Cinco años del pacto de Santos con las Farc. No sobra recordar que ese pacto no es un tratado internacional. Las Farc no tenían ni tuvieron nunca la naturaleza de sujetos de derecho internacional con capacidad de celebrar tratados. El acuerdo fue solo eso, un pacto político entre un jefe de Gobierno y un grupo armado ilegal. Nada más. Tampoco está de más reiterar que, después de ser sometido a un plebiscito y ser rechazado por las mayorías, no era obligatorio ni siquiera para quienes lo firmaron. Desde entonces, tiene un insuperable déficit de legitimidad.
Para conmemorar, invitaron al Secretario General de Naciones Unidas. En realidad, hay poco para celebrar. Los defensores sostienen que era mejor un pacto, aunque fuera malo, que seguir en el conflicto. Ese es, quizás, el principal problema: el conflicto sigue vivo y, peor, está agudizándose. El Comité Internacional de la Cruz Roja, la autoridad mundial en la materia, sostenía hace un par de años que teníamos al menos cuatro conflictos simultáneos, entre el Estado y el Eln, el Epl, el Clan del Golfo y los Gaitanistas, y con las disidencias de las Farc, y un quinto entre los distintos grupos ilegales en el Catatumbo. Hoy habría que agregar un sexto, entre el Estado y las reincidencias de las Farc, encabezadas por Iván Márquez, jefe negociador en La Habana. El conflicto, pues, sigue ahí.
Dicen los negociadores que nunca ofrecieron una paz completa sino una con las Farc. Falso, sí lo dijeron para vender el acuerdo. Pero lo cierto es que las Farc siguen vivas y tenían 5.200 hombres en armas a fines del año pasado. Las Farc, en sus dos versiones, disidencias y reincidencias, siguen matando y cometiendo toda clase de crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Tampoco es cierto que haya disminuido la violencia en general. Este año tendremos entre 12.450 y 12.550 homicidios. Por cierto, acusar a Duque de ser responsable de la involución es injusto. La verdad es que, tras varios lustros de disminución sostenida de los asesinatos desde su pico en 1991, la caída se estancó con la firma del pacto en 2016 y en el 2017 y, tristemente, subieron en el 2018 hasta alcanzar 12.130 en ese año. Santos entregó el país con la violencia homicida en abierta curva de incremento. El pecado de Duque es, precisamente, seguir haciendo más de lo mismo que su antecesor, aunque lo haya hecho mejor.
Yo no tengo duda de que una parte sustantiva del problema de violencia se debe al narcotráfico. Acá también Santos, sus negociadores y las Farc mintieron. Nos ofrecieron un “nuevo paradigma”, un “nuevo enfoque histórico” que traería como resultado la desaparición del narcotráfico. Ha ocurrido exactamente lo contrario. En la mejor de las mediciones, hoy tenemos tres veces más narcocultivos que antes de la firma del componente de narcotráfico con las Farc y producimos 4.2 veces más cocaína. Como el dinero del narco es el motor del conflicto y la gasolina de los grupos armados ilegales, esos grupos se están fortaleciendo y es mayor su capacidad violenta. Las consecuencias son evidentes. En las áreas de influencia de las Farc, los llamados municipios PDET, y en los de sustitución de cultivos, la tasa de homicidios es mayor un 190% y 259% respectivamente al promedio nacional. Un desastre. Como desastroso es el programa de sustitución mismo. Con un presupuesto de 1,3 billones el año pasado, solo se erradicaron de manera manual y voluntaria apenas 702 ha.
Nos dijeron también que las Farc se comprometían a colaborar con el Estado en la lucha contra el narcotráfico. Nada de nada. No entregaron ni cultivos ilícitos, ni laboratorios, ni rutas, ni nombres de socios. Tampoco el multimillonario dinero adquirido ilícitamente. Y nadie reclama.
En fin, sostuvieron que habría justicia alternativa y cinco años después no ha habido ni una sola sentencia contra un miembro de las Farc. Mientras tanto, asumen el cínico papel de faro moral en el recinto del Congreso. Y afirmaron que habría verdad y que si las Farc no la contaban completa enfrentarían penas de prisión. Pues no, la JEP asumió la comodísima posición de usar solo la información de la Fiscalía y la jurisdicción ordinaria y de limitarse a pedirle a los miembros de las Farc que manifiesten si aceptan o no lo que esas instituciones tienen contra ellas. Fácil. Y las Farc en lugar de individualizar su responsabilidad, hacen declaraciones protocolares y de grupo. Claro, nadie les pregunta por los políticos que hicieron parte o colaboraron con ellos. De la farcopolítica no sabremos nada. Feliz Iván Cepeda.
Sostuvieron también que habría reparación. Tampoco. De toda su enorme fortuna, las Farc ofrecieron escasos 150 millones de dólares. A fin de año, después de que les habían extendido plazos, solo entregaron 10,7 millones, menos del diez por ciento. Y todos mudos.
En fin, hay que proteger a la guerrillerada que se desmovilizó y hay que evitar que vuelvan a asesinar. Pero por ahora no hay motivo para celebrar. Además, si lo que quedó mal pactado no se corrige, seguiremos en esta espiral de violencia homicida que desde la firma del pacto no ha hecho sino crecer.
Rafael Nieto Loaiza