reconquista del palacio donde funcionaba el poder jurisdiccional. (…)
Idy Bermúdez