Durante años, Colombia se acostumbró a repetir que jamás podría recorrer el camino de Venezuela. La frase terminó convertida en consigna política, en reflejo condicionado y, peor aún, en una peligrosa sensación de inmunidad institucional.
Pero las democracias no se deterioran porque un país decida parecerse a otro.
Se deterioran cuando una sociedad empieza a creer que sus instituciones son demasiado sólidas para colapsar.
La historia contemporánea demuestra que los sistemas democráticos rara vez desaparecen de manera abrupta. Su erosión suele ser progresiva, jurídicamente racionalizada y emocionalmente legitimada. Casi nunca inicia con censura abierta o autoritarismo explícito. Comienza mucho antes: cuando el poder político empieza a percibir los límites constitucionales como obstáculos para ejecutar su proyecto de país.
Ese fue, precisamente, el gran error de América Latina.
Creer que el deterioro democrático solo podía identificarse cuando ya era demasiado tarde.
Venezuela no amaneció convertida en un régimen autoritario de un día para otro. El proceso comenzó bajo mecanismos democráticos, respaldado por una narrativa políticamente poderosa: la reivindicación del pueblo frente a las élites, la promesa de justicia social y la idea de que las instituciones tradicionales eran demasiado lentas, demasiado rígidas o demasiado “capturadas” para permitir la transformación del país.
Y es precisamente allí donde Colombia debería empezar a prestar atención.
No desde el miedo irracional ni desde el panfleto político. Mucho menos desde caricaturas ideológicas. El debate serio consiste en preguntarnos qué ocurre cuando un proyecto político empieza a concebir las instituciones no como límites indispensables al poder, sino como obstáculos incómodos frente a una supuesta reconfiguración del Estado.
Porque cuando el poder comienza a considerar que los controles constitucionales interfieren con su legitimidad popular, la democracia entra en una zona de riesgo.
Ese es el aprendizaje que América Latina entendió demasiado tarde.
En teoría constitucional existe una premisa esencial: el poder democrático no es legítimo únicamente por su origen electoral, sino también por sus límites. Luigi Ferrajoli advertía que incluso las mayorías requieren controles, porque una democracia sin restricciones jurídicas puede terminar destruyendo las libertades que prometía proteger.
Sin embargo, buena parte del populismo latinoamericano ha construido una lógica distinta: las instituciones son válidas únicamente mientras no interfieran con el proyecto político del gobierno de turno.
Y Colombia ya ha empezado a ver señales preocupantes.
La confrontación permanente con las altas cortes, la descalificación sistemática de organismos de control, la narrativa del “bloqueo institucional” frente a cualquier límite jurídico, las insinuaciones recurrentes sobre mecanismos constituyentes y la tendencia a dividir el debate público entre “el pueblo” y quienes supuestamente obstaculizan las transformaciones sociales, no son episodios menores dentro de una democracia constitucional.
Son señales.
Y las señales importan.
Porque toda arquitectura institucional empieza a debilitarse cuando el poder deja de concebir los contrapesos como garantías democráticas y comienza a tratarlos como barreras políticas.
Paradójicamente, muchas de las decisiones más delicadas del actual gobierno no avanzaron precisamente porque las instituciones democráticas funcionaron.
Han sido las cortes las que han impuesto límites jurídicos. Han sido los órganos de control los que han frenado actuaciones cuestionadas. Ha sido el sistema de pesos y contrapesos el que ha evitado que el presidencialismo colombiano derive hacia formas más agresivas de concentración del poder.
Y allí radica, quizás, la discusión más importante de nuestro tiempo político.
Porque cuando una parte de la sociedad empieza a ver las instituciones como un estorbo para ejecutar un proyecto político, deja de entender la esencia misma de la democracia liberal.
La función de las instituciones no es facilitarle el camino al poder.
Es limitarlo.
Por eso el debate alrededor de figuras como Iván Cepeda no debería reducirse a etiquetas fáciles ni a ataques personales. El verdadero interrogante es mucho más profundo: ¿qué modelo de país podría consolidarse bajo una corriente política que históricamente ha privilegiado una visión expansiva del Estado, una desconfianza creciente hacia la institucionalidad liberal clásica y una concepción del poder sustentada más en legitimidades populares que en límites constitucionales?
Porque el riesgo no consiste únicamente en adoptar determinadas políticas económicas.
El riesgo aparece cuando el Estado comienza a expandir progresivamente su capacidad de intervención sobre la economía, la propiedad, los sectores productivos y las libertades individuales bajo la premisa de que toda resistencia institucional constituye una oposición al bienestar colectivo.
Ese lenguaje ya lo conoció América Latina.
Así comenzaron muchos procesos de polarización institucional: dividiendo la sociedad entre quienes encarnaban el “verdadero pueblo” y quienes supuestamente obstaculizaban su redención política.
Y aunque Colombia posee instituciones más sólidas y una estructura distinta a la venezolana, asumir que el deterioro democrático es imposible constituye, quizás, la mayor ingenuidad política de nuestra generación.
Porque Venezuela no comenzó con censura, escasez o autoritarismo abierto.
Comenzó cuando una parte importante de la sociedad aceptó que limitar el poder era un obstáculo para construir el país que le habían prometido.
Y las democracias empiezan a morir exactamente en ese momento.
Pero el verdadero peligro no radica únicamente en un nombre, un candidato o una corriente ideológica. El verdadero riesgo aparece cuando las fuerzas democráticas son incapaces de comprender la magnitud del momento histórico que enfrentan.
Y quizás allí se encuentra hoy la mayor preocupación para Colombia.
Mientras sectores políticos afines al proyecto que representan Gustavo Petro e Iván Cepeda avanzan alrededor de una visión cada vez más confrontacional del poder, buena parte de la oposición continúa atrapada en disputas personales, cálculos electorales, fragmentaciones innecesarias y egos incapaces de ceder incluso ante un escenario de evidente tensión institucional.
La historia política demuestra que las democracias no solo se debilitan por la fuerza de quienes buscan concentrar el poder. También se erosionan por la irresponsabilidad, la vanidad y la incapacidad de quienes tenían el deber histórico de defenderlas.
Colombia atraviesa un momento que exige algo más que candidaturas individuales o ambiciones personales. Exige liderazgo político con sentido histórico.
Porque si algo enseñó América Latina es que los proyectos de concentración del poder avanzan con mayor facilidad cuando quienes creen en la institucionalidad democrática prefieren competir entre sí antes que proteger aquello que les permite competir.
Hoy, quienes representan una alternativa frente al proyecto político que encarnan Gustavo Petro e Iván Cepeda enfrentan una responsabilidad que supera cualquier aspiración electoral individual.
Entender que existen momentos en la historia de las naciones en los que la defensa del orden democrático exige más grandeza que ambición.
Porque los proyectos de concentración del poder no avanzan únicamente por la fuerza de quienes los promueven.
También prosperan por la fragmentación, la vanidad y la incapacidad de quienes tenían el deber histórico de contenerlos.
Colombia no necesita simplemente candidatos.
Necesita dirigentes capaces de comprender que, cuando el equilibrio institucional empieza a tensionarse, defender la democracia deja de ser una estrategia política y se convierte en una obligación moral y democrática.
Julia Hurtado Arellano