Para ilustrar la gravedad de lo que está ocurriendo, basta con analizar un escenario real que hoy no es una ficción jurídica, sino una práctica recurrente a título de ejemplo, un acreedor que lleva cerca de una década en un desgaste judicial logra, finalmente, que se fije la fecha para la diligencia judicial de remate de un bien inmueble que garantizaba su deuda; sin embargo, a escasos días de que se haga justicia, el remate se suspende de golpe. ¿La razón? El deudor acude a un centro de conciliación y presenta una solicitud de insolvencia acompañada apenas de un cumplimiento aparente de requisitos documentales. Lo alarmante es que el juzgado es notificado de inmediato para paralizar la ejecución, pero el principal acreedor ni siquiera es comunicado en debida forma sobre el inicio del trámite, quedando a ciegas, sin copias del expediente y con su derecho de defensa totalmente vulnerado. Esta alarmante situación evidencia cómo se está utilizando la ley como una mera herramienta dilatoria para burlar los compromisos y no pagar… nunca.
A nivel personal, celebro con absoluta convicción la existencia de la insolvencia de persona natural no comerciante en nuestro ordenamiento jurídico. Considero que esta institución es una de las muestras más humanas, progresistas y empáticas del derecho contemporáneo, pues actúa como un salvavidas fundamental para quienes, golpeados por los reveses impredecibles de la economía, la salud o el destino, caen en desgracia financiera. Es un mecanismo que devuelve la dignidad, otorgando una segunda oportunidad legítima para renegociar las cargas bajo el amparo de la ley, permitiendo que el deudor respire y se reintegre de manera productiva a la sociedad sin el estigma de la quiebra perpetua; es más en caso de ser necesario, no dudaría en usarla, pero bien.
Las virtudes de esta figura radican, precisamente, en su concepción bajo el principio rector de la buena fe. Cuando se goza de ella con honestidad, la insolvencia equilibra la balanza entre la subsistencia del deudor y el derecho del acreedor, promoviendo acuerdos de pago serios, reales y financieramente sostenibles. Es una herramienta diseñada para la paz social y la estabilidad del mercado, que entiende que detrás de una cifra hay un ser humano buscando saldar sus cuentas de manera ordenada y justa, de acuerdo con su capacidad económica real.
Sin embargo, la realidad actual en La Guajira y otras regiones de Colombia nos obliga a poner el dedo sobre la llaga, esta noble figura jurídica está siendo desnaturalizada. El abuso sistemático de este recurso ha llevado a que deudores con capacidad patrimonial promuevan trámites de negociación de forma temeraria. Lo grave de esta distorsión es que genera un efecto dominó perverso pues al instrumentalizar el proceso para eludir las deudas, se termina convirtiendo a los acreedores en deudores de otros, asfixiando la economía local y destruyendo la confianza en el tejido comercial de la región.
Ante este panorama, es imperativo hacer un llamado enérgico y urgente a los Centros de Conciliación y Arbitraje del país para que se mantengan vigilantes y estrictos, y bajo ninguna circunstancia se presten para convalidar estas maniobras dilatorias que despojan al proceso de su naturaleza recuperatoria. En especial, la Cámara de Comercio de La Guajira debe blindar con recelo su reputación, una dignidad bien ganada desde hace años como faro de progreso, competitividad y desarrollo para el departamento. Para preservar ese legado, es fundamental que la institución fortalezca de manera rigurosa sus controles internos, asegurándose de cuidar minuciosamente que sus trámites no den cabida a faltas a la verdad procesal y material. Los conciliadores no pueden ser meros receptores formales de documentos; deben ejercer un control real que garantice la transparencia, la viabilidad de las propuestas y, por encima de todo, la buena fe que inspira la ley. Solo así se evitará que una institución creada para salvar vidas financieras termine siendo la fachada de la informalidad y el desmedro de la justicia.
Es justo reconocer y celebrar la extraordinaria gestión que hasta ahora ha adelantado la Cámara de Comercio de La Guajira. Su papel histórico como motor de la región es innegable y digno de aplauso; lo que se busca con esta advertencia no es demeritar sus enormes logros, sino actuar con un profundo sentido preventivo. Se trata de cuidar que no se dañe ni se pierda la valiosa confianza de sus potenciales clientes y usuarios, quienes acuden a la institución buscando transparencia y seguridad jurídica.
Así mismo, robustecer estos filtros es vital para no generar mantos de duda o desconfianza ante la Rama Judicial, la cual, en últimas, tiene la alta responsabilidad legal de revisar, convalidar o resolver el desenlace de estos procedimientos. Evitar fricciones o suspicacias entre los centros de conciliación y los despachos judiciales es la clave para mantener la armonía institucional. Qué mejor oportunidad para que nuestra región se consolide como un referente de integridad, dándole el mejor ejemplo al país entero de cómo se hacen las cosas bien: con rigor, rectitud y respeto absoluto por la justicia.
Adaulfo Manjarrés Mejía